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Durante la instalación del Foro Portuario, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a la situación del Muelle 13 de Buenaventura.
“Con la Contraloría delegada para el sector Defensa, hemos abordado todo lo relacionado con el contrato de arrendamiento 050 de 1999, celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Sociedad Grupo Portuario, cuyo objeto es el arrendamiento del Muelle 13. A partir del trámite de una denuncia ciudadana, se identificaron presuntas irregularidades que han dado lugar a una indagación preliminar que está en curso, así como a un seguimiento permanente para determinar posibles riesgos y establecer eventuales responsabilidades fiscales”, dijo el contralor.
Agregó que la Contraloría delegada para la infraestructura ha hecho seguimiento a la aprobación y posterior rechazo a la solicitud para modificar el contrato de concesión, que vence en diciembre de 2025.
En ambos frentes, la Contraloría ha emitido alertas dirigidas a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, como a la ANI, advirtiendo sobre la necesidad de prevenir riesgos que puedan comprometer el patrimonio público y los intereses de la Nación.
“En particular, la Agencia Nacional de Infraestructura, tiene pleno conocimiento que desde junio de 2024 hemos advertido sobre los posibles riesgos jurídicos y económicos derivados de un eventual fallo desfavorable en la controversia jurídica con el Grupo Portuario. En relación con la resolución expedida por la ANI el 5 de enero de 2024, mediante la cual se declaró la perdida de fuerza ejecutoria de la resolución que había aprobado la solicitud de modificación contractual”.
El contralor advirtió que una decisión desfavorable puede comprometer la estabilidad jurídica del proceso de reversión del Muelle 13, pero también generaría impactos fiscales significativos para el Estado, “derivados de eventuales indemnizaciones por demandas nacionales e incluso internacionales, además de una eventual paralización de las actividades estratégicas para el comercio internacional”.
El contralor agregó que se vería afectada la confianza institucional de los mecanismos de control contractual y la planificación logística y portuaria.
El pleito viene desde 2023, el Estado busca tener el control del muelle, pero hace un mes, el Consejo de Estado dejó en firme la suspensión provisional de dos resoluciones de la ANI que negaron, en 2024, la prórroga de la concesión para que el Grupo Portuario siguiera manejando el Muelle 13 por 20 años más.
Por otro lado, el contralor hizo un llamado de atención respecto a la responsabilidad que debe asumir la Sociedad Portuaria con el Distrito de Buenaventura respecto al pago de los impuestos prediales.
También lea: Consejo de Estado anuló decisión de ANI de quitar manejo del Muelle 13 a empresa privada
También anunció que en una reciente auditoria financiera a la ANI, la Contraloría configuró hallazgos fiscales por cerca de $70.000 millones, soportados en gestión contractual ineficaz, que permitió que el concesionario Puerto Solo dejara de cancelar a la Nación y al Distrito por 2022, 2023 y 2024 la contraprestación portuaria.
Las concesiones portuarias
En el marco del Foro sobre la Política Pública Nacional Portuaria, el contralor pidió al Gobierno Nacional y a todos los actores del sistema portuario implementar acciones estratégicas que garanticen la “modernización, sostenibilidad y eficiencia del sector”, teniendo en cuenta que varias concesiones portuarias terminarán desde 2032.
Desde Buenaventura, destacó los avances en los últimos 34 años, tras la expedición de la Ley Primera de 1991, que permitió la transición de Colpuertos a un modelo mixto de concesiones público-privadas.
“Gracias a este modelo, la capacidad de movilización de carga pasó de 21 millones de toneladas en 1995 a más de 400 millones en 2024″, dijo el órgano de control fiscal. De todas formas, el contralor advirtió que únicamente se está usando el 50 % de esta capacidad, pues el año pasado solo se movilizaron 181 millones de toneladas de carga por los puertos del país.
Rodríguez destacó la aprobación e implementación del Conpes 4118 de 2023, que plantea una hoja de ruta para la modernización del sistema portuario, con inversiones estimadas de $10,7 billones en los próximos 15 años.
Según el Departamento Nacional de Planeación, a diciembre de 2024, la implementación de esta política tiene un avance del 38,5 %.
La Contraloría habló de oportunidades de mejora que ha identificado para fortalecer la Política Pública Nacional Portuaria, incluyendo establecer un plan estratégico que prepare al país para la reversión de al menos 19 concesiones portuarias a partir de 2032; revisión y ajuste de la regulación con la que hoy se calcula la contraprestación que pagan los concesionarios de los puertos a la Nación y cómo se invierten estos recursos para el mejoramiento y mantenimiento permanente de los accesos marítimos y fluviales.
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