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El Ministerio de Minas y Energía anunció que tiene bajo la lupa a importadores de etanol que, presuntamente, habrían incurrido en incumplimientos ambientales.
Mediante un comunicado, la cartera señaló que se iniciaron actuaciones administrativas en contra de estos agentes. Estas se basan en el reiterado incumplimiento en la obligación de reportar, de forma completa y oportuna, los volúmenes que están siendo importados y comercializados.
A esto se suma los incumplimientos en la Declaración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y sus respectivos esquemas de certificación.
“Estas obligaciones se encuentran establecidas en la Resolución 31330, la Resolución 40983 y el Decreto 1073 de 2015, normas que regulan el funcionamiento del servicio público de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles en Colombia”.
Para el Gobierno es clave esta información que reportan los importadores, pues es un insumo clave para garantizar la adecuada planeación del abastecimiento de combustibles, verificar el cumplimiento de los parámetros ambientales y de sostenibilidad, hacer seguimiento a las emisiones de gases contaminantes, asegurar condiciones de competencia transparente y cumplir los compromisos internacionales de Colombia en materia de mitigación de emisiones y transición energética.
“El cumplimiento de estas obligaciones no es discrecional. Es un deber legal que protege el medio ambiente, garantiza la transparencia del mercado y fortalece nuestra capacidad institucional para hacer seguimiento real a las emisiones asociadas a los combustibles que se comercializan en el país. No vamos a permitir que la falta de información o el incumplimiento normativo afecte la trazabilidad del producto ni el avance de Colombia en sus metas de mitigación. La transición energética justa también implica rigor, control y reglas claras para todos los actores del sector”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
La precisó en que el incumplimiento de estas normas puede dar lugar a sanciones tales como multas económicas sucesivas, suspensión temporal de actividades, cancelación de autorizaciones, bloqueo del código SICOM y decomiso administrativo permanente, de acuerdo con la gravedad de la falta.
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