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Los dineros de las pensiones fueron uno de los temas centrales en las disputas políticas y debates de la opinión pública esta semana. Esto por cuenta de una decisión que tomó el Consejo de Estado, que no fue bien recibida por el Gobierno de Gustavo Petro.
Todo el lío comenzó con la reforma pensional, ya que esta abría una oportunidad de traslado entre regímenes para las personas a las que no les aplicaba la nueva ley.
De este modo, a quienes les faltaran menos de 10 años para recibir su pensión podían recibir una doble asesoría y decidir si quedarse en una administradora privada o en Colpensiones. Esa parte de la ley está vigente, pese a que en junio de 2025 la Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional, con la excepción de los artículos sobre el traslado.
De este grupo de personas, a la fecha, la Superintendencia Financiera establece que 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional. De ellos, 24.331 ya están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones, pero el dinero no le ha llegado a la entidad.
La reforma dice que el dinero ahorrado a un fondo que manejará el Banco de la República. Pero como no está vigente, el Gobierno Nacional sacó un decreto para trasladar los recursos de quienes se trasladaron y, especialmente, de los que ya están recibiendo su mesada, cuyo monto total asciende a COP 8,7 billones, según la Superfinanciera.
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Pero el 28 de abril, la Sección Segunda había suspendido una parte de las medidas, con la que se había ordenado el traslado de más de COP 27 billones a Colpensiones. Para ese caso, los dineros correspondían a quienes se habían pasado de fondos privados al público, pero no se han pensionado.
Y esta semana, el alto tribunal también decidió suspender el traslado de COP 5 billones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones y dejar sin efecto la totalidad del decreto que ordenaba el paso de los dineros. Así volvieron a crecer las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que las suspensiones decretadas por el Consejo de Estado estarían priorizando los intereses de las administradoras de fondos privados por encima de los derechos de los pensionados.
“No tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores. Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”, señaló.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó como una acción que “acaba con el derecho a la pensión”. “Eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”, dijo.
Además, la Superfinanciera inició investigaciones sobre el traslado de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. Se trata de los procesos correspondientes a los afiliados que aplicaron la oportunidad de traslado que abrió la reforma pensional para pasar del régimen privado al de prima media y que ya están recibiendo su pensión.
Mientras que el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, recibió con “beneplácito la decisión. Explicó que en la práctica lo que ahora establece la ley es que esos recursos deben permanecer ahorrados, en lugar de destinarse de manera inmediata al pago de pensiones.
El presidente de Asofondos asegura que “no se están ganando un solo peso por tener esos recursos” y que pueden transferirlos sin problema tan pronto lo indique el Consejo de Estado.
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¿De quién es el dinero y dónde debería estar?
Los dineros de los que se habla son de quienes se trasladaron de un fondo privado a Colpensiones y que ya cumplieron con todos los requisitos de pensión.
El artículo 76 de la ley pensional, que está vigente, establece claramente que la plata de quienes usaron la oportunidad de trasladarse de régimen debe seguir en los fondos hasta que se cumplan los requisitos de pensión.
La reforma también establece que las AFP se quedan con el dinero hasta que la persona ya esté pensionada. En ese momento deben pasar el dinero ahorrado a un fondo que manejará el Banco de la República, pero esto todavía no existe porque la ley está congelada.
El principal argumento del Gobierno, y en el que basó su decreto en estudio, es que, como todavía no hay reforma pensional, las reglas de juego siguen siendo las establecidas en la Ley 100 de 1993. Y esa ley dice que, si una persona se traslada, también se traslada la plata que tenía ahorrada.
Además, desde el Ministerio de Hacienda se quejan de que ya deben empezar a pagar las pensiones de los que se trasladaron, pero que todavía no han recibido el dinero de las AFP que existe para tal fin.
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