Pacific, en audiencia en la Supersociedades

La compañía deberá exponer cuáles son las previsiones para atender el pasivo con los acreedores colombianos, petición hecha por el superintendente delegado de Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía.

“El salvamento de la empresa es sin duda alguna la finalidad común. Sin embargo, dentro del esquema del régimen de insolvencia no solo se debe proteger a acreedores, proveedores y trabajadores, sino también el comercio y a los colombianos que invirtieron todos sus ahorros en Pacific E & P.”, resaltó el abogado Alejandro Revollo durante la reciente audiencia.

Dice el informe de la entidad de control que la empresa Pacific E & P entró en un proceso de reestructuración para el cual se presentaron diferentes propuestas y tan solo una fue tomada en consideración por la corte de Ontario, en Canadá. En el caso de que sea aceptada esa propuesta, que no tuvo en consideración los intereses de los accionistas, se dejaría en el peor de los escenarios a los colombianos que invirtieron en la compañía, advierte el informe.

“La propuesta de Catalyst está siendo mostrada como la más conveniente y entiendo que el argumento que se dio es la protección de los acreedores y empleados colombianos. Pero llama mucho la atención que se tenga la percepción de que otras propuestas los desprotegen, cuando el interés de todos es la sostenibilidad de la empresa a largo plazo”, dijo María Elena Bonilla, socia de la firma Leyva Ontier, que representa los intereses de los accionistas minoritarios.

Una vez finalizada la segunda etapa de la audiencia, se espera tener un panorama más claro y promisorio sobre el futuro de Pacific E & P. El acuerdo de rescate que logró la petrolera con Catalyst Group, un fondo canadiense especializado en salvar compañías, consiste en que la firma respalda toda la deuda de Pacific y le da US$500 millones de capital a cambio del 29,3 % de participación en la empresa reorganizada.

Pese a que el trato ya fue aceptado por los tenedores de los bonos y la Corte de Ontario aprobó el proceso, los accionistas de Pacific se verían sometidos a una dilución masiva o cancelación de su participación.

Pacific recibió una nueva oferta de rescate por parte del EIG, una filial de Harbour.

El nuevo trato también implicaba un respaldo en toda la deuda y daba US$500 millones de capital, pero una tasa menor. Además, la firma le proveía a la petrolera otros US$80 millones para mejorar sus balances financieros.