Opinión: Espectro legal, radio legal

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El servicio de radiodifusión sonora en Colombia está dispuesto para que a través de estos espacios se contribuya a difundir la cultura, afirmar los valores y fortalecer la democracia.

Es por ello que los Proveedores de Radiodifusión Sonora deben acogerse a lo estipulado en la ley de contratación pública y esto incluye el permiso para uso del espectro radioeléctrico. La prestación del servicio y el uso de las frecuencias sin licencia es un acto fuera de la ley y tiene consecuencias administrativas y penales.

El espectro radioeléctrico es un bien público inalienable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado, y su uso es regulado por la Agencia Nacional del Espectro (ANE) en condiciones de igualdad y de oportunidades de acceso. Con la creación de la ANE, a través de la Ley 1341 de 2009, Colombia avanzó en gran medida en la consolidación de una política pública de gestión, control y vigilancia del espectro radioeléctrico nacional, sobre la base de un diseño normativo e institucional en cabeza del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.

El uso legal del espectro debe ajustarse a ciertas condiciones y limitaciones técnicas. Estos parámetros y demás características de utilización se indican en el permiso para uso del espectro o en el Cuadro de Características Técnicas de la Red (CCTR). Asimismo, se debe dar cumplimiento a las condiciones técnicas indicadas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNABF), el cual establece la utilización del espectro sobre la base de prioridades nacionales. Cualquier utilización que no se ajuste a los parámetros técnicos autorizados constituye un uso indebido del espectro.

Por ello, enmarcados en nuestras funciones, trabajamos para que los colombianos hagan un uso legal del espectro, promoviendo que se realice en las condiciones técnicas establecidas en la ley. Esto se ha logrado motivando a los concesionarios a contar con el permiso previo otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En consecuencia, el uso legal de espectro evita que se genere desigualdad en el acceso al mismo, toda vez que para su asignación se adelantan procesos de selección objetiva en los que se garantiza a los interesados la igualdad de oportunidades. Al usarlo de manera clandestina, se limitan dichas oportunidades. No menos importante es el daño económico al Estado por la falta de pago de la contraprestación al usar este recurso.

El uso clandestino del espectro por parte de quien no tiene un permiso de uso puede dar lugar al inicio de investigaciones administrativas por parte de la ANE, las cuales pueden concluir en la aplicación de sanciones, cese de operaciones no autorizadas, decomiso de equipos, incautación de bienes y detención o arresto de personas encontradas en flagrancia. Las sanciones están representadas en multas y, en la actualidad alcanzan hasta los 2.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales para personas naturales y 15.000 para personas jurídicas.

Desde la Agencia Nacional del Espectro contamos a la fecha con un soporte jurídico-institucional estratégico, que verifica el grado de acción y eficiencia de la entidad. En la práctica, esto lleva a que la entidad genere sanciones sobre actividades que den cuenta de la ocupación no legal del espectro, y, en consecuencia, sancione el uso indebido, siendo ello parte fundamental del trabajo desplegado por nuestra entidad.

La ANE puede también ordenar el cese de operaciones no autorizadas, proceder al decomiso de equipos y efectuar la correspondiente denuncia penal ante las autoridades competentes cuando el uso clandestino corresponda a la prestación ilegal de un servicio de telecomunicaciones.

Por otra parte, el uso indebido puede generar interferencias a sistemas de telecomunicaciones que operan legalmente. Cuando el Estado asigna los permisos de uso del espectro lo hace en forma coordinada, racional y eficaz, protegiendo los derechos de los usuarios a recibir los servicios de telecomunicaciones con calidad y eficiencia. La calidad de los servicios se puede ver afectada por la interferencia generada por un uso clandestino del espectro.

Las interferencias que generan los operadores clandestinos pueden afectar los servicios de comunicaciones que prestan los operadores legalmente autorizados por Mintic llegando a causarles perjuicios, siendo deber del Estado garantizar a los proveedores autorizados que el uso del espectro asignado esté libre de interferencias.

Para contrarrestar lo anterior, desde la Agencia Nacional del Espectro implementamos algunas estrategias: realizamos monitoreo y verificaciones continuas en campo para comprobar que se haga uso legal del espectro, de lo contrario, adelantamos investigaciones administrativas por los usos ilegales evidenciados, buscando con esto controlar y desincentivar este tipo de conductas y para evitarlo, también dictamos charlas que hemos llamado “ANE en las Regiones” para dar a conocer sobre el uso legal y adecuado del espectro.

Mediante el uso del Sistema Nacional de Monitoreo verificamos de manera precisa y en tiempo real el uso del espectro radioeléctrico por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, conforme los permisos otorgados para tal efecto y se identifican las emisiones no autorizadas o clandestinas.

Como complemento a las mediciones que se hacen con este sistema, llevamos a cabo verificaciones técnicas in situ con el fin de identificar la estación radioeléctrica que hace uso ilegal del espectro, seguidamente se procede a ordenar el cese de estas operaciones y el decomiso de los equipos involucrados en estas.

La prioridad de este gobierno es facilitar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; la libre competencia; el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos; la protección de los derechos de los usuarios; la promoción de la inversión; la neutralidad tecnológica; el derecho a la comunicación, la información y la educación, así como los servicios básicos de las TIC, por ello, en el proceso de monitoreo y verificación en campo, es muy importante que la ciudadanía entienda que de conocer un uso ilegal es su deber denunciarlo, porque estamos hablando de un bien público limitado, de carácter especial protegido constitucionalmente, tanto es así que la misma Constitución establece que su administración debe estar en cabeza del Estado y de allí que deban existir normas legales que reglamenten su uso.

* Director general Agencia Nacional del Espectro

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