Minminas no solucionará el alza de precios de la energía con subsidios

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, en el marco del congreso de Andesco, descartó la creación de un fondo de estabilización para las tarifas de energía y presentó los planes para enfrentar la situación.

“Los fondos realmente no son una solución, sino una carga fiscal para un Estado, que en este momento ya está empobrecido, que tiene un montón de deudas, que tiene un déficit sobre el fondo de estabilización de la gasolina, que tiene dificultades para cubrir cada año los subsidios de energía eléctrica y de los servicios públicos domiciliarios”, dijo la ministra.

Vale la pena mencionar que con la disparada sin freno de la inflación en Colombia y con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual en los niveles más altos desde abril de 1999 con el 10,84 % (para agosto de 2022), son muchos los productos y servicios que se han encarecido. Uno de los aspectos más críticos ha sido el de la electricidad y con el aumento de los costos incrementan las quejas. Esta ha subido en un 3,32 % entre julio y agosto y en el 25,9 % entre agosto 2021 y 2022.

Lea también: ¿Cuánto ha subido la energía en Colombia? Las ciudades donde más ha aumentado

De acuerdo con la jefe de cartera, el aumento en las tarifas de energía es una situación grave, “que sabemos que no solamente está en la preocupación de los gobernantes locales y regionales, sino que es hoy la principal angustia de la ciudadanía caribeña”.

Según la cartera, de los 6 componentes que tiene la tarifa de la energía, los que mayor inciden en su costo son: la generación (costo de la compra de energía) con un 36,3 %, distribución (32,7 %), comercialización (13 %), pérdidas (8,2 %), el costo de la transmisión (6 %) y las restricciones con el 3,6 %.

“En el caso de la Costa Caribe, hay un elemento adicional que afecta la tarifa en mayor proporción que en el resto del país que son las pérdidas, que representan el 28 % del costo de prestación”, aseguró la ministra.

Vélez mencionó que otro desafío son las más de 500 mil familias que aún no tienen acceso a la energía a nivel nacional. “Hay departamentos que están en tremenda desventaja respecto al acceso a la energía eléctrica: Vichada, por ejemplo, tiene una cobertura de 48 % y Vaupés del 53 %”, aseguró.

Sobre los reclamos de los usuarios por el encarecimiento del servicio eléctrico, el Gobierno anunció que va a establecer el Pacto por la Justicia Tarifaria que busca conseguir que el costo de la energía sea “estable y asequible para todos los ciudadanos”, en especial los ubicados en la Costa Caribe.

Así las cosas, la ministra mencionó los planes que tienen desde el Gobierno para una transición energética justa, como democratizar la generación, gestión y acceso a la energía.

Según dijo, con “la participación vinculante de comunidades, sindicatos, empresas, gremios y actores del sector minero-energético. Haremos una convocatoria amplia a todos los sectores de la sociedad y a los actores interesados en participar en la construcción conjunta de nuestra hoja de ruta”.

En las próximas semanas, la entidad lanzará la metodología que se empleará para la construcción de dicha hoja de ruta.

La jefe de cartera afirmó que crearán un Instituto para la Transición Energética y las Energías Renovables para consolidar las capacidades estructurales del país en ciencia, tecnología e investigación en el sector energético.

En el corto plazo, modificarán el índice que afecta a todos los componentes de la tarifa. El Gobierno analizará el impacto que tienen los indicadores económicos en el esquema tarifario, “buscamos llegar a un acuerdo sobre un indicador entre los existentes (IPP e IPC) que impacte de menor manera a la tarifa”.

El largo plazo, el Gobierno espera crear un indicador específico para la definición de la tarifa de energía. “Analizando de manera específica las diferentes fuentes de generación de la energía. Esto es relevante sobre todo cuando queremos incentivar que haya más fuentes renovables no convencionales y con mayor participación en la canasta energética”, afirmó Vélez.

También esperan revisar cada segmento que compone la tarifa y en qué medida dependen de nuevos insumos del mercado nacional e internacional.

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Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, en el marco del congreso de Andesco, descartó la creación de un fondo de estabilización para las tarifas de energía y presentó los planes para enfrentar la situación.

“Los fondos realmente no son una solución, sino una carga fiscal para un Estado, que en este momento ya está empobrecido, que tiene un montón de deudas, que tiene un déficit sobre el fondo de estabilización de la gasolina, que tiene dificultades para cubrir cada año los subsidios de energía eléctrica y de los servicios públicos domiciliarios”, dijo la ministra.

Vale la pena mencionar que con la disparada sin freno de la inflación en Colombia y con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual en los niveles más altos desde abril de 1999 con el 10,84 % (para agosto de 2022), son muchos los productos y servicios que se han encarecido. Uno de los aspectos más críticos ha sido el de la electricidad y con el aumento de los costos incrementan las quejas. Esta ha subido en un 3,32 % entre julio y agosto y en el 25,9 % entre agosto 2021 y 2022.

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De acuerdo con la jefe de cartera, el aumento en las tarifas de energía es una situación grave, “que sabemos que no solamente está en la preocupación de los gobernantes locales y regionales, sino que es hoy la principal angustia de la ciudadanía caribeña”.

Según la cartera, de los 6 componentes que tiene la tarifa de la energía, los que mayor inciden en su costo son: la generación (costo de la compra de energía) con un 36,3 %, distribución (32,7 %), comercialización (13 %), pérdidas (8,2 %), el costo de la transmisión (6 %) y las restricciones con el 3,6 %.

“En el caso de la Costa Caribe, hay un elemento adicional que afecta la tarifa en mayor proporción que en el resto del país que son las pérdidas, que representan el 28 % del costo de prestación”, aseguró la ministra.

Vélez mencionó que otro desafío son las más de 500 mil familias que aún no tienen acceso a la energía a nivel nacional. “Hay departamentos que están en tremenda desventaja respecto al acceso a la energía eléctrica: Vichada, por ejemplo, tiene una cobertura de 48 % y Vaupés del 53 %”, aseguró.

Sobre los reclamos de los usuarios por el encarecimiento del servicio eléctrico, el Gobierno anunció que va a establecer el Pacto por la Justicia Tarifaria que busca conseguir que el costo de la energía sea “estable y asequible para todos los ciudadanos”, en especial los ubicados en la Costa Caribe.

Así las cosas, la ministra mencionó los planes que tienen desde el Gobierno para una transición energética justa, como democratizar la generación, gestión y acceso a la energía.

Según dijo, con “la participación vinculante de comunidades, sindicatos, empresas, gremios y actores del sector minero-energético. Haremos una convocatoria amplia a todos los sectores de la sociedad y a los actores interesados en participar en la construcción conjunta de nuestra hoja de ruta”.

En las próximas semanas, la entidad lanzará la metodología que se empleará para la construcción de dicha hoja de ruta.

La jefe de cartera afirmó que crearán un Instituto para la Transición Energética y las Energías Renovables para consolidar las capacidades estructurales del país en ciencia, tecnología e investigación en el sector energético.

En el corto plazo, modificarán el índice que afecta a todos los componentes de la tarifa. El Gobierno analizará el impacto que tienen los indicadores económicos en el esquema tarifario, “buscamos llegar a un acuerdo sobre un indicador entre los existentes (IPP e IPC) que impacte de menor manera a la tarifa”.

El largo plazo, el Gobierno espera crear un indicador específico para la definición de la tarifa de energía. “Analizando de manera específica las diferentes fuentes de generación de la energía. Esto es relevante sobre todo cuando queremos incentivar que haya más fuentes renovables no convencionales y con mayor participación en la canasta energética”, afirmó Vélez.

También esperan revisar cada segmento que compone la tarifa y en qué medida dependen de nuevos insumos del mercado nacional e internacional.

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