¿Por qué no prosperó la creación de una nueva autoridad para las comunicaciones?

Las diferencias entre la ponencia del proyecto de ley que crea el llamado "regulador convergente" y el texto original del Mintic llevaron a este último a pedir el retiro. El Ministerio, ANTV, canales regionales, entre otros, señalan el riesgo de desfinanciación de la TV pública en caso de seguir adelante con la propuesta del senador Mario Fernández Alcocer.

Del Mintic, estuvo presente la viceministra, Juanita Rodríguez Kattah. / Gustavo Torrijos

En tiempos en que las personas ven televisión a través de internet, incluso en sus celulares, hay relativo consenso en que se requiere una entidad que establezca reglas de juego acordes a las necesidades de esa realidad, conocida como convergencia. Esta ha cambiado no solo la forma de nuestro consumo de contenidos, sino los modelos de negocio. Entre los más impactados han estado empresas como los canales y cableoperadores tradicionales.

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Tener reguladores convergentes es una tendencia global e incluso una recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, club al que Colombia acaba de entrar. El Gobierno, en un intento por atender las demandas del entorno, radicó en octubre pasado un proyecto de ley al respecto, que, luego de tener incluso un mensaje de urgencia ante el Congreso de la República, fue frenado ayer por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), entidad que pidió frente a las comisiones sextas del Senado y la Cámara de Representantes, reunidas este martes en el Capitolio, el retiro de la propuesta, que fusiona la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

La razones son varias, pero se pueden resumir en que la ponencia que preparó el senador Mario Fernández Alcocer, del partido Liberal, cambia, según la ANTV, cerca del 80 % del articulado radicado por el Mintic. Desventajas para la televisión comunitaria, así como la ausencia de representantes del Gobierno y de expertos en comunicación y contenidos (es decir, no solo economistas e ingenieros) en la junta de comisionados, son puntos que los opositores a la ponencia señalan.

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La gran preocupación es que con las modificaciones en la ponencia, dicen el Gobierno y representantes de la televisión pública, esta sufriría un déficit cercano a $123.000 millones, solo hablando del próximo año. El rechazo a ese escenario lo manifestaron entidades como el Mintic, la ANTV, los canales regionales, defensores de derechos humanos y en general trabajadores de la industria de la televisión pública. De hecho, este martes, mientras en el Capitolio se discutía el futuro del proyecto de ley original y de la ponencia, en la Plaza de Bolívar, un grupo de ciudadanos se manifestaba en contra, con camisetas estampadas con el mensaje #LaTvPublicaSeDefiende.

En la atropellada sesión en el Congreso, pues sólo se radicó una ponencia (de dos que se esperaban) y hubo discrepancias hasta para aprobar el orden del día, también hicieron presencia personas a favor de puntos de la propuesta de Fernández Alcocer, como la creación de un fondo único que fusione aquellos con los que actualmente se financian la televisión pública (Fontv) y el desarrollo tecnológico del país (Fontic). Una de ellas es Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).

Durante su intervención, sostuvo que, de haber recibido una, con gusto también habría lucido la camiseta en defensa de la TV pública. Según él, la propuesta del senador Fernández busca sostener la TV pública a futuro, teniendo en cuenta que los ingresos que nutren el Fontv vienen “de capa caída”. En 2017 ese fondo recibió recursos por $227.000 millones, provenientes en un 70 % de los operadores de televisión por suscripción.

Una cuota de 1,96 % al fondo único por parte tanto de los prestadores de servicios TIC (por ejemplo, operadores de telefonía móvil) y audiovisuales (empresas de TV abierta y por suscripción) es lo que propone el documento de Fernández Alcocer. Hoy para la TV por suscripción, el aporte está entre 1,4 % y 5,4 % de los ingresos (dependiendo del municipio), luego de un cambio regulatorio que los mismos operadores por cable y satélite celebraron el año pasado. Según Yohai, los recursos del fondo convergente llegarían a $1,3 billones, de los cuales 15 % irían para financiar la TV pública. La ANTV, sin embargo, resaltó que ese 15 % no está contemplado en ninguna parte de la ponencia.

Quienes defienden el texto de Fernández citan un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que recomendaba la existencia de un solo fondo, estudio que el Mintic y la ANTV no respaldaron, según dijeron Juanita Rodríguez Kattah y Ángela María Mora, viceministra TIC y directora de la ANTV, respectivamente. Pese a que se conoce el estudio del (DNP), el senador Ángel Custodio Cabrera, de la U, señaló la necesidad de tener un concepto del Ministerio de Hacienda para discutir de fondo el asunto de los recursos.

Para Mora, es necesario retomar la propuesta inicial del Gobierno, que tampoco está exenta de críticas. Asomedios, por ejemplo, ha criticado que, al liquidarse la ANTV, las funciones de vigilancia y control volvieran al Ministerio TIC, algo que ha recaído en una entidad aparte desde la Constitución de 1991. Por su parte, la Fundación Karisma y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) habían señalado la falta de debate parlamentario, así como la ausencia de temas que consideran relevantes, como la neutralidad de la red: “Los rápidos cambios del sector tecnológico, la entrada de nuevos actores y los retos derivados de nuevas formas de negocios obligan a un permanente seguimiento y actualización del marco legal de la neutralidad de la red. Esto también incluye la capacidad de vigilancia y control del regulador convergente en este materia”, dice una carta conjunta de Karisma y la Flip.

Tanto el proyecto de ley del Mintic como la ponencia son propuestas que están a punto de morir sin haber visto siquiera su primer debate. Los parlamentarios fueron citados de nuevo este miércoles en el Congreso para definir si se acepta retirar el proyecto de ley o qué ocurrirá con un tema que sin duda es fundamental para las comunicaciones y, por lo tanto, para la democracia y el desarrollo del país.

¿Por qué los cambios en la ponencia?

Durante la sesión de este martes en el Congreso, entidades como la ANTV manifestaron la sorpresa que les generaron los cambios introducidos en la ponencia y que esta fuera tan distinta al texto original. Al terminar la reunión, el senador Fernández Alcocer explicó que las modificaciones fueron producto de su trabajo y el de sus asesores.

"No somos subordinados del Gobierno", dijo, en referencia a que los ponentes tienen la facultad de "corregir, modificar y presentar como a bien lo tengan" sus propuestas. "Tampoco lo que presento es última palabra. Se somete a debate". Añadió: "Me basé en el estudio que hizo el DNP. Los privados y los operadores están invitados a la socializacion que se hizo hoy y a lo que se va a hacer en la Comisión Sexta para que cada uno manifieste su posición y sobre eso terminamos de construir la ponencia", sostuvo.

La respuesta es revelante teniendo en cuenta algunos antecedentes. En agosto pasado, El Espectador publicó un artículo en el que el senador Andrés García Zuccardi negaba injerencia de DirecTV en la formulación de un proyecto de ley, que finalmente no prosperó, a propósito de las suspicacias que habían generado los metadatos del archivo. Durante el fin de semana pasado, Noticias Uno hizo evidente que hay apartes idénticos entre la ponencia de Fernández y el texto que había hecho García. 

"La Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones (ANRC) es el órgano encargado de promover la competencia, y regular los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Para tales efectos, la ANRC contará con las funciones de que trata el artículo 3o. de esta ley", decía el documento de García, mientras el de Fernández plantea: "La Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones (ANRC) es el órgano encargado de promover la competencia, y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Para tales efectos, la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones contará con las funciones de que trata el artículo 6°. de esta ley". Lo mismo ocurre en el artículo que define las "Funciones".

El senador liberal afirmó que desconoce la similitudes que expuso Noticias Uno y negó haberse basado en la propuesta de García Zuccardi. Fernández también aseguró que su interés nunca ha sido afectar a los canales regionales. "Yo me crié con Telecaribe", dijo el senador, originario de Sincelejo. 

*El Espectador forma parte del mismo grupo de medios al que pertenece Caracol TV.