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Amparado por la Constitución, el presidente Gustavo Petro asumió la regulación de los servicios públicos. Mediante la firma de un decreto, se estableció que el mayor mandatario desempeñará este rol durante tres meses, en lo que buscaría revisar las fórmulas que rodean al incremento que han tenido las facturas (especialmente la de la energía) en los últimos meses.
Actores como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) han alertado sobre los riesgos que acompañan a este tipo de decisiones, pues el sector de la energía venía funcionando (durante casi 30 años) con un modelo que, a su juicio, les ha brindado la seguridad jurídica y financiera que las ha permitido ampliar la oferta de energía en el país, sin que el Estado haya que tenido que hacer grandes inversiones de su presupuesto para esto.
La CREG ha solicitado (mediante una carta enviada a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez) que cualquier ajuste que se haga a las tarifas, o al modelo que regula las mismas, debe responder al resultado de un riguroso análisis técnico. La comisión hace un especial énfasis en esto, pues recuerda que el país se encuentra en un momento de transición en donde se debe garantizar un crecimiento en la oferta que responda a la demanda que habrá en 2027, y en los años siguientes. En suma, si no se dan garantías jurídicas ni financieras a quienes invertirán en este despliegue, la calidad y continuidad del servicio podría verse afectada.
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Ante esta ola de incertidumbres que ha generado la decisión del presidente, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, explicó esta mañana en Blu Radio que de ninguna manera el presidente cometerá arbitrariedades con la tarifas, sino que, por el contrario, buscará revisar la fórmula que permite el cálculo de la misma para, en conjunto con los actores inmersos en este sector, desarrollar los ajustes que sean necesarios para mitigar el efecto que estas están generando en los bolsillos de los hogares colombianos.
“No se trata de que el presidente vaya a sacar un decreto bajando las tarifas en determinado porcentaje. Se trata de agilizar un poco la revisión de los elementos que conforman la tarifa; la metodología para fijar las tarifas tanto de energía como de los otros servicios públicos. Entonces no será una medida arbitraria, seguramente escucharemos propuestas de los prestadores de servicios públicos”, precisó el superintendente.
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Quiroga precisó que parte de los ajustes podría incluir la desindexación de la inflación (IPC) como insumo para calcular el incremento tarifario. En su lugar, se buscaría una variable que se adecúe más a la realidad tarifaria en Colombia.
“Estamos mirando la fórmula con los técnicos. Incluso el decreto dice que el presidente se apoyará en las comisiones técnicas y reguladoras, estamos trabajando en los decretos que fijarán las metodologías para fijar las tarifas”, añadió.
Parte de las propuestas que espera recibir el Gobierno serán aportadas por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén). “Estamos trabajando en una serie de propuestas que queremos presentar al Gobierno la próxima semana, con objetivos alineados entre lo que el Gobierno está buscando y la sostenibilidad de nuestro sector”, comunicó este viernes.
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Así como la CREG, Acolgén solicita que las decisiones que se tomen respondan a la rigurosidad de los estudios técnicos que se adelanten.
“Insistimos al Gobierno Nacional para que las normas que se emitan respondan al marco constitucional y legal vigente, sean fruto del consenso y discusión de todos los sectores, se apoyen en argumentos técnicos y jurídicos sólidos, y se ponderen de forma tal que el cumplimiento de objetivos de corto plazo no sacrifique pilares básicos sectoriales, relativos a la suficiencia del abastecimiento y la seguridad energética. Desde Acolgen estamos atentos a continuar trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional y los demás actores interesados para seguir construyendo país”, concluyó.
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