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La propuesta del senador Álvaro Uribe de crear una prima extra que mejore el acceso de los trabajadores a los productos y servicios de la canasta básica familiar fue aprobada en el Congreso. A la controvertida iniciativa aún le resta el aval de la Cámara de Representantes para convertirse en ley. Esto aplicaría solo para trabajadores que reciban hasta tres salarios mínimos.
El Espectador expuso esta mañana las inconformidades que tiene el sector empresarial, representado en asociaciones como Acopi y la Andi; y aún el mismo Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, que asegura que el impacto de esta propuesta sería negativo para la economía del país.
Al panorama que pintan los detractores del proyecto de Uribe, se suma el interrogante de por qué esta iniciativa trata diferente a las personas que trabajan en una pequeña empresa, si se les compara con quienes hacen lo mismo en una grande.
En concreto, el proyecto de ley de Uribe propone que por un año de trabajo, además de la prima de junio y diciembre que se entrega actualmente, se reconozca al empleado el equivalente a 15 días de su sueldo, si este labora en una empresa grande; diez días, si es de una empresa mediana, y cinco días, si es de una pequeña.
Así las cosas, un trabajador que realiza labores de limpieza, por ejemplo, y que recibe un salario mínimo, tendría un ingreso adicional de $414.058 cada año, siempre y cuando labore en una empresa grande. Pero si este presta las mismas funciones en una empresa mediana recibiría entonces $276.038 y, si trabaja en una pequeña, su prima de acceso a la canasta básica familiar sería de $138.019.
El pago de estas primas se haría por mitades, la primera en marzo y la segunda en septiembre.
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La asesora económica del senador Uribe, María Alejandra Urrutia, explicó a El Espectador que la medida no aplica por igual a todos los trabajadores debido a una preocupación manifestada por Fenalco y la Andi. “Las pequeñas y medianas empresas no tienen un gran flujo de ingresos. Los costos en los que ellos incurrirían serían muy altos y tendrían que despedir a mucha gente. Con la diferenciación la pequeña empresa no se vería tan afectada en los costos laborales y su trabajador podrá beneficiarse”, asegura.
Pero esta propuesta, tal y como está planteada también podría representar un comportamiento inusual en el mercado laboral, ya que una persona en busca de trabajo preferiría la empresa grande al saber que obtendría mejores beneficios económicos. Si gana un salario mínimo, por ejemplo, recibiría al año $276.039 adicionales, solo por haber tomado esa decisión.
Esto, eventualmente, podría afectar a las empresas emergentes que arrancan siendo micro o pequeñas en tamaño. “Puede pasar que el trabajador se sienta tentado a preferir la grande empresa, pero sería un caso hipotético porque él estaría actualmente en la pequeña y tendría que cambiarse de trabajo”, concluye.
Hay que recordar que este año cambia la definición del tamaño de las empresas en el país, estas ya no serán evaluadas dependiendo de la cantidad de empleados que integran su nómina y el volúmen de sus activos, en su lugar se evaluará los ingresos por actividades ordinarias.