País urbano

Un indicador alternativo de urbanización es observar que la población que vive en las 13 principales áreas metropolitanas —la ciudad con sus municipios aledaños— (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Montería y Pasto) representa el 51% del total. Este proceso de urbanización corresponde con el patrón de desarrollo seguido por naciones que hoy tienen un ingreso per cápita varias veces el nuestro.

¿Es esto último lo que queremos los colombianos? Que en unos años el 95% de la población viva en las cabeceras, que el 75% viva en las 13 principales áreas metropolitanas, que tengamos ciudades populosas y contaminadas mientras vastas zonas del territorio nacional quedan completamente despobladas, que el 5% que permanece en las áreas rurales lo haga sólo a cambio de subsidios del Estado, porque no tienen los recursos, ni la tecnología para generar unos ingresos dignos.

Hay una parte de ese territorio que  está parcialmente despoblado y debe seguir estándolo con una juiciosa salvaguarda por parte del Estado colombiano. Se trata de las reservas naturales y los parques nacionales. Parcialmente porque allí han llegado colonos sin tierra a tumbar monte y cultivar coca o amapola. Debería entonces haber una política para reubicar a estos campesinos sin tierra en áreas aptas para la agricultura.

En cambio, buena parte de las tierras aptas está concentrada en pocas manos, algunas manchadas de sangre porque fueron adquiridas a la fuerza. Muchas de esas tierras están subexplotadas, en el mejor de los casos, por una ganadería extensiva de baja productividad. Si el Estado se preocupara por cambiar esto, la política agropecuaria estaría orientada a generar empleo e ingresos en las tierras aptas, las mal habidas serían incautadas y devueltas a sus propietarios originales o entregadas a campesinos sin propiedades que se fueron a tumbar monte.

Si bien hay una tendencia natural a que el país se siga urbanizando porque muchos campesinos quieren continuar educándose y buscando alternativas productivas en las ciudades, se debería frenar este proceso acelerado con una política agropecuaria y rural que permita que haya oportunidades de generar ingresos y una vida digna en el campo. De esta manera, los que decidan migrar a las ciudades lo harán arriesgando algo que pueden perder, y no porque esa sea la única alternativa de vida que les queda.

* Director Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales.

Un indicador alternativo de urbanización es observar que la población que vive en las 13 principales áreas metropolitanas —la ciudad con sus municipios aledaños— (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Montería y Pasto) representa el 51% del total. Este proceso de urbanización corresponde con el patrón de desarrollo seguido por naciones que hoy tienen un ingreso per cápita varias veces el nuestro.

¿Es esto último lo que queremos los colombianos? Que en unos años el 95% de la población viva en las cabeceras, que el 75% viva en las 13 principales áreas metropolitanas, que tengamos ciudades populosas y contaminadas mientras vastas zonas del territorio nacional quedan completamente despobladas, que el 5% que permanece en las áreas rurales lo haga sólo a cambio de subsidios del Estado, porque no tienen los recursos, ni la tecnología para generar unos ingresos dignos.

Hay una parte de ese territorio que  está parcialmente despoblado y debe seguir estándolo con una juiciosa salvaguarda por parte del Estado colombiano. Se trata de las reservas naturales y los parques nacionales. Parcialmente porque allí han llegado colonos sin tierra a tumbar monte y cultivar coca o amapola. Debería entonces haber una política para reubicar a estos campesinos sin tierra en áreas aptas para la agricultura.

En cambio, buena parte de las tierras aptas está concentrada en pocas manos, algunas manchadas de sangre porque fueron adquiridas a la fuerza. Muchas de esas tierras están subexplotadas, en el mejor de los casos, por una ganadería extensiva de baja productividad. Si el Estado se preocupara por cambiar esto, la política agropecuaria estaría orientada a generar empleo e ingresos en las tierras aptas, las mal habidas serían incautadas y devueltas a sus propietarios originales o entregadas a campesinos sin propiedades que se fueron a tumbar monte.

Si bien hay una tendencia natural a que el país se siga urbanizando porque muchos campesinos quieren continuar educándose y buscando alternativas productivas en las ciudades, se debería frenar este proceso acelerado con una política agropecuaria y rural que permita que haya oportunidades de generar ingresos y una vida digna en el campo. De esta manera, los que decidan migrar a las ciudades lo harán arriesgando algo que pueden perder, y no porque esa sea la única alternativa de vida que les queda.

* Director Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales.