Plan de Desarrollo, con una carga tributaria sin cuantificar

El Congreso tiene hasta el 7 de mayo para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo./ Cristian Garavito

El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que espera llegar a las plenarias de Senado y Cámara sigue en el ojo del huracán, más por su contenido que por los efectos políticos que ha desatado tras vencer su primer debate, un poco azaroso, en las comisiones económicas del Congreso. 

El proyecto tiene “arandelas” frente a las que analistas muestran preocupación por los costos tributarios que enrarecen más el panorama fiscal del Gobierno, pese a que le acaba de aflojar un hueco a la correa de la regla fiscal.

El subdirector de Planeación Nacional, Rafael Puyana, considera que “el artículo cinco del Plan Nacional de Desarrollo establece que sus programas y metas deben ajustarse a los techos que fija el Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este es un plan ambicioso en sus metas, pero, al mismo tiempo, responsable con la capacidad fiscal”.

Preocupa que en el plan se hayan incluido temas abiertamente tributarios regionales y nacionales, resalta el director de Fedesarrollo y exdirector de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía. “Por lo menos van siete artículos que tienen que ver con temas tributarios que hablan de exenciones, deducciones y créditos fiscales”, sobre todo en un contexto de un panorama fiscal no despejado.

Para el coordinador ponente, Óscar Darío Pérez, el plan contiene pocos temas en materia tributaria. Sin embargo, menciona la creación de una tarifa de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) y una entidad que vigile el proceso de la adecuación de tierras. Lo primero se refiere a una tarifa de cobro por los servicios técnicos de planeación de la Unidad. El artículo faculta a la Upme para cobrar por los servicios de evaluación de proyectos de incentivos tributarios y conceptos de conexión, lo que pone un costo adicional sobre proyectos eléctricos.

La otra carga fiscal tendría que ver con la creación de una entidad responsable de la inspección, vigilancia y control de la adecuación de tierras que tiene un impacto fiscal, pues se trata de ejercer vigilancia sobre un servicio público no domiciliario (manejo del agua) que no vigila la Superintendencia de Servicios Públicos.

Mejía, por su parte, considera que varias propuestas generan inquietud. Está, por ejemplo, el artículo 106, que busca promover empresas nuevas que generen energía con fuentes no convencionales. Los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este sentido tendrán derecho a deducir anualmente de su renta por los 15 años siguientes al año gravable en que haya entrado en operación la inversión el 50 % del total de la inversión realizada.

Se incluyen créditos fiscales para inversiones en proyectos de investigación de desarrollo tecnológico o vinculación de capital humano de alto nivel. Se aprobó en el primer debate un subsidio de solidaridad pensional para las madres sustitutas. Todas estas iniciativas van cargando la balanza del lado de la cuenta fiscal, admiten analistas consultados.

Hay otras exenciones y beneficios tributarios. “Todo esto se puede justificar de manera individual, pero en el contexto de un panorama fiscal que no está despejado es inconveniente desde el punto de vista fiscal, no digo que cada artículo no tenga una justificación razonable que puede ser interesante, pero no es el lugar para esos temas”, sostiene el director de Fedesarrollo exponiendo su preocupación por los costos que tengan en las cuentas nacionales muchas de las propuestas en el plan.

Ni el Gobierno ha podido cuantificar el costo fiscal de los artículos con cargo tributario. “En materia tributaria se han ido ajustando algunos temas sensibles, como el de licores, el de la base de los trabajadores independientes para contribuir a la seguridad social y los subsidios, que el Gobierno y el Congreso consideraron que no son pertinentes para el plan porque forman parte de reformas integrales que se discutirán en su momento”, reconoció Puyana.

El funcionario recuerda que en el Plan se plantea una serie de acciones para promover aumentos sostenidos en la productividad. “(Está) el impulso que requiere el desarrollo de la ciencia y la tecnología por medio de beneficios tributarios para mipymes que inviertan en investigación y desarrollo, la adopción de tecnologías para generación de energías limpias o la formación y consolidación de clústeres creativos. Estos incentivos cumplen un importante rol en los sectores donde la inversión privada es muy baja, y son necesarios para su despegue”, dice el subdirector de Planeación Nacional en defensa de los costos tributarios de algunas iniciativas.

Aranceles a textiles

El texto, además, propone un arancel de 37,9 % a las importaciones de prendas de vestir cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para las que superen ese precio, establece un arancel de 10 % ad valorem, más US$3 por kilo. Esto ha generado discordia entre gremios como la Andi y la Cámara de la Confección. El primero argumenta que la política arancelaria le corresponde al gobierno y que la medida aumentaría el contrabando y expondría al país a sanciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Cámara de la Confección, por otro lado, afirma que es una medida necesaria para proteger la industria y empleo nacionales ante la “inundación” de productos asiáticos y africanos importados a muy bajos precios.

Óscar Darío Pérez, pese a no estar muy confiado en que la propuesta de los aranceles quede al final del proyecto, sostiene que hay que defender a los empresarios de la cadena fibra-textil-confección que se están quebrando.

“Debemos defender a los unos sin perjudicar a los otros”, dijo al admitir que Colombia puede ser sancionada por la OMC si no se respetan los tratados de libre comercio. La Andi recuerda que “el sector textil confección colombiano representa el 8,2% del PIB industrial del país, el 21% del empleo industrial colombiano y el 9% de las exportaciones manufactureras. En 2018 generó ventas por 5.000 millones de dólares, producción de 4.500 millones de dólares y más de 550.000 empleos formales”.

Puyana dice que “las propuestas que introdujo el Congreso, como las relacionadas con aranceles, deberán tener un debate sobre su conveniencia, beneficios y costos en el marco de las discusiones de plenarias en Cámara y Senado”. Para Fedesarrollo, por su parte, la ley del plan y el Congreso no son los escenarios para “estar discutiendo temas arancelarios”. Esa es una función que está en cabeza del presidente de la República, quien materializa las decisiones de política arancelaria y comercial en decretos. La primera semana de mayo es vital para conocer la suerte del Plan de Desarrollo que debe vencer varios escollos en las plenarias del Congreso.