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La discusión del salario mínimo entra en su recta final. A la mesa de concertación le restan dos días hábiles para comunicarle al país si lograron, o no, llegar a un acuerdo.
De momento, las posiciones siguen separadas. Las centrales obreras propusieron un incremento del 16 %, mientras que los gremios plantearon un 7,21 %.
Este jueves, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo reuniones bilaterales con ambas partes con el propósito de acercarlos en medio de esta notable brecha.
Según lo manifestado por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, las centrales obreras no estarían dispuestas a continuar la concertación si los gremios no ajustan su propuesta y la elevan a por lo menos dos dígitos (10 %).
Por su parte, los gremios señalan que no responderán a condicionamientos, sino que continuarán presentando cifras que consideren “responsables” de cara al contexto económico de la nación.
La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, señaló en rueda de prensa que el ambiente en la mesa continúa siendo “amigable y tranquilo”. También que siguen teniendo voluntad de concertación y que están abiertos a explorar posibilidades que permitan ajustar la cifra que, en días atrás, presentaron.
“Pero eso sí, siendo responsables con las cifras de productividad e inflación. Con esas variables vamos a trabajar todos. El lunes traeremos nuevas propuestas”, concluyó Ospina, al señalar que, de momento, no descartan que sí puedan elevar su propuesta a una de dos dígitos.
Para el presidente de la Sociedad Agricultores (SAC), Jorge Bedoya, en este análisis no solo es importante pensar en los 2,4 millones de trabajadores que se ganan un salario mínimo en Colombia, sino también en los más de 11 millones que devengan menos, los cuales se suman a los 13 millones que permanecen en la informalidad. “Esta es una decisión que impacta a todo el mercado laboral”, precisó.
Si bien Bedoya reconoce que en el último año han crecido las oportunidades de trabajo, la gran mayoría de estos han sido informales, por lo que subir desmedidamente el salario mínimo, podría traducirse en una mayor barrera para que los colombianos accedan a la formalidad.
También está la presión inflacionaria, ya que si bien en los últimos años se han hecho esfuerzos para desindexar la mayoría de cobros del salario mínimo, siguen siendo muchos los que están atados y, de nuevo, un aumento considerable tendría el potencial de impactar el bolsillo de todos.
Por último, Bedoya citó lo dicho por la Junta Directiva del Banco de la República, al decir que el alza del mínimo podría crear presiones que impidan una reducción en las tasas de interés.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el lunes en la mañana organizará una audiencia pública, en la que se escuchará a todo aquel que quiera presentar argumentos que contribuyan en este debate.
También señaló que si es necesario quedarse hasta las 12 de la noche para llegar a la concertación lo harán, pues se mantiene la esperanza de que, a pesar de la notable brecha, se pueda encontrar un acuerdo.
El detalle de las propuestas
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. Esto llevaría el salario a COP 1.651.260 (un incremento de COP 227.760), mientras que el auxilio subiría a COP 232.000 (COP 32.000 más). En conjunto, el ingreso mensual de los trabajadores ascendería a COP 1.883.260.
Las centrales obreras respaldaron su propuesta con varios argumentos. Según explicó Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el aumento del 16 % en parte obedece al informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte una brecha de 50 puntos porcentuales entre el ingreso de los trabajadores que dependen del salario mínimo en Colombia y el denominado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que permite a un empleado y su familia cubrir sus necesidades básicas.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló días atrás que este último salario sería de COP 3 millones para un hogar de cuatro integrantes.
Arias también sostiene que parte del 16 % propuesto busca saldar una “deuda histórica” acumulada durante las concertaciones del salario mínimo en los últimos 20 años. Según las centrales, a los trabajadores no se les ha reconocido de manera adecuada su aporte a la productividad. Por eso, los economistas de estas organizaciones calculan que existe un rezago de otros 50 puntos porcentuales en el salario mínimo que aún no ha sido compensado.
En otras palabras, las cuentas que hacen las centrales estiman que hoy el salario mínimo es la mitad de lo que debería.
Finalmente, Arias señaló que, tras el hundimiento de la reforma tributaria, el Gobierno quedó sin los recursos que había previsto para financiar la inversión social en 2026. Por eso, para las centrales obreras, un aumento más robusto del salario mínimo se convierte en una alternativa para impulsar ese tipo de inversión por otra vía.
Incluso sin tener en cuenta lo anterior, la carta que destaparon los empresarios se encuentra muy lejos de la planteada por las centrales. Gremios como la ANDI, ACOPI y la SAC propusieron un aumento del 7,21 %. Con este ajuste, el salario mínimo subiría en COP 102.634, para ubicarse en COP 1.526.134, mientras que el auxilio de transporte aumentaría en COP 14.420, hasta COP 214.420. En total, el ingreso mensual de los trabajadores quedaría en COP 1.740.554.
Las cuentas dicen que lo que hoy separa a trabajadores de empresarios son COP 142.706.
Los gremios también presentaron argumentos para sustentar su propuesta. La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), María Elena Ospina, señaló que para construir esta propuesta se tuvo en cuenta la inflación observada (5,3 %), así como la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %. A esto se le sumaron 100 puntos básicos de ganancia real adicional, para ese total del 7,21 %.
Ospina señala que, si se tiene en cuenta que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, la propuesta empresarial resulta responsable tanto para las compañías como para los trabajadores. Recuerda que muchos cobros están indexados a este ingreso, por lo que un aumento excesivo podría presionar el costo de vida y acelerar la carestía en el país.
Las dos orillas
Llegar a un acuerdo no es fácil porque, tradicionalmente, empresarios y trabajadores se paran sobre teorías económicas distantes.
Según lo han expresado en los últimos años los empresarios, subir demasiado el salario mínimo puede ser contraproducente, ya que aumenta los costos de contratación. Esto, a su vez, limita la capacidad de las empresas para vincular más personal o, en algunos casos, las lleva a reducir su planta. Además, advierten que, para compensar ese incremento en los costos, muchas veces se ven obligadas a subir los precios de sus productos y servicios, lo que termina alimentando la inflación.
Se espera que este año ese argumento tome más fuerza, ya que al aumento del salario mínimo se sumarán los costos que traerá la reforma laboral, como la ampliación de la jornada nocturna y el incremento en los recargos por trabajo en días de descanso.
Las centrales obreras, por su parte, señalan que un buen incremento del salario mínimo se traduce en empleados con un mayor poder adquisitivo, lo cual deriva en un crecimiento en el consumo y, por ende, más ventas e ingresos para las empresas que, para atender la creciente demanda, tendrán que contratar a más trabajadores.
Como lo ha plasmado en sus decretos, la postura del presidente Petro se alinea con la de los sindicatos. Recientemente destacó que, aun con las considerables alzas que ha tenido el mínimo en los últimos años, el desempleo ha retrocedido (en octubre alcanzó la tasa más baja que se ha registrado para ese mes desde el año 2017, al consolidar un 8,2 %).
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, mostró en la más reciente reunión de la junta una visión que parece conciliar entre ambas posturas. Por un lado reconoce que un incremento desmedido puede traer presiones inflacionarias, ya que la demanda superaría la oferta y, en ese desequilibrio, los precios suben. Por el otro coincide en que un acertado aumento en el poder adquisitivo puede traer ese círculo virtuoso del que hablan los sindicatos.
“El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica unos retos importantes para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan deben compatibilizarse y buscar puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad”, señaló.
En palabras más coloquiales, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El alza del salario mínimo no puede ser una cifra tomada a la ligera, sino más bien el resultado de un cálculo minucioso.
En su momento, Fedesarrollo señaló que un aumento razonable para el salario mínimo sería del 6 % o del 6,5 %. La base técnica para esto es la suma de la inflación estimada para el cierre de este año, que es del 5,2 %, y la productividad que independiente de su medición fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %.
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