“No es fácil explicar las decisiones de las cortes”: presidente del Cerrejón

La cumbre minera, que comienza hoy en Cartagena, se da en medio de tres preocupaciones centrales: la nueva dinámica de los precios de las materias primas en el mercado internacional, la alta carga tributaria para la industria extractiva y las más recientes prohibiciones a la actividad en ecosistemas estratégicos, pese a que las empresas surtieron los trámites que en principio dieron viabilidad a los proyectos.

El Espectador habló con el presidente del Cerrejón, Roberto Junguito, sobre estos temas. Asegura que la reforma tributaria estructural debe reducir al menos en 5 % el Government Take (beneficio para el Estado de las utilidades operativas de la empresa) y pide políticas de incentivo a la inversión extranjera.

¿Cómo enfrenta el Cerrejón la coyuntura de precios bajos?

Muchos de los países lo que están tratando de averiguar es cómo lograr a nivel interno ser más eficientes y productivos. En el Cerrejón estamos revisando quién en el mundo hace un proceso mejor que nosotros. Para la venta de commodities lo importante es estar por debajo de la curva de costos, los que están en la parte de arriba, pues van saliendo, ese es el enfoque para asegurar la supervivencia.

¿Qué papel cumple el Gobierno en esta coyuntura?

Estamos tratando de promover también una discusión a nivel del Ejecutivo, porque lo que está sucediendo es que los demás países están generando políticas de incentivo a la inversión. En la medida que bajan las utilidades, se reducen los capitales para invertir en la industria, incluso para la renovación de equipo. Entonces empieza la puja entre los diferentes países para poder asegurar que los pocos fondos se vayan a su país.

En esto influirá mucho la reforma tributaria estructural.

Todo debe radicar en de qué manera nos hacemos competitivos como país. En la medida de que haya una política de Estado para fortalecer el sector extractivo como una fuente de ingresos fundamental. La reforma tributaria estructural debe generar condiciones que nos permitan competir, en el caso nuestro, con Rusia, Indonesia y Australia. No es solamente qué se puede hacer desde el punto de vista interno, sino cómo logramos tener un menor Government Take. Colombia es de los países productores con mayor nivel de Government Take, es decir, de las utilidades operativas que generamos, tenemos el mayor porcentaje de pago al Gobierno si sumamos regalías e impuestos, y por esto se guían los inversionistas.

La idea es que se reduzca el “Government Take”, ¿de cuánto a cuánto?

El nivel depende de la estructura de precios. Hace cinco teníamos años con un Government Take de 40 % y ahora estamos por encima del 90 %. Estamos más o menos entre un 5 y 10 % por encima de nuestros competidores, ese sería el gap que hay que cerrar.

¿Están revisando otros mercados?

Nuestro mercado central son las Américas, Europa y el Mediterráneo. Por las características no somos competitivos en los mercados más grandes, que son los de India y China. Éstos son servidos por Indonesia, África y Australia, que están mucho más cerca. Estamos enfocados en el mercado europeo, pero ya viene cayendo. La perspectiva del carbón es mucho más retadora en comparación con otros commodities. El consumo, especialmente para Colombia, en el mercado central, viene cayendo. Eso pasa porque el consumo de energía eléctrica en los países desarrollados viene reduciéndose.

¿Cómo ve el inversionista extranjero las últimas decisiones de las cortes que prohíben la actividad minera y petrolera en páramos y ecosistemas estratégicos?

Con mucha preocupación, porque no es fácil para nosotros explicarles a los inversionistas extranjeros que cuando hay tutelas que llegan a la Corte Constitucional después de tener fallos a favor se reversan y piden procesos de consulta previa a proyectos que ya están en curso y tuvieron un proceso formal de verificación por el Ministerio del Interior. La sensación para el inversionista es que no hay claridad en los procesos. Lo importante es que las reglas de juego estén claras. Esto no es sólo para este sector, sino también para el de infraestructura. Acá hay bancos e inversionistas foráneos, imagínese que en la mitad de una carretera le toque parar una obra porque faltó hacer un trámite. La industria mineroenergética necesita mejorar su interlocución, porque a veces el mensaje que terminan dando opositores, sin necesariamente tener todos los argumentos técnicos, tienen mejor nivel de divulgación.

¿De qué manera están contribuyendo con la crisis de La Guajira?

Seguimos trabajándoles especialmente a los temas de agua. Lo que ha tenido La Guajira son inversiones del pasado que hacen los gobiernos locales o nacionales, pero no se fortalece institucionalmente. Ahora estamos haciendo una campaña para reparar los molinos que utiliza la comunidad para sacar agua, son 68 con los que sacan tres millones de litros de agua al día. La idea es que haya un enfoque de mediano plazo, porque lo que uno siente con estos programas es que están dirigidos por las necesidades de tomar acciones inmediatas. Necesitamos mejor prensa para La Guajira. La gente se pregunta “yo cómo voy a La Guajira si haya se están muriendo los niños”, pues precisamente lo que hay que hacer es irla a conocer para generar recursos a través del turismo. Parte de la forma que la gente puede ayudar es ir a visitarla.

La desviación de Arroyo Bruno los puso nuevamente en el ojo del huracán.

Este proceso de licenciamiento tardó más de dos años. Se está generando una polémica para tratar de vincular los problemas de falta de agua en La Guajira con el desvío del arroyo, pero eso no está correlacionado. Buscamos trabajar por la cuenca alta, es decir, cuidar la fábrica de agua. En la mayoría de esas cuencas hay tala indiscriminada. Queremos, con la verificación del Instituto Humboldt, hacer un ejercicio que sea ejemplo desde el punto de vista de ingeniería ambiental.

El arroyo se va a mover 700 metros hacia arriba y lo necesitamos para poder mantener los niveles de producción actuales, no es para aumentarla, eso está dentro de nuestro plan desde 1998. Sólo faltaba la ingeniería detallada y los permisos forestales y de ocupación de cauce. Eso forma parte de la evolución normal de la mina.

La cumbre minera, que comienza hoy en Cartagena, se da en medio de tres preocupaciones centrales: la nueva dinámica de los precios de las materias primas en el mercado internacional, la alta carga tributaria para la industria extractiva y las más recientes prohibiciones a la actividad en ecosistemas estratégicos, pese a que las empresas surtieron los trámites que en principio dieron viabilidad a los proyectos.

El Espectador habló con el presidente del Cerrejón, Roberto Junguito, sobre estos temas. Asegura que la reforma tributaria estructural debe reducir al menos en 5 % el Government Take (beneficio para el Estado de las utilidades operativas de la empresa) y pide políticas de incentivo a la inversión extranjera.

¿Cómo enfrenta el Cerrejón la coyuntura de precios bajos?

Muchos de los países lo que están tratando de averiguar es cómo lograr a nivel interno ser más eficientes y productivos. En el Cerrejón estamos revisando quién en el mundo hace un proceso mejor que nosotros. Para la venta de commodities lo importante es estar por debajo de la curva de costos, los que están en la parte de arriba, pues van saliendo, ese es el enfoque para asegurar la supervivencia.

¿Qué papel cumple el Gobierno en esta coyuntura?

Estamos tratando de promover también una discusión a nivel del Ejecutivo, porque lo que está sucediendo es que los demás países están generando políticas de incentivo a la inversión. En la medida que bajan las utilidades, se reducen los capitales para invertir en la industria, incluso para la renovación de equipo. Entonces empieza la puja entre los diferentes países para poder asegurar que los pocos fondos se vayan a su país.

En esto influirá mucho la reforma tributaria estructural.

Todo debe radicar en de qué manera nos hacemos competitivos como país. En la medida de que haya una política de Estado para fortalecer el sector extractivo como una fuente de ingresos fundamental. La reforma tributaria estructural debe generar condiciones que nos permitan competir, en el caso nuestro, con Rusia, Indonesia y Australia. No es solamente qué se puede hacer desde el punto de vista interno, sino cómo logramos tener un menor Government Take. Colombia es de los países productores con mayor nivel de Government Take, es decir, de las utilidades operativas que generamos, tenemos el mayor porcentaje de pago al Gobierno si sumamos regalías e impuestos, y por esto se guían los inversionistas.

La idea es que se reduzca el “Government Take”, ¿de cuánto a cuánto?

El nivel depende de la estructura de precios. Hace cinco teníamos años con un Government Take de 40 % y ahora estamos por encima del 90 %. Estamos más o menos entre un 5 y 10 % por encima de nuestros competidores, ese sería el gap que hay que cerrar.

¿Están revisando otros mercados?

Nuestro mercado central son las Américas, Europa y el Mediterráneo. Por las características no somos competitivos en los mercados más grandes, que son los de India y China. Éstos son servidos por Indonesia, África y Australia, que están mucho más cerca. Estamos enfocados en el mercado europeo, pero ya viene cayendo. La perspectiva del carbón es mucho más retadora en comparación con otros commodities. El consumo, especialmente para Colombia, en el mercado central, viene cayendo. Eso pasa porque el consumo de energía eléctrica en los países desarrollados viene reduciéndose.

¿Cómo ve el inversionista extranjero las últimas decisiones de las cortes que prohíben la actividad minera y petrolera en páramos y ecosistemas estratégicos?

Con mucha preocupación, porque no es fácil para nosotros explicarles a los inversionistas extranjeros que cuando hay tutelas que llegan a la Corte Constitucional después de tener fallos a favor se reversan y piden procesos de consulta previa a proyectos que ya están en curso y tuvieron un proceso formal de verificación por el Ministerio del Interior. La sensación para el inversionista es que no hay claridad en los procesos. Lo importante es que las reglas de juego estén claras. Esto no es sólo para este sector, sino también para el de infraestructura. Acá hay bancos e inversionistas foráneos, imagínese que en la mitad de una carretera le toque parar una obra porque faltó hacer un trámite. La industria mineroenergética necesita mejorar su interlocución, porque a veces el mensaje que terminan dando opositores, sin necesariamente tener todos los argumentos técnicos, tienen mejor nivel de divulgación.

¿De qué manera están contribuyendo con la crisis de La Guajira?

Seguimos trabajándoles especialmente a los temas de agua. Lo que ha tenido La Guajira son inversiones del pasado que hacen los gobiernos locales o nacionales, pero no se fortalece institucionalmente. Ahora estamos haciendo una campaña para reparar los molinos que utiliza la comunidad para sacar agua, son 68 con los que sacan tres millones de litros de agua al día. La idea es que haya un enfoque de mediano plazo, porque lo que uno siente con estos programas es que están dirigidos por las necesidades de tomar acciones inmediatas. Necesitamos mejor prensa para La Guajira. La gente se pregunta “yo cómo voy a La Guajira si haya se están muriendo los niños”, pues precisamente lo que hay que hacer es irla a conocer para generar recursos a través del turismo. Parte de la forma que la gente puede ayudar es ir a visitarla.

La desviación de Arroyo Bruno los puso nuevamente en el ojo del huracán.

Este proceso de licenciamiento tardó más de dos años. Se está generando una polémica para tratar de vincular los problemas de falta de agua en La Guajira con el desvío del arroyo, pero eso no está correlacionado. Buscamos trabajar por la cuenca alta, es decir, cuidar la fábrica de agua. En la mayoría de esas cuencas hay tala indiscriminada. Queremos, con la verificación del Instituto Humboldt, hacer un ejercicio que sea ejemplo desde el punto de vista de ingeniería ambiental.

El arroyo se va a mover 700 metros hacia arriba y lo necesitamos para poder mantener los niveles de producción actuales, no es para aumentarla, eso está dentro de nuestro plan desde 1998. Sólo faltaba la ingeniería detallada y los permisos forestales y de ocupación de cauce. Eso forma parte de la evolución normal de la mina.