Para evitar fuga de recursos

Colombia dio inicio a un nuevo año fiscal y con ello comienza a navegar el Plan General de Auditoría para 2012 (PGA), competencia de la Contraloría General de la República, la cual modificó su guía de auditoría con el fin de no sólo evaluar a entidades, sino también procesos, proyectos, sujetos públicos y privados que manejen recursos de la Nación.

Así, se pretende tener un mayor control sobre la parte presupuestal y financiera para determinar el real impacto de los proyectos que fueron ejecutados con recursos del erario.

A partir de este nuevo modelo auditor serán estudiados 113 entidades, proyectos, procesos y sujetos que representan $394,1 billones (88,66%) de la totalidad de activos del Balance General de la Nación en 2010 ($444,5 billones). Mientras que para 2011 ese mismo número de auditorías cubren $141,5 billones equivalentes al 95,93% de una apropiación inicial del Presupuesto General de la Nación.

En 2012 se realizarán 747 auditorías. De éstas ese encuentran 20 concesiones que pertenecen a 99 procesos y proyectos de infraestructura, 66 procesos o asuntos agropecuarios, 85 de Defensa, 115 de Gestión Pública, 47 de Medio Ambiente, 167 de Minas y Energía y 168 de Social. Las investigaciones se centrarán, por ejemplo, en las demandas contra la Nación; la renta minera, regalías y Sistema General de Participaciones.

También serán evaluadas 63 entidades públicas que se calificaron como de alto riesgo debido a la debilidad de los controles. Además de otras que presentan el mayor número de denuncias por parte de la ciudadanía. En cuanto a entidades en liquidación, nueve de éstas también están bajo la lupa de los auditores.

También se revisará la contratación del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (Sireci). Y en cuanto a patrimonios autónomos y fiducias , las auditorías están programadas con Fiduagraria, Fidupopular. En este grupo ingresan las que están en el listado de la Delegada para Infraestructura.

Ligia Borrero, contralora delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, explica que la nueva metodología consiste en evaluar el origen del dinero y en qué se está utilizando, “para que, como dice la contralora general de la República, Sandra Morelli, no se fuguen los recursos. La novedad es que podremos auditar no sólo a entidades, sino también a privados que han ejecutado recursos del Estado. Y además podremos evaluar los proyectos de inversión que han hecho diversas entidades, aplicando no sólo el control a la gestión fiscal y a la de resultados, sino evaluando el impacto de los mismos”.

Borrero añade que este proceso auditor se le agregarán “otras auditorías que hemos venido haciendo a dineros que no están dentro del presupuesto, como la parafiscalidad, los negocios fiduciarios y patrimonios autónomos; las que debemos hacer a entidades que concentran el mayor número de denuncias por parte de la ciudadanía; otras que tienen que ver con los equipos de reacción inmediata; los controles excepcionales y la evaluación que se debe hacer a entidades en liquidación”, que inicialmente serán nueve”de un total de 25.

En este auditoria participarán las contralorías delegadas para Defensa, Medio Ambiente, Sector Social, Agropecuario, Infraestructura Física, Gestión Pública y Minas y Energías. Además de gerencias territoriales como las de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca y Cesar.

Peticiones de la Corte Constitucional

La Contraloría General de la República le presentará al alto tribunal un informe acerca del Sistema de Pensiones de Cajanal en Liquidación y Salud, además de otros que están relacionados con temas de tierras y desplazamiento forzado. Ligia Borrero, contralora delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, afirma que “este año tendremos el tema de tierras en todos sus componentes (restitución de tierras, baldíos), por lo que necesitamos un trabajo conjunto de varias delegadas”.

En cuanto a temas como las supuestas falsas víctimas, la falsa desmovilización o la masacre en Mapiripán, Borrero aseguró que la Contraloría tiene actuación y que están en el proceso.

Auditorías obligatorias

Casos como la ola invernal, el seguimiento que se le está haciendo al régimen subsidiado y el proceso auditor que se le va a hacer al contributivo son algunas de las otras auditorías que se tendrán en cuenta para este año. Borrero manifestó lo siguiente frente a estos temas: “La contralora, por ejemplo, manifestó en el caso de la salud que los recursos totales destinados a la atención, que al usuario final no llegó todo el dinero. Es decir, que en la cascada se fue quedando la plata. Este año, aparte de profundizar en el tema subsidiado, vamos a comenzar con el régimen contributivo. Sin prejuicio de que tendremos que atender las denuncias de uno y otro. Frente a los recursos destinados para la ola invernal, este año viene la segunda fase, donde tenemos obras menores y una serie de casos que hay que revisar. Y tenemos que auditar $7 billones”.