Notas al vuelo
En busca de la prórroga
Gonzalo Silva
La Aerocivil y la Sociedad de Aeropuertos del Caribe S.A. (Acsa) adelantan conversaciones para prorrogar el contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, que la firma opera desde febrero de 1997 y cuyo vencimiento, al término de quince años, se hará efectivo en doce meses. La prórroga es un derecho que tiene el concesionario si a criterio de la Aerocivil ha cumplido los compromisos y obligaciones derivados del mismo y mantenido índices satisfactorios de eficiencia. Las negociaciones parecen marchar por buen camino y de darse el acuerdo se introducirían algunas modificaciones al contrato vigente y Acsa desistiría de una demanda que interpuso contra la Aeronáutica ante un Tribunal de Arbitramento considerando perjuicios económicos por baja demanda operativa.
Ni reformas ni beneficios
El problema es que durante los catorce años que lleva la concesión, el terminal poco ha cambiado de cara, suplido deficiencias locativas y técnicas, mejorado la calidad del servicio o generado beneficios financieros al Estado, según lo advierte el Sindicato de Trabajadores de la Aerocivil. Acsa, la empresa favorecida para su explotación comercial pero también para su modernización y para desarrollar su Plan Maestro, se ha ocupado durante ese largo lapso de su mantenimiento y conservación, pero no de proyectarlo ni expandirlo. Fue éste un contrato pionero de concesión aeroportuaria suscrito entre el Gobierno y los empresarios privados con el propósito de que la gestión y buena imagen de los particulares le dieran vuelco al calamitoso manejo que tenían los aeropuertos nacionales en manos del Estado.
Inconsistencias fiscales
En la práctica la privatización del aeropuerto de Barranquilla no ha dado resultados ni generado expectativas. Una auditoría practicada por la Contraloría General detectó inconsistencias en los principios de gestión fiscal y concluyó, por ejemplo, que la inversión obligatoria ejecutada por Acsa en el período 1997-2009 se realizó sin un cronograma de ejecución, contraviniendo la normatividad del contrato, lo que impide determinar el grado de cumplimiento de la inversión que debía efectuar en desarrollo del Plan Maestro. En materia financiera encontró que el abono a capital no creció a la tasa pactada ni se liquidaron los intereses moratorios correspondientes, y que una modificación en la variable de cálculo sobre el saldo de la deuda bajó la tasa de interés, con presunto detrimento para el Estado cercano a los $13 mil millones.
Contrato desfavorable
La Contraloría denunció que el contrato de concesión del aeropuerto Cortissoz fue suscrito en condiciones financieras desfavorables para el Estado. Y se quedó corta. Se entregó por $9.400 millones, recursos que deberían destinarse en un 30% a inversión obligatoria en su Plan Maestro y 70% a la Aerocivil como contraprestación. Dineros todos que han terminado reinvirtiéndose en el terminal, no para obras estructurales sino de maquillaje, mientras el Estado gira al vaivén de una demanda.
La Aerocivil y la Sociedad de Aeropuertos del Caribe S.A. (Acsa) adelantan conversaciones para prorrogar el contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, que la firma opera desde febrero de 1997 y cuyo vencimiento, al término de quince años, se hará efectivo en doce meses. La prórroga es un derecho que tiene el concesionario si a criterio de la Aerocivil ha cumplido los compromisos y obligaciones derivados del mismo y mantenido índices satisfactorios de eficiencia. Las negociaciones parecen marchar por buen camino y de darse el acuerdo se introducirían algunas modificaciones al contrato vigente y Acsa desistiría de una demanda que interpuso contra la Aeronáutica ante un Tribunal de Arbitramento considerando perjuicios económicos por baja demanda operativa.
Ni reformas ni beneficios
El problema es que durante los catorce años que lleva la concesión, el terminal poco ha cambiado de cara, suplido deficiencias locativas y técnicas, mejorado la calidad del servicio o generado beneficios financieros al Estado, según lo advierte el Sindicato de Trabajadores de la Aerocivil. Acsa, la empresa favorecida para su explotación comercial pero también para su modernización y para desarrollar su Plan Maestro, se ha ocupado durante ese largo lapso de su mantenimiento y conservación, pero no de proyectarlo ni expandirlo. Fue éste un contrato pionero de concesión aeroportuaria suscrito entre el Gobierno y los empresarios privados con el propósito de que la gestión y buena imagen de los particulares le dieran vuelco al calamitoso manejo que tenían los aeropuertos nacionales en manos del Estado.
Inconsistencias fiscales
En la práctica la privatización del aeropuerto de Barranquilla no ha dado resultados ni generado expectativas. Una auditoría practicada por la Contraloría General detectó inconsistencias en los principios de gestión fiscal y concluyó, por ejemplo, que la inversión obligatoria ejecutada por Acsa en el período 1997-2009 se realizó sin un cronograma de ejecución, contraviniendo la normatividad del contrato, lo que impide determinar el grado de cumplimiento de la inversión que debía efectuar en desarrollo del Plan Maestro. En materia financiera encontró que el abono a capital no creció a la tasa pactada ni se liquidaron los intereses moratorios correspondientes, y que una modificación en la variable de cálculo sobre el saldo de la deuda bajó la tasa de interés, con presunto detrimento para el Estado cercano a los $13 mil millones.
Contrato desfavorable
La Contraloría denunció que el contrato de concesión del aeropuerto Cortissoz fue suscrito en condiciones financieras desfavorables para el Estado. Y se quedó corta. Se entregó por $9.400 millones, recursos que deberían destinarse en un 30% a inversión obligatoria en su Plan Maestro y 70% a la Aerocivil como contraprestación. Dineros todos que han terminado reinvirtiéndose en el terminal, no para obras estructurales sino de maquillaje, mientras el Estado gira al vaivén de una demanda.