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Un juez de la república ordenó embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales, la noticia la dio a conocer Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, a través de su cuenta en X.
“Presidente Petro, esta es una decisión de la justicia, le pido que pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la ley”, dijo Gutiérrez.
El Gobierno Nacional “aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales”, explicó el funcionario.
La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a Epm y a… pic.twitter.com/2823yohHaJ
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 10, 2025
De acuerdo con el documento del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, publicado por el alcalde, la deuda corresponde a $41.654.551.225, a lo que suman $5.258.957.894 de intereses moratorios.
“Se decreta el embargo y retención de los dineros que reposen en las cuentas corrientes, de ahorros, CDT y demás productos bancarios de los que sea titular el extremo demandado”, se lee en el documento.
Según contó el alcalde de Medellín, intentaron por varios medios abrir canales de diálogo, “pero nunca obtuvimos respuesta”, por lo que decidieron acudir a la justicia.
“Hoy se genera un hito alrededor de varias acciones legales que emprendimos en contra del Gobierno Nacional”, agregó el alcalde de Medellín.
La decisión judicial responde a la demanda que se interpuso por la deuda que tiene el Gobierno con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-EPM.
Además, presentaron otras demandas por deudas con Afinia y demás filiales de EPM, así como el aplazamiento de la entrega de los recursos que le corresponden a la Nación para la construcción del metro de la 80, y con ello demandaron el decreto de presupuesto que aplaza dicho pago.
Así las cosas, con la notificación del juzgado a la Administración de Impuestos Nacionales sobre la medida, el Gobierno Nacional tiene cinco días hábiles para que realice el pago.
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