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El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso una nueva reforma tributaria para inaugurar la nueva legislatura, como ya lo había anticipado Germán Ávila, ministro de Hacienda.
El proyecto no es una ley de financiamiento, sino una reforma tributaria. Y, aunque en el imaginario popular ambas cosas pueden ser básicamente la misma, aquí hay una diferenciación importante: al ser una tributaria, no va amarrada a la presentación y discusión del Presupuesto General, que debe entrar al Congreso antes de finales de este mes.
La iniciativa del Gobierno busca, en sus propias palabras, “reducir el gasto tributario y equilibrar las finanzas públicas con énfasis en materias ambientales y de salud pública”.
El recaudo más grande: las exenciones parafiscales
De los COP 21,9 billones que el Gobierno quiere recaudar en 2027 con una reforma tributaria, cerca de COP 8,5 billones vendrían de una medida que no crea un impuesto nuevo, sino que recorta uno viejo.
Desde 2012, las empresas están exoneradas de pagar aportes a salud, SENA e ICBF por los trabajadores que ganen menos de diez salarios mínimos. Esa exención, que en su momento buscó incentivar la formalización laboral, es ahora la principal fuente de recursos del proyecto.
La propuesta es bajar ese umbral de diez salarios mínimos a tres.
El Gobierno argumenta que el beneficio de esa exención ya no tiene mayor efecto sobre la formalización cuando se trata de trabajadores de ingresos medios y altos, y que mantenerla es “fiscalmente costoso y socialmente regresivo”.
En una carta presentada al Congreso, el Ministerio de Hacienda asegura que el 86,9 % de los asalariados del país gana menos de tres salarios mínimos, así que la exención seguiría intacta para la mayoría.
Los sectores con mayor exposición a esta medida, según el documento, serían comunicaciones y actividades financieras y profesionales.
IVA a los combustibles
El IVA a los combustibles fósiles es la segunda palanca del proyecto. Cabe recordar que hoy la gasolina y el ACPM pagan un IVA reducido del 5 % sobre el ingreso al productor.
La reforma tributaria propone subir ese gravamen al 10 % desde enero de 2027 y llevarlo a la tarifa general del 19 % desde enero de 2028. Con ello, el Gobierno espera recaudar COP 3,6 billones el primer año y COP 7,58 billones en 2028.
El documento justifica la medida con una comparación regional: al 13 de julio de 2026, los precios de la gasolina en Colombia estaban 7,2 % por debajo del promedio latinoamericano, y los del ACPM un 28,4 % por debajo.
“El costo de los combustibles fósiles no refleja verdaderamente los costos sociales asociados a su uso”, dijo el Gobierno en su carta al Congreso, aludiendo a la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero y los problemas de salud pública.
Sobre el ACPM, el propio Gobierno reconoce que ese combustible es un insumo clave del transporte de carga y del agro y que un alza brusca en sus precios podría afectar la actividad productiva, pero que rara vez aumentos en IVA al productor se reflejan en su totalidad en el precio que paga el consumidor final.
El efecto inflacionario estimado de esta medida sobre el ACPM sería hasta de 0,34 puntos porcentuales directos sobre el IPC de 2027.
Impuesto al patrimonio y a la renta
El Gobierno también pretende ampliar el impuesto al patrimonio que creó en su reforma tributaria de 2022.
Hoy lo pagan quienes tienen un patrimonio neto superior a 72.000 UVT, equivalente a unos COP 3.771 millones de pesos. La propuesta de reforma tributaria baja ese umbral a 40.000 UVT, es decir, COP 2.095 millones. Con esa medida, el número de contribuyentes pasaría de 32.397 a 105.332 personas, el 1,7 % de los declarantes de renta.
Dentro de las justificaciones del Gobierno están que el 1 % más rico de la población posee más del 40 % de la riqueza total del país, y el efecto redistributivo de los impuestos actuales ha sido limitado.
Además, quienes tengan patrimonios superiores a dos millones de UVT, una cifra que en pesos equivale a unos COP 104,7 billones, enfrentarían una tarifa marginal del 5 % en el impuesto al patrimonio. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, esto solo alcanzaría a 66 personas en todo el país.
En lo que respecta a impuesto de renta de personas naturales, la tarifa máxima subiría del 39 % al 41 % para quienes tengan ingresos anuales superiores a 31.000 UVT, unos COP 1.624 millones de pesos al año, cerca de COP 135 millones mensuales.
Los tramos intermedios también se mueven: desde los 1.700 UVT anuales, las tarifas suben entre uno y dos puntos porcentuales. El Gobierno estima que esta medida generaría cerca de 1 billón de pesos adicionales en 2028.
Alcohol, tabaco y vapeadores
Entre otras disposiciones, el Gobierno agrupa un conjunto de medidas tributarias bajo el argumento de las “externalidades negativas”, es decir, costos que el consumidor no paga directamente pero que termina asumiendo el sistema de salud.
- El primero es el IVA a los licores. Hoy estos productos pagan un 5 %; la propuesta los lleva al 19 %, igual que cualquier otro bien gravado a tarifa general. Según estimaciones de la DIAN y el Banco Mundial citadas por el Minhacienda, eso generaría COP 726.000 millones en 2027 y, de paso, evitaría cerca de 1.400 muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol.
- El tabaco recibe el impuesto más fuerte. El impuesto específico por cajetilla de 20 cigarrillos subiría de COP 4.068 a COP 11.200. El Gobierno estima que eso se traduciría en un aumento del 57,7 % en el precio final de los cigarrillos.
- Los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que hoy no pagan este tributo, quedarían gravados con un impuesto de COP 2.000 por mililitro de líquido, que es la unidad en que se comercializa su contenido.
Con estas medidas, el documento proyecta una caída del 40,4 % en el consumo de cigarrillos y del 49,9 % en el de vapeadores. El recaudo combinado llegaría a COP 1 billón en 2027.
Qué les cobraría el Gobierno a las empresas
En la reforma tributaria con la cual se despide el Gobierno Petro, el sector financiero tendría una carga adicional permanente.
Cabe recordar que la reforma de 2022 ya les había impuesto una sobretasa de cinco puntos porcentuales sobre la tarifa general de renta, pero con fecha de vencimiento en 2027. El proyecto de reforma tributaria, presentado el pasado 20 de julio, propone subirla a 15 puntos y volverla indefinida.
La justificación del Gobierno es que, pese a esa sobretasa que rige desde 2022, el sector financiero “continúa ocupando una posición relativamente favorable en términos de carga efectiva” frente a otros sectores, y que hace falta “un aporte más balanceado”. El recaudo estimado de esta medida sería de COP 1,3 billones en 2027.
Para el sector minero-energético hay dos medidas:
- Equiparar la sobretasa del carbón con la del petróleo, que hoy operan con metodologías distintas pese a que ambas industrias tienen características económicas similares.
- El segundo es un impuesto especial del 1 % sobre el valor de las exportaciones o la primera venta de petróleo crudo y carbón, que aplicaría solo a los productores grandes, aquellos con renta líquida igual o superior a 50.000 UVT, unos COP 2.619 millones de pesos. Ese tributo generaría COP 869.000 millones en el recaudo de 2027.
Las plataformas digitales extranjeras también tendrían que poner más impuestos. La tarifa que hoy pagan sobre sus ingresos en Colombia por presencia económica significativa pasaría del 3 % al 5 %. Este mecanismo fue creado en 2022 para gravar a empresas que operan en el mercado colombiano sin tener sede física en el país. Esta medida generaría COP 232.000 millones adicionales al año.
El porqué de una reforma tributaria
Para este punto de la historia se da por descontado que el país debe entrar, de nuevo, en la discusión de qué hacer con sus ingresos y sus gastos por cuenta de la aguda situación de las cuentas nacionales.
Colombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente (con excepción de los años covid-19). La crudeza del indicador ha venido acompañada de caídas en recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.
Bajo los análisis del Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, una proyección mayor a la del Plan Financiero, que a principios de año estimaba esta variable en 5,1 % del PIB. Para 2027, el déficit debería corregirse hasta 4,9 % del PIB, en 2028 debería disminuir a 3,6 % y hacia el largo plazo, 2037, debería tocar un mínimo de 2,7 % del PIB.
Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ve un escenario inmediato bastante más dramático, con un déficit fiscal que podría llegar a 7,4 % del PIB y una deuda neta que llegaría a 61 % del PIB este año, el registro más alto en la historia nacional. El CARF ha calificado todo el escenario como “claramente insostenible”.
Parte de la estrategia para enderezar el curso pasa, justamente, por este proyecto de ley.
Precisamente, en la carta que acompaña el proyecto, radicada el 20 de julio ante la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, describe una situación fiscal que califica de “excepcional”.
“Colombia enfrenta una coyuntura fiscal excepcional, marcada por un desequilibrio estructural de las finanzas públicas que compromete la estabilidad macroeconómica”, dice el documento.
El origen del problema, según el Gobierno Petro, es que el gasto crece más rápido que los ingresos, y recortarlo no es sencillo: más del 90 % del Presupuesto General de la Nación es inflexible.
“El desbalance actual no responde a un hecho sobreviniente, sino a la rigidez del gasto sin un financiamiento asegurado, generando un desequilibrio acumulativo que trasciende el periodo de Gobierno”, asevera el Ministerio de Hacienda en la carta. Una presión que, en otras palabras, el próximo gobierno también heredará.
Ante ese diagnóstico, cabe recordar que el Gobierno activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal, un mecanismo que permite desviarse de las metas de déficit cuando hay riesgos para la estabilidad económica. El compromiso adquirido es volver al carril en 2028.
El Ejecutivo advierte que aplazar el ajuste “no solo agravaría los desequilibrios fiscales, sino que limitaría el margen de maniobra futura del Estado, obligando a tomar decisiones más drásticas y con mayores costos económicos y sociales”.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
