No todos los camioneros participarán en el paro anunciado para esta semana
Si bien, exigencias como cambiar la fórmula de los precios de los combustibles y la disminución en el cobro de los peajes siguen estando latentes, ciertas agremiaciones consideran que un paro no es la vía para llegar a un acuerdo.
Redacción Economía.
El pasado 14 de noviembre diversos sindicatos y asociaciones independientes de camioneros anunciaron una movilización para el próximo 23 de noviembre con la cual manifestar diversas inconformidades. Sin embargo, no todos los transportadores participarán de dicho paro.
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Así lo anunció el presidente de la Asociación Nacional de Transporte (ANT) para la Costa, Héctor Reyes, quien asegura que dicha movilización resulta contraproducente teniendo en cuenta el arribo de la temporada decembrina. De igual manera, el directivo resaltó que la cantidad de personas que están convocando al paro son solamente 68 personas quienes, según sus cálculos, resultan ser una minoría ante los 360.000 transportadores que integran el gremio.
De igual manera hay que recordar que la Federación Colombiana de Transporte de Carga y su Logística (Colfecar) considera que los paros no son la solución a los problemas del sector, tanto así, que nunca en su historia ha participado de una de estas movilizaciones.
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Otra de las organizaciones que manifestó su desacuerdo con esta iniciativa es la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) al comunicar, el pasado 18 de noviembre, que no participará del paro. Sin embargo, agregó que respeta el derecho a la protesta adelantada por sus colegas, haciendo un especial énfasis en que no quieren que su posición se traduzca en una división al interior del gremio.
No obstante, el hecho de que estas organizaciones hayan decidido no participar del paro no significa que sus inconformidades ante ciertas circunstancias presentes en su sector sean inexistentes. Para ellos, otras vías de negociación, como mesas de concertación, son más idóneas para lograr un acuerdo.
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En concreto, dentro de sus principales inconformidades se encuentra la actual fórmula que se utiliza para calcular el precio del combustible, el elevado costo de los peajes, la competencia ilegal y el acogimiento de un nuevo modelo de reposición vehicular (también conocido como ‘chatarrización’), entre otras.
El pasado 14 de noviembre diversos sindicatos y asociaciones independientes de camioneros anunciaron una movilización para el próximo 23 de noviembre con la cual manifestar diversas inconformidades. Sin embargo, no todos los transportadores participarán de dicho paro.
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Así lo anunció el presidente de la Asociación Nacional de Transporte (ANT) para la Costa, Héctor Reyes, quien asegura que dicha movilización resulta contraproducente teniendo en cuenta el arribo de la temporada decembrina. De igual manera, el directivo resaltó que la cantidad de personas que están convocando al paro son solamente 68 personas quienes, según sus cálculos, resultan ser una minoría ante los 360.000 transportadores que integran el gremio.
De igual manera hay que recordar que la Federación Colombiana de Transporte de Carga y su Logística (Colfecar) considera que los paros no son la solución a los problemas del sector, tanto así, que nunca en su historia ha participado de una de estas movilizaciones.
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Otra de las organizaciones que manifestó su desacuerdo con esta iniciativa es la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) al comunicar, el pasado 18 de noviembre, que no participará del paro. Sin embargo, agregó que respeta el derecho a la protesta adelantada por sus colegas, haciendo un especial énfasis en que no quieren que su posición se traduzca en una división al interior del gremio.
No obstante, el hecho de que estas organizaciones hayan decidido no participar del paro no significa que sus inconformidades ante ciertas circunstancias presentes en su sector sean inexistentes. Para ellos, otras vías de negociación, como mesas de concertación, son más idóneas para lograr un acuerdo.
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En concreto, dentro de sus principales inconformidades se encuentra la actual fórmula que se utiliza para calcular el precio del combustible, el elevado costo de los peajes, la competencia ilegal y el acogimiento de un nuevo modelo de reposición vehicular (también conocido como ‘chatarrización’), entre otras.