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Para los municipios más golpeados por el rezago de infraestructura, conseguir que una empresa financie una carretera, una ambulancia, una escuela o maquinaria para atender emergencias puede significar convertir una necesidad acumulada durante años en una obra concreta. El problema es que buena parte de los proyectos que el Estado tiene listos para recibir inversión privada todavía no encuentra quién los financie.
El Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) registra 161 proyectos disponibles para que empresas contribuyentes destinen parte de sus impuestos a su ejecución. De ese universo, apenas 35 aparecen con solicitudes de empresas interesadas. Los otros 126 no registran, por ahora, un interesado.
La diferencia equivale a que cerca de ocho de cada diez proyectos disponibles todavía no tengan una empresa vinculada en el banco.
¿Qué proyectos esperan financiación?
En el portafolio aparecen carreteras terciarias y urbanas, puentes, maquinaria amarilla para atender emergencias y mantener vías, soluciones de energía para comunidades rurales, dotación de colegios, ambulancias y proyectos de agua y saneamiento. En total, son cerca de 1,3 billones de pesos.
Entre los proyectos sin interesado aparecen algunos con costos superiores a 50.000 millones de pesos. Uno de ellos busca mejorar la vía Astilleros-Tibú, en Norte de Santander, con un costo de 60.781 millones de pesos. Otro contempla obras para mejorar la navegabilidad en las bocas del río Atrato, en Antioquia, por 53.001 millones de pesos. En Cesar aparecen un proyecto de pavimento rígido en Chiriguaná por 51.884 millones de pesos y otro para el corredor La Laguna de los Indios, en La Paz, por 50.637 millones de pesos.
También hay proyectos de 50.133 millones de pesos para instalar soluciones solares en comunidades indígenas no interconectadas de Cumaribo, Vichada, y de 49.319 millones de pesos para llevar conectividad a municipios PDET de Nariño.
Es decir, el problema no es solamente encontrar empresas para financiar pequeños proyectos municipales (como ocurre en Santa Rosa del Sur y Montecristo, municipios de Bolívar, para la adquisición de una ambulancia para el transporte asistencial por 366 millones de pesos), sino llamar la atención de empresas para las obras de infraestructura que requieren inversiones de decenas de miles de millones de pesos y que tampoco registran un interesado.
¿Qué están buscando financiar los territorios?
La infraestructura vial tiene un peso visible dentro del portafolio. Hay proyectos para pavimentar vías urbanas, mejorar carreteras terciarias, construir puentes y atender corredores rurales en departamentos como Cesar, Nariño, Casanare, Córdoba, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Caquetá.
Pero otro de los patrones que sobresale es la gestión del riesgo. En distintos municipios se solicitan recursos para adquirir o fortalecer bancos de maquinaria amarilla destinados a atender emergencias, mitigar riesgos y mantener la malla vial. Hay proyectos de este tipo en Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Casanare, Huila, Caquetá y otros departamentos.
En el Valle del Cauca, por ejemplo, el banco registra proyectos para adquirir maquinaria amarilla en municipios como Calima El Darién, El Dovio, Argelia, Riofrío, Pradera, Florida, Bolívar, Roldanillo y Caicedonia. Algunos tienen empresas interesadas y otros permanecen sin ellas.
En educación también se repiten proyectos de dotación de mobiliario, computadores, herramientas tecnológicas, instrumentos musicales, equipos de cocina, parques infantiles y adecuaciones sanitarias.
En energía, el portafolio incluye soluciones solares para comunidades y escuelas rurales que no están conectadas al sistema eléctrico convencional. En salud aparecen ambulancias terrestres y fluviales, unidades móviles odontológicas y equipos para fortalecer la atención de poblaciones rurales.
Hidroituango muestra lo que ocurre cuando aparece el contribuyente
Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. anunció que proyecta destinar 96.220 millones de pesos en 2026 a 13 proyectos mediante Obras por Impuestos.
De esos 13 proyectos, nueve se tramitarían mediante la opción de fiducia, por 68.524 millones de pesos, y cuatro mediante convenio, por 27.696 millones de pesos.
La inversión se distribuye en varios frentes. Transporte concentra 35.616 millones de pesos; adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, $27.696 millones; educación, 21.391 millones de pesos; salud, 6.670 millones de pesos, y agua potable y saneamiento básico, 4.845 millones de pesos.
Entre los proyectos hay dos intervenciones viales en Antioquia: una de 13.120 millones de pesos para mejorar cinco kilómetros de vías en San Rafael y otra de 22.495 millones de pesos para intervenir 6,1 kilómetros en San Carlos.
En salud, la empresa financiará 345 equipos biomédicos para 21 municipios PDET de Antioquia, con una población objetivo de 797.338 personas.
La compañía también anunció recursos para tres centros de desarrollo infantil, dotación de establecimientos educativos rurales y proyectos de gestión del riesgo.
El caso sirve para dimensionar el mecanismo desde el otro lado de la ecuación: una empresa encuentra proyectos que puede financiar con parte de sus obligaciones tributarias y los convierte en obras o bienes concretos en territorios priorizados.
El cuello de botella está después de formular el proyecto
Obras por Impuestos fue diseñado para permitir que determinados contribuyentes destinen parte de su impuesto de renta a la ejecución de proyectos de inversión en municipios y territorios priorizados por el Estado.
La existencia de un banco con 161 proyectos muestra que hay una oferta de iniciativas estructuradas, pero formular un proyecto y conseguir quién lo financie son dos problemas distintos.
Un municipio puede tener identificada una necesidad de 3.000 millones para maquinaria de pesos, una vía de 10.000 millones de pesos o una intervención de 50.000 millones de pesos. Pero mientras no aparezca un contribuyente que quiera asumir el proyecto dentro del mecanismo, la obra permanece en el portafolio.
El atractivo inicial es que las empresas pueden maniobrar su inversión social mediante impuestos que, de todos modos, pagarían al Estado. También pueden formular un proyecto desde cero. En cualquier caso, debe ser aprobado por la junta directiva de la organización.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
