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La disputa entre Telecall y el Ministerio de las TIC no es fácil de comprender, pues detrás existe un fuerte componente técnico. Sin embargo, conviene prestar atención al contexto: aunque parezca un asunto lejano, está en juego un negocio de cientos de miles de millones de pesos para el país.
La mayoría de los colombianos escuchamos por primera vez el nombre Telecall a finales de 2023, cuando se conocieron los operadores que iban a participar en la subasta del espectro 5G. Junto a la mencionada empresa concursó Claro, WOM y la unión temporal conformada por Tigo y Movistar.
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En el panorama internacional, el nombre Telecall tiene una resonancia de por lo menos 30 años, pues esta empresa cuenta con un largo recorrido en la industria de las telecomunicaciones, siendo Brasil el territorio en el que más ha cosechado experiencia.
Para entender mejor esta novela, hay que saber que el espectro radioeléctrico es como una carretera con varios carriles (las redes 3G, 4G y 5G), por cuyo uso se debe pagar, pues este le pertenece a la nación (en otras palabras, el Gobierno lo arrienda por un determinado tiempo a cambio de una contraprestación económica).
En esa subasta, Telecall se comprometió con el Ministerio de las TIC (que en ese momento estaba bajo el liderazgo de Mauricio Lizcano) a pagar $318.333 millones por el derecho a usar, por 20 años, una parte de ese carril. A esto se suman unas obligaciones de hacer, que consisten en brindar acceso a internet a 343 instituciones educativas, desplegar fibra óptica en zonas rurales y brindar cobertura de telecomunicaciones en seis carreteras secundarias de la nación. Además de invertir otros $97.120 millones.
Tras la subasta, todos posaron sonrientes para la foto, pues detrás de este negocio estaba el inicio de una nueva era para las telecomunicaciones en Colombia. La trama de esta historia comenzó a volverse compleja cuando Telecall incumplió con el primer pago, el cual debió hacer el 12 de noviembre de 2024, por $41.383 millones.
Según explicó a El Espectador el representante legal de Telecall, Iván Mantilla, los ruidos de inestabilidad en el sector de las telecomunicaciones hicieron que su socio inversionista retirara los fondos de este proyecto, lo que les impidió cumplir con el pago (eso es cierto, pues en los últimos años hemos visto cómo otros operadores, como WOM y Tigo, también han pasado por serias dificultades financieras).
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Mantilla detalló que sin esa fuente inversionista, la empresa se vio presionada a reactivar su búsqueda de capital. No lo encontró antes del plazo y, por eso, incumplió su obligación. Sin embargo, añade que desde noviembre ese problema de capital empezó a solucionarse, por lo que en reiteradas ocasiones le manifestó al Ministerio de las TIC su interés por llegar a un acuerdo de cumplimiento, en el que no sólo se comprometía a pagar el dinero adeudado sino también los intereses de mora.
Este medio conoció que por lo menos en tres ocasiones se intentó dicho acercamiento, pero en todos esos intentos la cartera de las TIC respondió con una negativa.
En su momento, el ministerio señaló que ninguno de los argumentos presentados por Telecall eran suficientes para demostrar un impedimento en el cumplimiento de sus obligaciones. En otras palabras, para el MinTIC la compañía sí contaba con los recursos para realizar el pago.
La cartera (que en ese tiempo era dirigida por Mauricio Lizcano) señaló que su actuación no obedecía a un capricho, sino al cumplimiento de la jurisprudencia. Es así como el 3 de diciembre el ministerio inició dos procedimientos administrativos contra Telecall: El primero, por el presunto incumplimiento en la constitución y presentación de las garantías establecidas en la Resolución 498 de 2024 dentro del plazo previsto; el segundo, por el presunto incumplimiento en el pago inicial de la contraprestación económica correspondiente al uso del espectro.
La defensa de Telecall
Telecall ha hecho una serie de señalamientos con los que intenta demostrar que quien ha obrado mal en todo este proceso ha sido el Ministerio de las TIC.
El pilar de su argumentación ha sido un concepto jurídico emitido por el exmagistrado del Consejo de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien señala que el mencionado procedimiento administrativo iniciado por la cartera es “completamente ilegal”, pues viola de forma flagrante el marco normativo del sector y las reglas de la subasta 5G escritas por el mismo MinTIC.
“El análisis legal, que se produce en un momento crítico para el despliegue de la nueva red en el país, expone una serie de irregularidades que no solo afectan los derechos de la compañía, sino que además generan un grave riesgo de detrimento patrimonial para la Nación y envían una señal de incertidumbre a la inversión extranjera”, señala Telecall.
La empresa añade que, según el análisis hecho por Santofimio, el principal error que habría cometido la cartera fue elegir el camino procesal equivocado.
“La ley especial que rige al sector TIC (Ley 1341 de 2009) es clara y taxativa: cualquier presunto incumplimiento que pueda acarrear una sanción debe tramitarse a través de un procedimiento administrativo sancionatorio. Este procedimiento está diseñado para proteger el derecho a la defensa y a la contradicción. Sin embargo, el MinTIC optó por un procedimiento común, una vía que el experto califica como una negación directa del texto “claro e indiscutible” de la ley”, expresa.
Por este presunto error, continúa su defensa, se habrían desencadenado una serie de irregularidades. Por ejemplo, señala que la normativa vigente, específicamente el Decreto 1078 de 2015, permite explícitamente los pagos extemporáneos, y establece que para estos casos la consecuencia es una sanción de tipo multa, pero jamás la pérdida del permiso. En otras palabras, el MinTIC debió recibir esos pagos extemporáneos y nunca cancelar los permisos para el uso del espectro.
“Hemos llegado a Colombia con un compromiso de inversión a largo plazo y con el objetivo de ser un actor clave en la transformación digital del país, incluyendo la obligación específica de conectar escuelas rurales. Por eso, recibimos con suma preocupación esta serie de actuaciones que se apartan de la ley. Nuestra voluntad siempre ha sido y sigue siendo cumplir con todas nuestras obligaciones. Lo único que pedimos es que se nos brinden las garantías que la propia ley colombiana otorga, en un marco de seguridad jurídica y respeto por las reglas establecidas”, manifestó un portavoz de Telecall Colombia S.A.S.
Para la empresa, la negativa del ministerio pone en juego una importante cantidad de recursos para la nación, específicamente los más de $318.000 millones, más los demás compromisos adquiridos por Telecall tras la subasta del espectro.
“Los funcionarios responsables podrían estar generando un grave detrimento al patrimonio público y enfrentan una posible responsabilidad personal”, concluye, al señalar que su llamado sigue siendo el mismo: permitir que la empresa cumpla con sus obligaciones de pago y, con esto, el inicio de la ejecución del proyecto que planea desarrollar en el país.
La respuesta del Ministerio de las TIC
Mediante un comunicado, la cartera presentó una serie de puntos (varios de estos resúmen parte de lo que ya se ha mencionado en este artículo) con los cuales da respuesta a todos los señalamientos planteados por Telecall:
• Telecall participó en la Subasta 5G realizada el 20 de diciembre de 2023, donde resultó ganador de un bloque de 80 MHz en la banda de 3500 MHz. Los términos y procedimientos para la subasta fueron definidos por la Resolución 3947 de 2023, que fue conocida por los interesados desde el inicio del proceso.
• Esta resolución estableció las condiciones de la subasta, incluyendo la obligación de realizar el primer pago dentro de los 90 días calendario siguientes a la firma del acto administrativo, y la presentación de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. Telecall no realizó el pago de la primera cuota, cuyo plazo venció el 12 de noviembre de 2024. Tampoco constituyó las garantías, cuyo límite era el 26 de noviembre de 2024.
• Ante el incumplimiento, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes, desarrolladas con plena garantía del debido proceso y derecho de defensa del operador. A la fecha, ya se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por Telecall contra los actos administrativos que declararon el incumplimiento de las obligaciones, y están en trámite recursos de apelación.
• Por esta razón, no resulta procedente para el Ministerio emitir un pronunciamiento de fondo sobre los hechos debatidos en dichas actuaciones, sino a través de los actos administrativos que se expidan en las etapas procesales correspondientes.
• Una vez resueltos los recursos de apelación, y encontrándose en firme las decisiones que declaran el incumplimiento de estas dos obligaciones, en caso de que esto suceda, se iniciaría el procedimiento administrativo sancionatorio con la finalidad de declarar la condición resolutoria del permiso.
• El Ministerio TIC, en el marco de sus competencias, se encuentra adelantando todos los procedimientos necesarios para asegurar la protección del espectro como bien que es de los colombianos. En este procedimiento se ha mantenido abierta la posibilidad de diálogo constructivo entre las partes, de tal forma que puedan protegerse, ante todo, los intereses de la Nación.
• La entidad reitera su compromiso con el mejoramiento de la conectividad en el país, siguiendo los mandatos del Presidente Gustavo Petro, para darle cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, seguirá adelantando las acciones correspondientes para garantizar el correcto despliegue de las redes 5G por todo el país.
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