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Este lunes se conoció que el Consejo de Estado suspendió el traslado de COP 5 billones desde los Fondos Privados de Pensiones (AFP) con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
La orden la había dado el Gobierno, mediante el decreto 415 de 2026, como consecuencia de los pensionados que se trasladaron de uno de los fondos privados al público.
Hay que tener en cuenta que, el 28 de abril, la Sección Segunda había suspendido una parte de las medidas, con la que se había ordenado el traslado de más de COP 27 billones a Colpensiones. Para ese caso, los dineros correspondían a quienes se habían pasado de fondos privados al público, pero no se han pensionado. Con la medida adoptada hoy por el Consejo de Estado, la totalidad del mencionado decreto queda congelado.
En la práctica, esto es una medida cautelar, mientras el alto tribunal determina si el Ejecutivo se extralimitó, o no, en sus funciones al ordenar estos traslados.
Para el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, las suspensiones decretadas por el Consejo de Estado estarían priorizando los intereses de las administradoras de fondos privados por encima de los derechos de los pensionados.
“No tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores. Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”, señaló.
El jefe de la cartera laboral también dijo que el Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de las pensiones ya consolidadas, pues estos ahorros quedaron “atrapados” en los fondos privados, quienes seguirán gozando de su usufructo.
“Esta decisión genera profunda preocupación y debe ser una alerta para el país. Actualmente, Colpensiones sigue asumiendo el pago de esas mesadas con cargo al sistema público, mientras los recursos continúan sin ser trasladados por los fondos privados. Se desconoce así un principio elemental: quien paga la pensión debe tener también los recursos para financiarla”, añade.
Las cosas son distintas, según el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velazco. Para él, lo que está haciendo el Consejo de Estado es “proteger COP 25 billones del ahorro pensional de los colombianos”. Dinero que la misma reforma pensional había determinado que iba a servir para garantizar las pensiones de los colombianos en el futuro”.
Tanto el Gobierno como los fondos privados y los pensionados permanecen a la espera de la decisión definitiva que adopte el Consejo de Estado, la cual no debería tardar, dado que está en juego el manejo de los recursos de los ahorradores colombianos que ya cumplieron los requisitos para acceder a su pensión.
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