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Natalia, una empleada doméstica de 27 años que gana el salario mínimo en Brasil y madre de una niña de tres meses, compra desde marzo pasado medicinas y productos para su bebé con mumbucas, la primera moneda social electrónica del país, que le complementa su renta.
El mumbuca es una iniciativa del ayuntamiento de Maricá, municipio en el estado brasileño de Río de Janeiro (sudeste) que aprovecha sus elevadas regalías petroleras para mejorar la distribución de la renta con la innovadora moneda que creó para reducir la pobreza y la desigualdad.
La alcaldía organizó el pasado viernes un acto para conmemorar los seis primeros meses del mumbuca, que aprovechó para distribuir 1.000 nuevas tarjetas magnéticas que pueden ser usadas en establecimientos comerciales de la ciudad.
Con las nuevas tarjetas, subió a 9.507 el número de residentes de bajos ingresos que reciben 85 mumbucas mensuales, equivalentes a unos 37 dólares, para adquirir alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales en 102 establecimientos del municipio que han adherido al programa Moneda Social Mumbuca.
Esta divisa local nació a raíz de una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Maricá en 2012, que reveló que más de 13.000 familias de la localidad vivían en situación de extrema pobreza y con rentas mensuales inferiores a un salario mínimo.
Después de conocer los resultados, las autoridades locales decidieron crear el Banco Popular de Maricá y la moneda social mumbuca como "medio para combatir la pobreza, mejorar la distribución de ingresos y dar un impulso a la economía local", dijo a Efe Miguel Moraes, secretario de Derechos Humanos de Maricá.
Tras ganar la licitación pública, la gestión de esta entidad pasó a manos del Banco Palmas, el mayor banco comunitario de Brasil.
"El 90 % de los fondos municipales repartidos en mumbucas proviene de las regalías obtenidas por las explotaciones petrolíferas cercanas a Maricá", explica Moraes, quien además opina que el dinero de otros programas de asistencia social del Gobierno de Brasil "debería darse en moneda electrónica para evitar que se malgasten o se desvíen en comercios no convencionales".
El secretario anunció en el acto del viernes que el programa Moneda Social Mumbuca abrirá una línea de microcréditos para que los pequeños empresarios puedan solicitar hasta 15.000 mumbucas (equivalentes a 6.500 dólares) con tipos de interés inferiores a los del mercado bancario brasileño y plazos de devolución adaptables.
Los maricaenses de menor renta no son los únicos beneficiados por esta moneda social.
El mercado Jolumar de Maricá ingresó en mayo 136.000 reales en mumbucas, según el testimonio de una encargada, mientras que Flavio Carvalho, gerente de una farmacia, afirma que "antes muchos se iban sin comprar al ver los precios de las medicinas y ahora realizamos el 30 % de las ventas en mumbucas".
María de Lourdes vive en Maricá con un hijo discapacitado, su nieta y su bisnieta. Los ingresos de su hogar dependían completamente de su pensión de viuda hasta que solicitó la adhesión al programa.
"Estoy contenta porque este dinero ayuda a crear puestos de trabajo", explica a la salida de un supermercado tras realizar su primera compra en mumbucas.
A partir de ahora no tendrá que esperar las largas colas del banco para pagar recibos de luz y agua, ya que el nuevo banco comunitario de Maricá le da acceso a una cuenta bancaria.
En Brasil hay 55 millones de ciudadanos de más de 18 años sin acceso a los servicios del sistema bancario tradicional, según los datos más recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Además, el Banco Central de Brasil estima que 1.900 municipios del país todavía no cuentan con sucursal bancaria física.
En los últimos diez años los bancos comunitarios han ganado peso en Brasil y actualmente hay 104 instituciones de este tipo con moneda social propia repartidas por el territorio brasileño.
El Banco Palmas de Fortaleza, capital de estado de Ceará (nordeste), es el principal propulsor de estas iniciativas a lo largo del país.
La Cámara de los Diputados de Brasil aprobó en mayo un proyecto de ley para regular la relación del Estado con los bancos comunitarios, así como para fomentar los proyectos de economía solidaria y permitir que estos reciban financiación pública.