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Las comunidades de los alrededores del páramo de Pisba están intranquilas por la posibilidad de que limiten su actividad minera y agricultura ancestral en ese lugar. Pisba, olvidado en la historia pese a marcar un sendero en la gesta libertadora de Simón Bolívar, vuelve a ser protagonista en la vida nacional, pero esta vez como factor distanciador entre los ministros de Medio Ambiente y Minas y Energía de la administración Santos, que se encuentra en el tramo final de su gobierno.
El ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, alista una resolución que define la delimitación del páramo de Pisba, uno de los ocho ecosistemas que restan por demarcar de los 37 con los que se comprometió el actual gobierno.
En la delimitación se pueden modificar la cotas y extensiones del páramo, que pueden extenderse sobre áreas en donde hay presencia de actividades como minería, la cual, por ley, no puede hacerse en estos ecosistemas. De ahí derivaría el posible conflicto con comunidades de la zona.
Ante esta situación, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, envió la semana pasada una comunicación a su colega de gabinete pidiendo “se aplace la expedición de este acto administrativo hasta tanto se realice la delimitación a escala 1:25.000 con estudios más rigurosos, con el fin de dimensionar, de mejor manera, las reales afectaciones sobre los municipios afectados y así encontrar alternativas que minimicen los impactos socioeconómicos sobre una zona que depende mayoritariamente de las actividades mineras”.
Según el Ministerio de Minas, la decisión sobre el páramo de Pisba podría afectar a comunidades de los municipios de Chita, Gámeza, Jericó, Mongua, Socha, Socotá, Tasco y Labranzagrande, del departamento de Boyacá, lo mismo que La Salina, Sácama y Támara, en Casanare, pues abarca una extensión de 106.242 hectáreas. El Parque Natural Pisba también aporta una importante riqueza hídrica a las vertientes de los ríos Meta y Chicamocha.
El Ministerio de Ambiente publicó el 26 de abril el proyecto de resolución para la delimitación del páramo y dio plazo hasta el 10 de mayo para hacer los comentarios. Desde octubre del año pasado, Corpoboyacá le pidió que no delimitara el páramo debido a las graves consecuencias sociales y económicas para la región.
“Para esta cartera resulta fundamental realizar acciones orientadas a construir una nueva economía de los habitantes de los páramos, fundamentada en alternativas productivas sostenibles, ambientalmente distintas a las actualmente prohibidas, buscando facilitar la construcción de mecanismos orientados a garantizar la permanencia de las comunidades en las áreas delimitadas mediante su vinculación en la conservación y sostenibilidad ambiental de estos ecosistemas”, señaló el ministro de Ambiente en la plenaria de la Cámara de Representantes que aprobó en segundo debate el proyecto de ley de páramos de Colombia.
Por su parte, el Instituto Humboldt desarrolló unos estudios para definir un área de referencia para la delimitación de los páramos, pero resaltó que en estas regiones había comunidades con actividad productiva y por tanto era necesario un análisis con profundidad sobre las afectaciones socioeconómicas por estas acciones.
“Como la ley es taxativa y hay que cumplirla, la minería debe salir de los páramos. El tema es cómo va a responder el Estado por las consecuencias de la delimitación, especialmente las sociales”, dijo Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt. Igualmente señaló que la cantidad de personas dedicadas a la minería de carbón en Pisba implica que sean reconocidas como actores de la discusión. “Las personas tienen derecho a la subsistencia, y la idea no es que la conservación se convierta en un factor de desplazamiento o de afectación al bienestar social, sino por el contrario. No hay hasta el momento suficientes instrumentos para garantizar que las personas que estaban desarrollando minería puedan transformar su actividad en otra con una rentabilidad equivalente”, anotó.
La directora del Instituto Humboldt se mostró preocupada por la posibilidad de que la delimitación cause conflicto social y considera que deberían garantizarse medidas complementarias para que no se afecten los derechos de las comunidades y para que estas puedan convertirse en guardapáramos con unas garantías mínimas de ingreso que antes les proporcionaba el carbón.
El ministro de Minas y Energía recuerda que “en el área de la delimitación del páramo existen ochenta y dos (82) títulos mineros dedicados a la extracción subterránea de carbón, cuya superficie titulada es de 14.842 ha, de los cuales 32 cuentan con instrumento ambiental debidamente adoptado por la Autoridad Ambiental y normalmente el área intervenida por estas actividades no sobrepasa del 10 % de la titulada”.
Otto Giraldo, vicepresidente de la Federación Nacional de Carboneros (Fenalcarbón), advierte que el Ministerio de Medio Ambiente “no ha generado una concertación ni ha hecho un trabajo con las comunidades evaluando el efecto socioeconómico de un cierre de este tipo de minería en estas zonas”. Fenalcarbón agrupa a los pequeños mineros de socavón que producen seis millones de toneladas de carbón metalúrgico que se transforma en coque asociado a la producción de acero. Las exportaciones se hacen a India, Europa y Brasil. La zona produce un millón de toneladas de carbón “que generan $200.000 millones de riqueza anuales, que es con lo que viven esas comunidades. ¿El Gobierno qué va a hacer para darle empleo y recursos a estas comunidades para que subsistan?”, dijo Giraldo.
Arce remarca que en los 32 títulos mineros de la zona se produjeron en 2017 cerca de 600.000 toneladas de carbón metalúrgico y térmico que generaron unos $135.000 millones en movimiento económico en la región, más de 2.000 empleos directos y 9.000 indirectos, contando con la producción de coque. Las regalías superaron los $5.000 millones y por tributos y contribuciones unos $3.000 millones. “Estos títulos poseen cerca de 170 millones de toneladas de reservas de carbón, equivalentes”, sostiene.
En Samacá, con la delimitación del páramo Rabanal, se restringió la actividad minera. Miguel Antonio Parra, presidente de la firma de exportación C.I. Milpa, advirtió de la crisis social que se presenta en la región y la afectación para el sector agrícola y minero en el área de influencia del ecosistema Rabanal por la imposibilidad de explotar 20 millones de toneladas de carbón a raíz de la modificación de los límites de este ecosistema. Las instalaciones mineras que quedan subutilizadas en Samacá “nos han permitido estar en el mercado internacional en 25 países y producir uno de los mejores coques.”, dijo el empresario.
En la plenaria de la Cámara, el ministro de Ambiente reiteró que “las propuestas del Ministerio buscan atender las necesidades de las poblaciones paramunas y de las entidades territoriales, y al mismo tiempo reducir los conflictos de uso del territorio. Nuestro propósito es vincular a las comunidades en la gestión integral de los páramos, ecosistemas estratégicos y fábricas de agua del país”.
Aunque consultamos al Ministerio de Ambiente para conocer su posición frente a la carta del ministro de Minas, no obtuvimos respuesta.