Operadores alertan a la OCDE sobre posición dominante de Claro en Colombia

Representantes de siete operadores de telecomunicaciones (Virgin, Tigo, Telefónica, Suma, Flash Mobile, ETB y Avantel) enviaron una carta al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurria, en la que alertaron por la posición dominante de Claro en Colombia y advirtieron que de no establecerse un remedio regulatorio los ciudadanos tendrán seriamente restringida su capacidad de elección para conectarse al mundo digital.

Lea también: La carta con la que operadores piden que se declare la dominancia de Claro

Los firmantes aseguran que el país presenta unos niveles de concentración muy elevados, “lo que afecta negativamente la capacidad del país de aprovechar los beneficios sociales y económicos de la digitalización” y que mientras no se reequilibraran las condiciones del mercado se verán afectados los 20 millones de colombianos hoy conectados y los otros 20 millones a los que aún no llega el servicio que no podrán acceder a “más ofertas y una competencia más vigorosa y sostenible en el medio plazo”.

Respecto a Claro le dijeron al gobierno que las inversiones realizadas por un operador o por cualquier agente no pueden convertirse en un pasaporte para evitar la actuación del Estado, “en este caso la declaratoria de posición de dominio y la toma de medidas particulares en el mercado móvil”.

También presentaron como prueba de esta situación el impacto sobre el nivel de inversión de la industria móvil, que ha pasado de US$1.500 millones en 2011 a US$857 millones en 2018, es decir una reducción de más del 40 %, una situación que calificaron como atípica, teniendo en cuenta que Colombia está en pleno proceso de despliegue de la red 4G y todavía hay una relativa baja penetración de internet móvil en el país.

Las empresas citaron los informes de la OCDE en 2015 y el borrador del informe Going Digital de 2019 en el cual se advierte que, junto con México, Colombia es uno de los países que presenta mayores niveles de concentración del mercado de telecomunicaciones, alcanzando cotas muy alejadas de la mayoría de los países OCDE.

Una clara evidencia de esta situación, según los representantes, es el HHI (índice que mide la concentración de mercado) de ingresos de Colombia con un valor que supera los 3.500 puntos, más de 1.700 puntos por encima del promedio de la OCDE.

“El borrador del informe Going Digital de Colombia señala claramente que el grupo que integra a COMCEL y TELMEX aumentó su cuota de mercado en banda ancha móvil, voz fija y banda ancha fija, el informe también identifica una relación entre la elevada concentración del mercado y los altos precios que presenta el mercado de telecomunicaciones colombiano respecto de otros mercados”, relataron los operadores en la carta.

Y aunque reconocieron que luego de dos años de trabajo el regulador colombiano ha avanzado mucho en la definición de obligaciones que corrijan la “excesiva concentración del mercado”, coincidieron en que es necesario un reequilibrio de las condiciones competitivas del mercado, pues “un retraso en la definición e implementación de las medidas adecuadas corre a favor del operador dominante y en detrimento del resto de los competidores, el mercado y la sociedad en su conjunto”.

Finalmente, aseguraron que el país enfrenta retos enormes para alcanzar el nivel de desarrollo del promedio de los países OCDE en pro de “la generación de industrias competitivas que apalanquen el empleo digno, el crecimiento de la clase media y la sostenibilidad social y ambiental”, y dijeron respaldar los señalados por el informe Latin American Economic Outlook 2019: i) ir más allá del acceso a la educación y enfocarse en la calidad, la empleabilidad, y la transformación tecnológica; ii) fomentar la creación de empleos formales y ampliar la cobertura de los servicios sociales; iii) optimizar la conectividad y iv) mejorar la credibilidad, la apertura y la eficiencia de las instituciones.

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La comunicación además fue enviada al presidente de la República, Iván Duque, al canciller, a los ministros de Comercio y TIC, a los directores de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a dos expertos comisionados.

Frente a la carta, Claro respondió: “La SIC, que es la máxima autoridad en materia de competencia en nuestro país, encontró que la actuación adelantada por más de dos años por parte de la CRC no evidencia la existencia de dominancia de Comcel en el mercado de Servicios Móviles, que el mayor tamaño de este operador es producto de mayores inversiones pero no impide a los otros operadores competir e invertir, que no hay evidencia de apalancamiento de un mercado a otro, y que las medidas propuesta por la CRC pueden resultar innecesarias sin existir análisis del impacto que pueden generar al consumidor”.

La empresa agregó que "consideramos que nuestros competidores, amparados en un discurso procompetencia, constantemente solicitan a las autoridades locales y a la OECD, la adopción de medidas que, lejos de incentivar la inversión y la competencia, realmente buscan “la repartición o distribución del mercado”. En otras palabras, proponen que la regulación les regale lo que deben ganarse compitiendo en el mercado". 

Representantes de siete operadores de telecomunicaciones (Virgin, Tigo, Telefónica, Suma, Flash Mobile, ETB y Avantel) enviaron una carta al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurria, en la que alertaron por la posición dominante de Claro en Colombia y advirtieron que de no establecerse un remedio regulatorio los ciudadanos tendrán seriamente restringida su capacidad de elección para conectarse al mundo digital.

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Los firmantes aseguran que el país presenta unos niveles de concentración muy elevados, “lo que afecta negativamente la capacidad del país de aprovechar los beneficios sociales y económicos de la digitalización” y que mientras no se reequilibraran las condiciones del mercado se verán afectados los 20 millones de colombianos hoy conectados y los otros 20 millones a los que aún no llega el servicio que no podrán acceder a “más ofertas y una competencia más vigorosa y sostenible en el medio plazo”.

Respecto a Claro le dijeron al gobierno que las inversiones realizadas por un operador o por cualquier agente no pueden convertirse en un pasaporte para evitar la actuación del Estado, “en este caso la declaratoria de posición de dominio y la toma de medidas particulares en el mercado móvil”.

También presentaron como prueba de esta situación el impacto sobre el nivel de inversión de la industria móvil, que ha pasado de US$1.500 millones en 2011 a US$857 millones en 2018, es decir una reducción de más del 40 %, una situación que calificaron como atípica, teniendo en cuenta que Colombia está en pleno proceso de despliegue de la red 4G y todavía hay una relativa baja penetración de internet móvil en el país.

Las empresas citaron los informes de la OCDE en 2015 y el borrador del informe Going Digital de 2019 en el cual se advierte que, junto con México, Colombia es uno de los países que presenta mayores niveles de concentración del mercado de telecomunicaciones, alcanzando cotas muy alejadas de la mayoría de los países OCDE.

Una clara evidencia de esta situación, según los representantes, es el HHI (índice que mide la concentración de mercado) de ingresos de Colombia con un valor que supera los 3.500 puntos, más de 1.700 puntos por encima del promedio de la OCDE.

“El borrador del informe Going Digital de Colombia señala claramente que el grupo que integra a COMCEL y TELMEX aumentó su cuota de mercado en banda ancha móvil, voz fija y banda ancha fija, el informe también identifica una relación entre la elevada concentración del mercado y los altos precios que presenta el mercado de telecomunicaciones colombiano respecto de otros mercados”, relataron los operadores en la carta.

Y aunque reconocieron que luego de dos años de trabajo el regulador colombiano ha avanzado mucho en la definición de obligaciones que corrijan la “excesiva concentración del mercado”, coincidieron en que es necesario un reequilibrio de las condiciones competitivas del mercado, pues “un retraso en la definición e implementación de las medidas adecuadas corre a favor del operador dominante y en detrimento del resto de los competidores, el mercado y la sociedad en su conjunto”.

Finalmente, aseguraron que el país enfrenta retos enormes para alcanzar el nivel de desarrollo del promedio de los países OCDE en pro de “la generación de industrias competitivas que apalanquen el empleo digno, el crecimiento de la clase media y la sostenibilidad social y ambiental”, y dijeron respaldar los señalados por el informe Latin American Economic Outlook 2019: i) ir más allá del acceso a la educación y enfocarse en la calidad, la empleabilidad, y la transformación tecnológica; ii) fomentar la creación de empleos formales y ampliar la cobertura de los servicios sociales; iii) optimizar la conectividad y iv) mejorar la credibilidad, la apertura y la eficiencia de las instituciones.

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La comunicación además fue enviada al presidente de la República, Iván Duque, al canciller, a los ministros de Comercio y TIC, a los directores de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a dos expertos comisionados.

Frente a la carta, Claro respondió: “La SIC, que es la máxima autoridad en materia de competencia en nuestro país, encontró que la actuación adelantada por más de dos años por parte de la CRC no evidencia la existencia de dominancia de Comcel en el mercado de Servicios Móviles, que el mayor tamaño de este operador es producto de mayores inversiones pero no impide a los otros operadores competir e invertir, que no hay evidencia de apalancamiento de un mercado a otro, y que las medidas propuesta por la CRC pueden resultar innecesarias sin existir análisis del impacto que pueden generar al consumidor”.

La empresa agregó que "consideramos que nuestros competidores, amparados en un discurso procompetencia, constantemente solicitan a las autoridades locales y a la OECD, la adopción de medidas que, lejos de incentivar la inversión y la competencia, realmente buscan “la repartición o distribución del mercado”. En otras palabras, proponen que la regulación les regale lo que deben ganarse compitiendo en el mercado".