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El Fondo de Adaptación citó para la próxima semana a la interventoría encargada del puente Hisgaura en Santander, la firma ETA S.A., para que defina la fecha en la que entregará el informe técnico final en el que revele el estado real de la obra.
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Una vez se tenga el documento, el Fondo pasará a analizarlo y validarlo conjuntamente con el Invías para que se determine si se recibe o no el puente a satisfacción. En ese sentido, las entidades resaltaron que el Estado no ha recibido la obra, lo que significa que aún faltan por pagarse $14.000 millones de los 107.000 millones correspondientes al valor del contrato.
El director del Invias, Juan Esteban Gil, indicó que no se colocará el puente en servicio “hasta tanto no se tenga absoluta certeza técnica de la operación segura, tránsito seguro y los elementos que garanticen que la gente no pone en riesgo su vida”.
Por su parte, el gerente del Fondo Adaptación, Édgar Ortiz Pabón, explicó que vienen gestionando acciones encaminadas a exigir al constructor y al interventor el cumplimiento de las estipulaciones contractuales.
De hecho, con el constructor a cargo, la española Sacyr, se vienen presentando una serie de controversias contractuales, por lo que a comienzos de septiembre se instaló un tribunal de arbitramento que está en curso y que, según Ortiz le impide tomar medidas administrativas contractuales.
La construcción del puente se contrató en diciembre de 2013 a través de licitación pública luego de que se identificaran una serie de puntos críticos que requerían atención porque la temporada invernal había afectado varias carreteras del país.
Las entidades relataron que desde mayo de este año la interventoría advirtió que se presentaban unas deformaciones verticales en el tablero del puente y comenzó a solicitarle al constructor medidas correctivas. Ello llevó a que se incumpliera el plazo de entrega de la obra estipulado para el 31 de agosto de 2018.
Sacyr le aseguró al Gobierno, según contaron los funcionarios, que hará las modificaciones arquitectónicas necesarias para corregir los imperfectos, lo que implica, entre otras cosas, validar el diseño con una modelación que tenga en cuenta las nuevas cargas y geometría del puente una vez termine la construcción (análisis que se entregó a la interventoría el pasado 5 de octubre y que está en revisión) y realizar una prueba de carga como requisito necesario para la aceptación definitiva de la obra.
Desde entonces se vienen organizando visitas e inspecciones conjuntas, también por las preocupaciones expresadas por la comunidad de la zona que notó imperfecciones en el puente ubicado sobre una vía de 124 kilómetros que conecta Curos con Málaga (Santander).
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Cabe recordar que la obra tiene una póliza de estabilidad equivalente al 30 % del valor del contrato, la cual entraría a operar en caso de que se activen las medidas administrativas y legales frente al contratista e interventor ante un eventual incumplimiento.