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La continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica ha generado preocupación en los últimos meses. Arrancando mayo, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, alertó que el país (especialmente la región Caribe) estaría próximo a enfrentar un “apagón financiero”.
Con esto quiso decir que, debido a los problemas financieros que experimentan las empresas encargadas de la generación y distribución de la energía eléctrica, se llegará a un punto en el que el negocio dejará de ser sostenible y estas compañías simplemente no podrán operar más. Esa sería la razón del eventual apagón.
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Gran parte de esto se debe a la denominada opción tarifaria, la cual se refiere al mecanismo que se creó en pandemia para aliviar el costo de este servicio en los hogares colombianos. Esto permitió que se hicieran pequeñas contribuciones, pero que el grueso de las facturas se pagaran luego. Hasta la fecha, esas deudas no se han terminado de saldar.
Parte de esas deudas las asumió el Gobierno, a modo de subsidio. Según las cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, con corte a enero del presente año la deuda del Gobierno por energía eléctrica es de $2,7 billones y $3,3 billones por opción tarifaria. Asocodis (la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica)también se acerca a estas cifras, pues estima que las deudas suman $3,1 millones, las cuales podrían llegar a los $7,6 billones si se tienen en cuenta los saldos que corresponden a la opción tarifaria.
Este lunes el director de Energía del Ministerio de Minas y Energía, Víctor Paternina, dijo que el mencionado apagón no ocurrirá, pues el presidente Gustavo Petro ya dio la instrucción para que estos dineros se paguen a las empresas, en el corto plazo.
Para esto, señala, se han adelantado mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda. En estas se ha buscado conciliar los valores que se deben, para así aterrizar las cifras y poder programar los pagos.
Paternina resaltó que el sistema de generación y distribución de energía eléctrica en Colombia es robusto desde el punto de vista técnico como regulatorio, de allí que todo fantasma de un apagón, más allá de lo financiero, es falso.
Este funcionario también precisó que se está revisando la fórmula de costos, con la intención de alivianar la carga económica que hoy está recayendo en los hogares colombianos, especialmente en la región Caribe. Todo esto, señala, sin aumentar la inversión, pues reconoce que la participación del sector privado es clave para el desarrollo.
Bajo la lupa de la Contraloría y Procuraduría
Este lunes la Contraloría y la Procuraduría también anunciaron la creación de una comisión conjunta para velar por la sostenibilidad, calidad y cobertura de los servicios públicos (energía eléctrica y gas). ¿La razón? A estas autoridades también les preocupa las implicaciones que puedan tener las demoras en los pagos de estos subsidios.
Desde sus labores se han adelantado mesas de trabajo conjuntas, en las que ha participado el Ministerio de Minas y Energía, así como el de Hacienda. También se ha convocado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (aquí se quiere abordar la situación de Air-e, empresa intervenida por la mencionada entidad).
“El propósito de esta comisión conjunta es hacer seguimiento a las acciones que implementen los diferentes actores del sector para mitigar los riesgos detectados en materia de sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales. Este mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas”, informaron.
Contraloría y Procuraduría señalaron que esta situación demanda una solución integral pues, de lo contrario, se podría generar un riesgo sistémico para la adecuada prestación de los servicios públicos de energía y gas, afectando tanto la prestación del servicio, las finanzas públicas y la calidad de vida de la población, en especial los usuarios más necesitados, así como el desarrollo del país, pues la energía se requiere para distintas actividades del sector productivo y de los hogares.
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