“Necesitamos a los alcaldes para reactivar la vivienda”: Camacol

El congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) que se desarrolla esta semana en Cartagena se da en un momento difícil para el sector: en el primer semestre de 2019 el PIB de esta actividad cayó 2,4 %, y tan solo el rubro de edificaciones presenta una disminución del 7,2 %. Por esto el objetivo principal del evento es buscar soluciones para reactivar esta importante rama de la economía.

Lee también: Cuotas iniciales del 10 %, ¿un riesgo para la sostenibilidad?

El Espectador habló con Sandra Forero, presidenta de Camacol, sobre los puntos claves que se discutirán en el Congreso. La dirigente gremial explica que este año hay una apuesta fuerte para trabajar de la mano de los alcaldes y así coordinar políticas que permitan las condiciones para la construcción de vivienda. Además, habla de otras propuestas para impulsar la actividad.

¿Cómo lee el más reciente dato del PIB?

Vimos un semestre de un ajuste importante, caímos casi 6 % en el PIB de edificaciones. Esto lo explicamos por tres elementos: la actividad está muy alineada con los ciclos de la economía, pues estamos en un periodo muy lento de recuperación y venimos de unos años de contracción; la debilidad del empleo, que debilita la demanda y eso se refleja en la actividad comercial; y un entorno de baja confianza del consumidor, que, aunque a veces mejora y otras empeora, no hemos visto un repunte importante en este indicador, lo que hace que se atrase la decisión de compra de vivienda en los hogares.

¿Qué papel tendrá el congreso de Camacol de este año sobre esta situación?

Este es el congreso de la reactivación. En la agenda tenemos no solo temas importantes para el empresariado, sino también una gran participación del Gobierno nacional. Entonces esperamos conocer las medidas adoptadas sobre los anuncios de reactivación que se hicieron hace algunas semanas (como la cuota inicial del 10 %).

¿Qué hace falta para lograr la reactivación?

Contar con los recursos para garantizar la continuidad de los programas de vivienda social para los próximos años, lo que rápidamente impulsará al sector porque favorece las ventas y fortalece los lanzamientos de proyectos inmobiliarios. También es necesario tener instrumentos que permitan la profundización del crédito hipotecario, sobre todo en el segmento medio que es en donde tenemos dificultades de acumulación de inventario terminado. Entonces, si se logra lo que ha anunciado el Gobierno del respaldo que daría el Fondo Nacional de Garantías para que las personas paguen una menor cuota inicial (pero tras un análisis de riesgo), vamos a poder mover ese inventario. Y el tercer punto es todo lo que se refiere a seguridad jurídica y entorno regulatorio en donde vamos a proponerle al Gobierno una reducción de trámites, y también queremos que se garantice un trabajo del Gobierno nacional con los alcaldes para crear Planes de Ordenamiento Territorial soportados en estudios técnicos.

¿Qué papel juegan los alcaldes en todo esto?

La reactivación es de todos. Entonces, tenemos casi todo un día en el Congreso para presentar propuestas para los alcaldes y gobernadores que llegan el 1° de enero. Son propuestas que se fundamentan en cinco pilares: habilitación oportuna de suelos con una norma que permita una construcción integral de las ciudades; promoción de la infraestructura urbana, en donde está el tema de los servicios públicos (agua, alcantarillado) y de todos los equipamiento sociales (educación, salud, etc); tenemos que mirarnos regionalmente para las políticas de vivienda; la producción de ciudades de calidad; y el tema de seguridad jurídica que deben proveer los alcaldes por medio de POT con estudios serios.

¿Cómo se puede apoyar a los alcaldes en la creación de los POT?

Tiene que haber mucho apoyo de las corporaciones ambientales, que tienen la información ambiental y deben entregársela a los alcaldes en la escala que les sirve a los municipios. Los mandatarios regionales deben tener claro cuáles son las zonas de riesgo, las de infraestructura, qué se puede desarrollar y qué no. De esta forma no se atacará la formalidad ni las licencias de construcción.

El congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) que se desarrolla esta semana en Cartagena se da en un momento difícil para el sector: en el primer semestre de 2019 el PIB de esta actividad cayó 2,4 %, y tan solo el rubro de edificaciones presenta una disminución del 7,2 %. Por esto el objetivo principal del evento es buscar soluciones para reactivar esta importante rama de la economía.

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El Espectador habló con Sandra Forero, presidenta de Camacol, sobre los puntos claves que se discutirán en el Congreso. La dirigente gremial explica que este año hay una apuesta fuerte para trabajar de la mano de los alcaldes y así coordinar políticas que permitan las condiciones para la construcción de vivienda. Además, habla de otras propuestas para impulsar la actividad.

¿Cómo lee el más reciente dato del PIB?

Vimos un semestre de un ajuste importante, caímos casi 6 % en el PIB de edificaciones. Esto lo explicamos por tres elementos: la actividad está muy alineada con los ciclos de la economía, pues estamos en un periodo muy lento de recuperación y venimos de unos años de contracción; la debilidad del empleo, que debilita la demanda y eso se refleja en la actividad comercial; y un entorno de baja confianza del consumidor, que, aunque a veces mejora y otras empeora, no hemos visto un repunte importante en este indicador, lo que hace que se atrase la decisión de compra de vivienda en los hogares.

¿Qué papel tendrá el congreso de Camacol de este año sobre esta situación?

Este es el congreso de la reactivación. En la agenda tenemos no solo temas importantes para el empresariado, sino también una gran participación del Gobierno nacional. Entonces esperamos conocer las medidas adoptadas sobre los anuncios de reactivación que se hicieron hace algunas semanas (como la cuota inicial del 10 %).

¿Qué hace falta para lograr la reactivación?

Contar con los recursos para garantizar la continuidad de los programas de vivienda social para los próximos años, lo que rápidamente impulsará al sector porque favorece las ventas y fortalece los lanzamientos de proyectos inmobiliarios. También es necesario tener instrumentos que permitan la profundización del crédito hipotecario, sobre todo en el segmento medio que es en donde tenemos dificultades de acumulación de inventario terminado. Entonces, si se logra lo que ha anunciado el Gobierno del respaldo que daría el Fondo Nacional de Garantías para que las personas paguen una menor cuota inicial (pero tras un análisis de riesgo), vamos a poder mover ese inventario. Y el tercer punto es todo lo que se refiere a seguridad jurídica y entorno regulatorio en donde vamos a proponerle al Gobierno una reducción de trámites, y también queremos que se garantice un trabajo del Gobierno nacional con los alcaldes para crear Planes de Ordenamiento Territorial soportados en estudios técnicos.

¿Qué papel juegan los alcaldes en todo esto?

La reactivación es de todos. Entonces, tenemos casi todo un día en el Congreso para presentar propuestas para los alcaldes y gobernadores que llegan el 1° de enero. Son propuestas que se fundamentan en cinco pilares: habilitación oportuna de suelos con una norma que permita una construcción integral de las ciudades; promoción de la infraestructura urbana, en donde está el tema de los servicios públicos (agua, alcantarillado) y de todos los equipamiento sociales (educación, salud, etc); tenemos que mirarnos regionalmente para las políticas de vivienda; la producción de ciudades de calidad; y el tema de seguridad jurídica que deben proveer los alcaldes por medio de POT con estudios serios.

¿Cómo se puede apoyar a los alcaldes en la creación de los POT?

Tiene que haber mucho apoyo de las corporaciones ambientales, que tienen la información ambiental y deben entregársela a los alcaldes en la escala que les sirve a los municipios. Los mandatarios regionales deben tener claro cuáles son las zonas de riesgo, las de infraestructura, qué se puede desarrollar y qué no. De esta forma no se atacará la formalidad ni las licencias de construcción.