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El Ministerio de Vivienda informó que, a partir de hoy, empieza a regir un nuevo marco tarifario para los grandes prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado.
La nueva metodología tarifaria buscará, según lo informado por la cartera, establecer reglas claras que garanticen tarifas justas para cerca de 30 millones de usuarios, lo cual califica como un paso significativo en el fortalecimiento de un esquema tarifario equitativo, transparente, eficiente y sostenible.
“Este avance se orienta a asegurar condiciones que favorezcan el acceso equitativo y la adecuada calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios esenciales. La nueva regulación, expedida mediante la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, es resultado del trabajo conjunto de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, dijo la cartera.
El ministerio subrayó que esta es una metodología que responde a una evaluación técnica y rigurosa de más de cinco años, así como de un proceso amplio de revisión pública. Para su expedición se recibieron 1.631 aportes, entre sugerencias, observaciones y reparos remitidos por la ciudadanía, la academia, las empresas, los gremios y los diferentes actores del sector, los cuales se tuvieron en cuenta en la formulación.
Esta nueva metodología también considera, de manera explícita, los costos asociados a la gestión ambiental. Adeás, se incluye el reconocimiento a los prestadores por sus Inversiones Ambientales Obligatorias y Adicionales, poniendo a la población vulnerable en el centro de la acción regulatoria.
“Para los entes territoriales -alcaldías y gobernaciones- este marco se convierte en una herramienta clave para fortalecer la planeación sectorial, mejorar la gestión de los servicios públicos y avanzar en el cierre de brechas en cobertura, calidad y continuidad. Con su expedición, el Gobierno Nacional le entrega al país una regulación sólida y con visión de futuro, que responde a los desafíos actuales del sector y sienta las bases para una prestación de los servicios públicos más eficiente, equitativa, sostenible y centrada en el bienestar de las personas”, concluyó.
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