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Este miércoles quedó lista y ajustada la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con 311 artículos, tras haber sido anunciada para la tarde del martes. Muchas dudas e inquietudes dejó un procedimiento que hasta el momento no tenía antecedentes para este tipo de proyectos. En la noche del martes les llegó a varios congresistas un texto de ponencia que posteriormente fue recogido. Al parecer no incluía varios artículos aprobados por consenso. “Estamos viendo el desorden absoluto del Gobierno Nacional y su pésima relación con el Congreso”, señaló la representante a la Cámara por Alianza Verde Katherine Miranda.
Las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara comenzarán a debatir el articulado del proyecto mayoritario respaldado por el Gobierno. Dos ponencias que fueron presentadas por Alianza Verde y la Lista de Decentes fueron rechazadas por la mayoría de congresistas. El PND, que estima inversiones por más de $1.100 billones, debe salir esta semana de las comisiones para ser estudiadas en las plenarias de Senado y Cámara.
El proyecto incluye un alza tarifaria al servicio eléctrico para los estratos altos de la población, industriales y comerciales de $4 por kilovatio hora de energía eléctrica consumido para salvar Electricaribe. Se excluye del reajuste a los habitantes de los departamentos de la Costa Norte.
Recuperar Electricaribe, que está en causal de disolución, pero que sigue en operación por prestar un servicio público, cuesta cerca de $7 billones, según cálculos del Ministerio de Hacienda, que ha explicado que la sobretasa tendría un costo de entre $600 y $1.500 al mes para las tarifas más altas.
“Los ponentes del Caribe colombiano defendimos esa sobretasa, que va a ser de carácter temporal”, indicó el senador conservador Efraín Cepeda. Con la sobretasa se espera obtener $180.000 millones por cada uno de los dos años que tendrá de vigencia esta iniciativa. La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, señaló que no se puede dejar sin el servicio a por lo menos 10 millones de habitantes de los departamentos de la Costa Norte. En la región, además, funcionan tres puertos que mueven el 70 % de la carga en contenedores.
En el último trimestre del año se espera recibir las ofertas de los operadores interesados en operar Electricaribe. El descalabro de la empresa eléctrica del Caribe le costó perder a la banca privada alrededor de $2 billones. Igualmente, se contempla la creación y el fortalecimiento de un fondo para prevenir futuras emergencias parecidas a las de la costa Caribe.
En la iniciativa del PND se contempla mantener los subsidios eléctricos para el estrato tres de la población, lo mismo que para los uno y dos que también gozan de beneficios en la factura del gas.
En cuanto a las facultades que solicitaba el Gobierno para privatizar empresas, estas fueron limitadas. “El Congreso no quiere expedir un cheque en blanco”, dijo Óscar Darío Pérez, coordinador ponente. Se le han entregado unas facultades particulares para fusionar entidades del mismo orden, como en el caso de tres fiduciarias estatales, dos aseguradoras y varias instituciones que hacen lo mismo y más de 60.000 trámites.
“Esas facultades se dieron para esos propósitos, fusionar esas instituciones (de manera) que le permitan al Estado competir”, dijo Pérez. Se estima que el ahorro por esos efectos superaría los $1,2 billones anuales.
También se incluyó una reforma para el Consejo Nacional Electoral de manera que no siga dependiendo de la Registraduría Nacional en lo presupuestal y financiero. Hay un tratamiento especial para la Contraloría General que le permita hacer la vigilancia de los recursos públicos en tiempo real.
Para el sector agropecuario, el proyecto incluye la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café, que busca evitar que los caficultores sigan al vaivén de la cotización internacional del grano sin ninguna protección.
Se crea, asimismo, el Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, que será administrado por el Ministerio de Transporte, con el fin de financiar el nuevo programa de modernización de los automotores de carga en el país.
La senadora Aída Avella, de la Lista de los Decentes, que sufrió una derrota con su ponencia presentada, calificó el Plan Nacional de Desarrollo de “desarticulado e incoherente en sus diferentes segmentos: el articulado de ley, las bases y los anexos, al igual que es regresivo e inequitativo, en materia de derechos sociales, violando incluso artículos de la Constitución”.
Por Jorge Sáenz V. / jsaenz@elespectador.com
