El Ministerio de Comunicaciones impulsó en el Congreso el proyecto de ley que se materializó en la Ley 1341 de 2009, conocida como la Ley de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) que, entre otras cosas, cambió el nombre de esa cartera por el de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Pero empresarios del sector opinan que la nueva ley en muchos aspectos es de confusa redacción, por lo cual se generarán múltiples problemas de interpretación y que sus únicas novedades traen más problemas que beneficios.
Por ejemplo, la creación de la Agencia Nacional de Espectro, que puede convertirse en una entidad burocrática, pues no atribuye ni asigna el espectro, se limita a asesorar al Ministerio.
En cuanto a la protección de los usuarios, desde el trámite de la norma, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Eva María Uribe, se opuso a muchas disposiciones, como la eliminación de las funciones de vigilancia y control que tenía su despacho sobre los servicios de telefonía fija. Así, resultó que en circular del pasado 6 de agosto Uribe le notificó al sector que, en virtud de la nueva ley, esta Superintendencia no tenía competencia y se desprendía de toda responsabilidad sobre los servicios de telefonía fija y remitió todas las actuaciones al Ministerio.
Para limar asperezas, el pasado jueves 20 de agosto se efectuó una reunión entre la ministra María del Rosario Guerra, la Superservicios y Gustavo Valbuena, superintendente de Industria y Comercio. Al termino de la cual, la ministra expidió una circular que informaba que la entidad competente para la protección de los usuarios es la Superindustria.
Expertos del sector consideran que esa circular es nula, pues ese no es el medio para enmendar el error de la nueva ley, que le quitó las competencias en materia de vigilancia y protección a la Superservicios y olvidó indicar a quién las trasladaba. Además, con esa circular se contradijo la propia ministra, quien días antes había anunciado que contrataría al ex superintendente de Industria y Comercio Emilio Archila para preparar un proyecto de ley que crearía la Superintendencia de las Tic para llenar el vacío. En todo caso, esta nueva carga de trabajo que se le da a la Superindustria superaría su capacidad y por un buen tiempo las quejas de los usuarios se embolatarán al no existir una entidad con capacidad para tramitarlas.
Como si fuera poco, a dos semanas de promulgada la Ley de TIC, el Ministerio resolvió adjudicarle a un grupo empresarial, cuyo negocio principal es la distribución de licores y cigarrillos, la administración del dominio .co, en contra de su artículo 22 que le otorgó a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) esa competencia.
La Comisión Nacional de Televisión (Cntv) también resolvió no aplicar la nueva ley, al menos en cuanto a la exigencia de la subasta para el tercer canal de televisión.
Casi simultáneamente el Ministerio de las TIC decidió otorgarle a la ETB una licencia para prestar el servicio de televisión por suscripción a través de la tecnología IPTV. Este hecho seguramente será otro motivo de enfrentamiento entre la Cntv y ese Ministerio, a menos que se trate de todo lo contrario, como se puede deducir del anuncio de la vinculación de altísimas ex funcionarias de dicha Comisión en calidad de asesoras de la ministra Guerra, quienes en su momento sostuvieron que la adjudicación contrariaba las competencias de la Cntv.