¿Por qué el superintendente de Industria se declaró impedido en proceso contra empresas de seguridad privada?
Pablo Felipe Robledo explicó las razones por las cuales se aparta del caso en el que se investiga a Jorge Arturo Moreno, conocido como el zar de la seguridad privada. Este martes la SIC sancionó a siete empresas del sector con una multa de $26.000 millones.
Stefany Castaño Muñoz / @stefanycast
En enero de este año, el llamado zar de la seguridad privada, Jorge Arturo Moreno Ojeda, el autor detrás de las prácticas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), radicó ante esta entidad un documento de recusación, en el que denuncia la aparición de pruebas y falsos testigos en el proceso de investigación que se adelantaba en su contra y en el que el ente de control asegura que estas compañías simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas por un valor superior a los $70.000 millones entre los años 2009 y 2012.
Dentro de los testigos falsos que denunciaba el zar aparecía el nombre de Orlando Barrios, quien atestiguó en primera instancia en contra de Jorge Arturo Moreno, tiempo después se retractó y nunca desmintió dicha retractación. Este aparente testigo clave aseguró que fue “engañado, constreñido y amenazado para atestiguar” contra Moreno, según el documento conocido por este medio.
El superintendente Pablo Felipe Robledo contó cómo fue la llegada de Barrios al proceso de investigación, pues este hombre se vinculó por su propia voluntad a la entidad y quiso ser testigo delator para así proporcionar las pruebas que agilicen el proceso. “Él pidió una cita conmigo en diciembre de 2015. Yo lo atendí y le expliqué cuáles eran las consecuencias de ser este tipo de testigo en un caso como este, sin embargo, él accedió, rindió declaratoria y proporcionó algunas pruebas”, aseguró Robledo.
El documento de recusación mencionado señala varios impedimentos para que Robledo siguiera al frente de la investigación, entre los que está la denuncia realizada por el superintendente en mayo de 2016, que advertía un “mico” en la ley de la seguridad que avanzaba en el Congreso, que, de acuerdo con la cabeza de la entidad, afectaría la investigación del cartel de la seguridad y se convertiría además en un salvavidas para Moreno.
Sin embargo, el titular aclaró su impedimento para estar en frente de la investigación por cartelización de las siete empresas de seguridad privada, pues, es testigo del proceso penal que se adelanta contra Moreno Ojeda en la Fiscalía y la ley le impide ser testigo y juez del sujeto implicado. Cabe recordar que Moreno Ojeda lleva siete meses prófugo de la justicia y es requerido por la Interpol
El superintendente Robledo declaró anteriormente a El Espectador la presunta existencia del cartel y señaló que “lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías, al parecer, controladas por el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, más conocido como el zar de la seguridad privada”.
La investigación se inició en la Superintendencia contra el zar en el año 2011 y Robledo fue nombrado como cabeza de esta entidad en septiembre de 2012.Desde entonces, ha sancionado a más de cinco carteles empresariales entre esos el del papel higiénico, los cuadernos y los pañales.
Robledo ha sido enfático en no querer trasladar la disputa legal con Jorge Arturo Moreno a la opinión pública. Pese a esto, la entidad ya falló en contra de las siete empresas y sus directivos, incluido Moreno, imponiendo una sanción de más de $26.000 millones. El proceso en la Fiscalía sigue vigente contra el zar de la seguridad y ahora el superintendente pasaría de ser investigador a ser una ficha clave dentro del proceso.
En enero de este año, el llamado zar de la seguridad privada, Jorge Arturo Moreno Ojeda, el autor detrás de las prácticas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), radicó ante esta entidad un documento de recusación, en el que denuncia la aparición de pruebas y falsos testigos en el proceso de investigación que se adelantaba en su contra y en el que el ente de control asegura que estas compañías simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas por un valor superior a los $70.000 millones entre los años 2009 y 2012.
Dentro de los testigos falsos que denunciaba el zar aparecía el nombre de Orlando Barrios, quien atestiguó en primera instancia en contra de Jorge Arturo Moreno, tiempo después se retractó y nunca desmintió dicha retractación. Este aparente testigo clave aseguró que fue “engañado, constreñido y amenazado para atestiguar” contra Moreno, según el documento conocido por este medio.
El superintendente Pablo Felipe Robledo contó cómo fue la llegada de Barrios al proceso de investigación, pues este hombre se vinculó por su propia voluntad a la entidad y quiso ser testigo delator para así proporcionar las pruebas que agilicen el proceso. “Él pidió una cita conmigo en diciembre de 2015. Yo lo atendí y le expliqué cuáles eran las consecuencias de ser este tipo de testigo en un caso como este, sin embargo, él accedió, rindió declaratoria y proporcionó algunas pruebas”, aseguró Robledo.
El documento de recusación mencionado señala varios impedimentos para que Robledo siguiera al frente de la investigación, entre los que está la denuncia realizada por el superintendente en mayo de 2016, que advertía un “mico” en la ley de la seguridad que avanzaba en el Congreso, que, de acuerdo con la cabeza de la entidad, afectaría la investigación del cartel de la seguridad y se convertiría además en un salvavidas para Moreno.
Sin embargo, el titular aclaró su impedimento para estar en frente de la investigación por cartelización de las siete empresas de seguridad privada, pues, es testigo del proceso penal que se adelanta contra Moreno Ojeda en la Fiscalía y la ley le impide ser testigo y juez del sujeto implicado. Cabe recordar que Moreno Ojeda lleva siete meses prófugo de la justicia y es requerido por la Interpol
El superintendente Robledo declaró anteriormente a El Espectador la presunta existencia del cartel y señaló que “lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías, al parecer, controladas por el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, más conocido como el zar de la seguridad privada”.
La investigación se inició en la Superintendencia contra el zar en el año 2011 y Robledo fue nombrado como cabeza de esta entidad en septiembre de 2012.Desde entonces, ha sancionado a más de cinco carteles empresariales entre esos el del papel higiénico, los cuadernos y los pañales.
Robledo ha sido enfático en no querer trasladar la disputa legal con Jorge Arturo Moreno a la opinión pública. Pese a esto, la entidad ya falló en contra de las siete empresas y sus directivos, incluido Moreno, imponiendo una sanción de más de $26.000 millones. El proceso en la Fiscalía sigue vigente contra el zar de la seguridad y ahora el superintendente pasaría de ser investigador a ser una ficha clave dentro del proceso.