Municipios de Antioquia, Valle y Bolívar tendrían cámaras de multas no autorizadas

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La Superintendencia de Transporte les imputó cargos a seis secretarías de movilidad municipales por presuntamente haber instalado y puesto en operación cámaras de fotodetección de infracciones de tránsito.

La Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló pliego de cargos contra las Secretarias de Movilidad de Medellín, Envigado, Bello, Sabaneta (Antioquia), Santiago de Cali (Valle) y Arjona (Bolívar) por presuntamente instalar y operar cámaras de fotodetección, sin autorización del Gobierno.

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Omitir dicho aval significa incumplir con la normatividad vigente para la instalación y operación de Sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito (SAST), también conocidos como cámaras salvavidas.

“En estos momentos de coyuntura por los que atraviesa el país, y, especialmente el sector transporte, es importante trabajar por la legalidad y la transparencia en los procesos que tienen que ver con estos sistemas de fotodetección, pues, la seguridad para los Héroes en la Vía es un factor fundamental para seguir construyendo el país que todos queremos”, afirmó el superintendente de Transporte, Camilo Pabón.

Específicamente, la autoridad les imputó a estas entidades municipales cargos por no suministrar la información legalmente requerida, por haber instalado y puesto en operación cámaras de fotodetección de infracciones de tránsito y por haber incumplido presuntamente la norma técnica que indica que esos dispositivos deben estar previamente señalizados. El proceso inició luego de una serie de quejas que recibió la Superintendencia de ciudadanos a los cuales se les impusieron comparendos.

En caso de encontrar responsabilidad, la Superintendencia de Transporte podrá suspender las ayudas tecnológicas hasta tanto los organismos de tránsito investigados cumplan los criterios técnicos definidos. Además, podría imponer multas de 700 salarios mínimos por no suministrar la información requerida de acuerdo con los presupuestos normativos.

En contra de la decisión de apertura de investigación y formulación de pliego de cargos, no procede recurso alguno. “Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa y se precisa que el procedimiento sancionatorio iniciado se realizará de conformidad con lo establecido en la ley”, advirtió la entidad.

Pero no son las únicas en observación, por estos mismos hechos también fueron requeridas las Secretarías de Movilidad (o equivalentes) de Bogotá, Agustín Codazzi (Cesar), Galapa (Atlántico), Soacha (Cundinamarca), Barrancabermeja (Santander), Ciénaga (Magdalena) y Clemencia (Bolívar).

Cabe anotar que las autoridades locales de tránsito pueden expedir y recaudar órdenes de comparendo con ocasión de las infracciones de tránsito que ocurran en su jurisdicción, apoyándose en ayudas tecnológicas como cámaras de video, equipos electrónicos de lectura y otros (SAST), siempre y cuando las mismas cuenten con la autorización respectiva y cumplan con los criterios técnicos definidos (Resolución 718 de 2018).

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