Operadores de televisión cerrada estarían ocultando usuarios para aportar menos al Estado

El vuelco que las nuevas tecnologías están dando a múltiples sectores de la economía es una realidad que ha levantado ampolla en quienes mantienen sus negocios de la forma tradicional. Uber, por ejemplo, ha generado molestia y rechazo en las empresas de taxis, mientras que Airbnb fomenta las discusiones en el sector hotelero. El dedo apunta también a los contenidos audiovisuales que se ofrecen por streaming, pero ya no como una competencia con fuerza de aplanadora, sino incluso como un motivo para que el Estado empiece a ver afectados sus ingresos.

Resulta que la televisión pública del país y los contenidos educativos y culturales se financian con las contribuciones que al Estado hacen los operadores de televisión por suscripción y los servicios de telecomunicaciones. Al respecto, la Contraloría General de la República (CGR) ahora habla de un presunto hallazgo fiscal equivalente a más de $171.600 millones, suspicacia que surge de un desfase en las cifras que tiene la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en comparación con los números que reportan el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

La CGR asegura que en la medición de 2014 reportada por la CRC se habla de 8’060.825 suscriptores a la televisión por cable y satelital, pero la ANTV reportó 4’897.426. Por lo tanto, la Contraloría informa de un presunto subreporte de 3’163.399 suscriptores para ese año. De otro lado, en el estudio de televisión cerrada, que incluye también la televisión comunitaria, “se encuentra que, según las proyecciones del DANE para el año 2014, esta televisión tiene un tamaño de 8’757.827 hogares con el referido servicio. Por su parte, la ANTV tiene registrado un total de 5’211.911 suscriptores de televisión por cable, comunitaria y satelital”, dijo la CGR.

¿Por qué? La Contraloría cita un análisis de la CRC según el cual la raíz del problema podría estar en una asimetría contributiva entre los operadores y los servicios de telecomunicaciones. Daniel Medina, exministro TIC, explica que esa asimetría se origina en las normas que ponen a los servicios de telecomunicaciones a hacer un aporte del 2,2 % de sus ingresos, mientras que servicios como Netflix o los llamados OTT no pagan nada (porque son considerados servicios de información y no de telecomunicaciones). Pero, por otro lado, la televisión aporta al Estado un monto fijo por suscriptor que, según algunos miembros de la industria, puede significar el 10 % de los ingresos, mientras que otros aseguran que puede alcanzar el 45 % o 50 %.

De manera que un posible subreporte podría surgir con la intención de reportar menos suscriptores y, por lo tanto, aportar menos. La CGR asegura que el desfase en las cifras viene desde hace cinco años. De acuerdo con Jaime Andrés Plaza, vicepresidente de regulación de UNE, en efecto el fenómeno “viene de tiempo atrás” y podría tener motivos diferentes a la asimetría en las contribuciones. “No sólo en Colombia, sino en Latinoamérica, se dice que es para evadir los derechos de autor de programadores internacionales y también como consecuencia de las asimetrías reguladoras”, dice Plaza.

Lorena Angarita, presidenta de Red Intercable, un gremio que reúne a cerca de 250 empresas de televisión por suscripción y comunitaria, no desestima lo que dice la Contraloría. “Seguramente sí está planteado en una realidad nacional, la televisión y la industria de la televisión cerrada que no hace parte de los monopolios internacionales o de grandes industrias de telecomunicaciones a nivel internacional tienen que pagar en Colombia una cantidad de impuestos impresionante. Pagamos a las electrificadoras, IVA, a los programadores internacionales, como Fox, y lo tenemos que pagar en dólares”. Ante esa situación, asegura que, por la subida del tipo de cambio, “la industria de televisión por cable en Colombia está reventada”.

Angarita agrega que si “la gente que está en el sector reportara todo lo que tiene, la operación no es viable. Hay una cantidad de pagos ante los entes de control que puede oscilar entre el 45 y el 50 % de lo que recibe una empresa de televisión por cable”. Con eso, asegura que no justifica los subreportes, que es una práctica ilegal. Red Intercable y sus aliados, según ella, promueven acabar con la piratería y los subreportes. “La intención no es evadir, pero necesitamos una mano del Gobierno porque el dólar nos está reventando. Se debe reconsiderar el tema de los impuestos que está pagando la televisión por cable”.

Al respecto, las propuestas van encaminadas, quizá, a unificar las contribuciones, en opinión de Medina, o replantear el sector de cara a las nuevas tecnologías, según Plaza. La ANTV, de hecho, está trabajando en una propuesta de política pública en ese sentido y en el Congreso está radicado un proyecto de ley que, según actores de la industria, acabaría con las asimetrías.

De todas formas, la Contraloría no deja de señalar que pese a que por parte de la ANTV ha habido auditorías e inspecciones que han resultado en sanciones, que están en curso, “la entidad aún no ha impuesto sanción por infracciones relacionadas con la presentación de las autoliquidaciones de los operadores de televisión por suscripción”. Agrega que “tampoco se observa una gestión efectiva de parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su función como miembro de la Junta Nacional de Televisión y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que permita establecer la dimensión del problema y adoptar las medidas para solucionarlo”.

Es de recordar que la ANTV tuvo una interinidad por más de un año, hasta que Ángela Mora, actual directora, llegó al cargo en abril de 2015. La entidad aclaró a través de un comunicado que las cifras que reporta la CRC fueron proporcionadas por el consultor Business Bureau, las cuales, le aclaró el regulador a la ANTV, no son por tanto oficiales. Sin embargo, “la ANTV presentará su plan de mejoramiento, con el fin de adelantar todas las gestiones necesarias, para poder calcular o ponderar el tema real del subreporte”. Eso se hará en cuestión de 15 días.