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La acción fue interpuesta contra la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol.
El argumento del Ejecutivo es que la volatilidad en la cotización del dólar y el petróleo impide una reducción en los precios de los combustibles en el país.
Uribe agregó que durante la primera semana de abril presentará el primer balance trimestral sobre la fluctuación de los precios de la gasolina y de cómo marcha el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles.
Sólo en enero este fondo registró un superávit de $200 mil millones.
Por su parte, Velasco señaló: “Resulta inconsecuente con la realidad económica del país disfrazar un impuesto que no ha sido aprobado por el Congreso de la República, lo que a todas luces es inconstitucional”.
Entre los argumentos que esgrimen los congresistas se encuentra que mientras en el resto del mundo los consumidores vienen pagando cada vez menos por los precios de la gasolina y el acpm, en Colombia la reducción en los precios internacionales del petróleo no se ha visto reflejada en los costos finales.
De acuerdo con Hugo Serrano, el Gobierno recolectará este año por concepto del sobrecosto del acpm y la gasolina unos $3,1 billones, lo que se constituye en un impuesto disfrazado.
Por El Espectador
