Persisten licitaciones amarradas, advierte la Contraloría

Si bien la Ley 1150 de 2007 ha mejorado mucho la contratación en el país, es evidente que todavía hay fallas en cuanto a que la elaboración de los pliegos de condiciones de ciertas licitaciones daría la impresión de que pudiera existir algún tipo de direccionamiento, en donde se descalifica a unos proponentes y se habilita a otros.

"Esto es lo que hay que evitar. Hay que tener políticas públicas suficientemente claras en materia de contratación, que impidan que haya direccionamiento de los pliegos y que eso atente contra la pureza de la contratación pública", advirtió el contralor General, Julio Cesar Turbay Quintero.

Según un comunicado de prensa, cuando los procesos de condiciones de las licitaciones no obedecen a políticas públicas, se puede permitir que se amarren las licitaciones y que, desde el diseño del pliego de condiciones, se descalifique o se califique a unas empresas y que, en suma, haya criterios caprichosos para escoger, explicó.

Algunas veces se pueden estar dando situaciones que descalifican a unos proponentes y generan todas las oportunidades a otros, caso en el cual puede hablarse de un tratamiento preferencial en los pliegos de condiciones.

"Se puede pensar que a veces se direccionen los pliegos de condiciones, cuando se ponen mayores o menores exigencias de capacidad financiera, técnica y de experiencia", insistió.

El contralor se refirió en su exposición a las nuevas disposiciones legales que expidió el gobierno para generar oportunidades de contratación a las Pyme dijo que si bien es optimista sobre su aplicación, considera necesario advertir que no se deben distorsionar, quitándole oportunidades a las empresas.

"Hay que tener especial cuidado y que las empresas del Estado no se presten para unir ítems que pueden aumentar el valor y descalificar las Pymes", señaló.

Reiteró que va a presentar a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que permita a la Contraloría General de la República hacer "control fiscal posterior inmediato".

Consideró que, en procura de la defensa del patrimonio público, es importante que desde la etapa precontractual se distribuyan los potenciales riesgos de la ejecución contractual, con lo cual se delimitan las responsabilidades, y se mitigan contingencias litigiosas, no solo en materia de concesiones sino en todo tipo de contratación estatal.

Este es uno de los temas que ha puesto de presente la Contraloría General de la República frente al tema de la adjudicación del Tercer Canal de Televisión, recordó.

"Lo anterior supone una debida planeación precontractual que lleve a una selección objetiva fundada en criterios normativos claramente descritos en la ley y del cual no deben apartarse los gestores fiscales", agregó.

Desde la entrada en vigencia de la ley 1150 de 2007, la Contraloría General de la República ha detectado en sus diferentes auditorías a la línea de contratación que no se ha dado la suficiente importancia y trascendencia a la planeación de los procesos contractuales, lo cual posteriormente podría derivar en una ejecución contractual ineficaz, se lamentó Turbay Quintero.

El Contralor consideró que las garantías constituyen un importante avance en la nueva ley de contratación y en su reglamentación, en la medida en que su expedición generas su validez y ni esta ni su vigencia se sujetan al pago de la respectiva prima.

Control de advertencia 

El contralor General solicitó al ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, tomar las previsiones necesarias para evitar un detrimento al Estado por cuenta del riesgo que representa la suscripción del contrato de concesión para la generación, distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica para Amazonas y Vaupés.

Consideró que, de ser preciso, el Ministerio de Minas de Energía debe suspender la suscripción de este contrato. El jefe del ente de control hizo uso de la función de advertencia para señalar al ministro los riesgos que para el patrimonio de la Nación se derivan de esta adjudicación.

La advertencia está sustentada en el incumplimiento de requisitos que afectarían la viabilidad de la propuesta por parte de la Promesa de Sociedad Futura Energía para el Amazonas.

Dentro de la audiencia de adjudicación se presentaron evidencias sobre el incumplimiento en el pago de aportes parafiscales con destino al SENA, por parte de miembros de la Unión Temporal prometida. Tal circunstancia podría conllevar a la invalidez de la propuesta y por ende, de la adjudicación del contrato al proponente señalado.

El precio del kilovatio/hora propuesto por la Promesa de Sociedad es de 998 pesos, comparado con los propuestos por los otros dos proponentes ($1.800 y $2.300), indicaría que se propusieron precios artificialmente bajos, que inducen al error a la entidad adjudicante, y podrían llevar a un eventual desequilibrio económico en el contrato, en perjuicio de los intereses patrimoniales del Estado y de la prestación del servicio a la comunidad, advierte el informe de la Procuraduría.

Dice que la empresa que se hizo a la adjudicación no tiene la capacidad financiera propia y autónoma para la ejecución del contrato, y que se apoyaría en los 15 mil millones de pesos que la Nación le trasladaría.