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El régimen de arbitraje internacional de inversión básicamente es un sistema que, ante controversias, le permite a los inversores extranjeros demandar a los países en tribunales internacionales, en lugar de hacerlo en cortes nacionales.
Para los inversionistas esto se traduce en seguridad jurídica, pues cuando la demanda es contra un Estado, el hecho de que la discusión sea juzgada por una corte internacional se ve como un acto más neutral. Esas garantías motivan a que las inversiones se hagan en Colombia.
El Gobierno colombiano no confía tanto en esta figura. Recientemente el presidente Gustavo Petro anunció que el país saldrá de este sistema de arbitraje, bajo el argumento de que “terminan resolviendo disputas a favor de los privados”.
Este anuncio se hizo en el marco de la presentación del informe ‘El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el gobierno Petro’, que incluye un análisis técnico sobre las transformaciones que se adelantan y le han dado resultado al país, de la mano del jefe de Estado.
En sus declaraciones, el presidente señaló que Colombia no es el único país que ha tomado esta decisión, sino que otros, como Estados Unidos, también lo han hecho. “No veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, señala.
También puntualizó en que esta es una idea respaldada por 200 economistas quienes le solicitaron retirar al país de este régimen. La misiva lleva la firma de personas influyentes como el Nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty.
“Indudablemente creo que hemos abierto un debate mundial, no solo colombiano. Importante la carta de los 200 economistas más nombrados en cierta forma en el mundo, como Stiglitz, como Piketty, solicitándonos un cambio en las reglas del juego del arbitraje de inversión, un tema a entrar a estudiar ya, inmediatamente”, concluyó.
Según lo reportado por Presidencia, en estos momentos este tipo de demandas contra el Estado rondan los COP 52 billones.
“El déficit primario en Colombia son COP 63 billones, es decir, si perdiéramos todos esos tribunales por contratos hechos con multinacionales se duplicaría el déficit primario”, agregó.
Para el mayor mandatario, las garantías que requieren los inversionistas se mantienen, a la par de que señaló que se creará un tribunal especial para que asuma este tipo de procesos, de manera multilateral y con neutralidad tanto para el contratante como para el contratista.
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, señala que no es cierto que estos tribunales siempre fallen a favor de las multinacionales.
Argumenta que, con base en los comunicados oficiales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en las 12 decisiones arbitrales que se adelantaron entre 2021 y 2024, Colombia ganó 10 y perdió 2.
“Lo que sí muestran las cifras oficiales es que, desde el inicio de este gobierno, aumentaron las controversias y la exposición del país: el inventario pasó de 20 a 34 casos, y las pretensiones reportadas de COP 10,79 billones a COP 59,52 billones”, detalla.
Para esta directiva, más que pensar en sacar al país de este régimen, se deberían corregir las causas que elevan esos riesgos para la nación.
“Este no es un debate de blanco o negro y adicionalmente es un debate muy serio porque el problema de fondo no es simplemente quedarse o salirse del arbitraje internacional. El problema de fondo es la seguridad jurídica que hoy está ofreciendo el país. Las controversias no nacen del mecanismo en sí mismo, sino de reglas cambiantes, menor previsibilidad, falta de coordinación institucional y debilidad en la prevención del daño antijurídico”, añade.
Lacouture también insiste en que salirse de este arbitraje le da menor confianza y menor seguridad jurídica para que los inversionistas le apuestan a Colombia. Con esta acción, detalla, se están dando señales de más incertidumbre, menor previsibilidad y más deudas sobre la estabilidad del marco institucional del país.
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