Planean cirugía al Emisor

Figurar año tras año entre las instituciones mejor libradas del país en cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción y ser estricto en el cumplimiento de su función de controlar la inflación ya no parecen ser credenciales suficientes para decir que el Banco de la República está en consonancia con lo que el país necesita de él.

Figurar año tras año entre las instituciones mejor libradas del país en cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción y ser estricto en el cumplimiento de su función de controlar la inflación ya no parecen ser credenciales suficientes para decir que el Banco de la República está en consonancia con lo que el país necesita de él.

A usanza de otros países, ahora hay quienes le reclaman un papel más activo en el control de otras variables macroeconómicas. Le achacan cierto grado de responsabilidad en la creciente revaluación del peso y no faltan los economistas que le piden procurar por el empleo y el sector productivo.

El sustento de dichas afirmaciones es tan antiguo como controvertido, pero curiosamente acaba de llegar al Congreso, con el ropaje de de un acto legislativo, que fue presentado por Camilo Sánchez, nada más que el vocero económico del partido Liberal (susutento de la bancada gobiernista) en el Legislativo. La iniciativa pretende modificar los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, al igual que un proyecto de ley destinado a regular las inhabilidades de los funcionarios del Emisor una vez terminen su periodo.

La primera de ellas busca que el Banco de la República continúe con su objetivo primordial, que es controlar la inflación, pero procurando el crecimiento del sector productivo, al igual que el empleo. Así las cosas, Sánchez propone que el artículo 371 de la Constitución, quede de esta manera: “Serán funciones básicas del Banco de la República: mantener el equilibrio de los indicadores macroeconómicos a través del control de la inflación; propender por el pleno empleo y el crecimiento del sector productivo del país; regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de la última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del Gobierno”.

Sánchez explicó que “es de orden prioritario ampliar las funciones debido a que la experiencia que ha tenido que asumir el país con las soluciones adoptadas por la banca central para controlar la inflación, ha terminado hundiendo a otros sectores a través de políticos que estrangulan al sector productivo”.

Además, no le cuadran las cifras en materia de inflación: “hoy no se está cumpliendo con el objetivo primordial, puntualizado en el control de la inflación. Está claro que se tendría que hacer una maniobra muy extraña en los gastos estadísticos para que al final del año se llegara a tener el 4,5% máximo de inflación”.

Dentro de las propuestas del acto legislativo existe una que obligaría al Emisor a presentar ante el Congreso un informe anual sobre los asuntos que el legislativo le solicite. Otra proposición es quitarle el voto al ministro de Hacienda.

Eduardo Sarmiento, director del Observatorio Económico de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, considera que ampliar las funciones del Banco es positivo “ porque lo que se tuvo en estos últimos 20 años fue un Emisor que, en aras de bajar la inflación, causó desempleo y caída de la producción en 1999. Y, luego, en los últimos 10 años, el Banco para manejar los agregados monetarios causó un revaluación que ha azotado a la industria, al campo y al empleo formal. La gran pregunta es si lo pueden hacer. Es decir hasta qué punto ellos pueden conciliar inflación, empleo y producción y cuando haya conflictos qué criterio van a utilizar”.

En cuanto a la propuesta de quitarle al ministro de Hacienda el derecho a voto, Sarmiento explica que “ no es buena, porque le da total autonomía al Banco y no habría coordinación con el Gobierno. Se necesita que la política fiscal vaya delante de la monetaria, de manera de que lo que haga la primera genere compromisos en la otra ”.

Jorge Iván Bula, decano de la facultad de Economía de la Universidad Nacional, señala que “es interesante que el Banco ejerza su control teniendo en cuenta otras variables macroeconómicas como el empleo. No creo que el tema de la revaluación se le deba atribuir”. En cuanto a la posible reorganización de la Junta Directiva, Bula advierte que “las decisiones monetarias deben estar alineadas con las decisiones macroeconómicas”.

Juan Mario Laserna, senador del partido Conservador y quien perteneció cuatro años a la Junta Directiva del Emisor, opinó que el proyecto “es una reforma innecesaria, ya que el sistema funciona bien y es difícil que lo haga mejor”.

Laserna agregó que el Banco sí está controlando la inflación como se debe y que llegará a la meta. “Hoy en día sí mira el crecimiento, que es una aproximación al empleo. La revaluación depende de otros factores como el riesgo país y la bonanza petrolera, entre otros”.

La segunda de las iniciativas presentadas propone que “los miembros de la Junta Directiva del Banco quedarán inhabilitados para ejercer actividades políticas durante un año después de terminado su período”. También pretende que ‘las inhabilidades de orden constitucional y legal de los Congresistas, se apliquen igualmente a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República’.