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Una diferencia de más de COP 114.000 millones en un contrato de aeropuerto terminó abriendo una indagación de la Procuraduría General de la Nación.
Ahora cada parte intenta fijar su versión antes de que el caso escale.
El Ministerio Público puso el foco sobre el contrato de modernización, operación y mantenimiento del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, suscrito por más de un billón de pesos. El punto crítico es el Valor Presente del Ingreso Esperado (VPIE), una variable que define cuánto se proyecta que recibirá el concesionario durante la vida del contrato.
Según la Procuraduría, ese valor “no coincide con el valor ofertado durante el proceso de selección”, lo que deja una diferencia de COP 114.437 millones, equivalente al 9,57 % del VPIE. En su lectura, eso “derivaría en la alteración de la ecuación económica del contrato” y podría generar un perjuicio para la Agencia Nacional de Infraestructura al inflar los ingresos proyectados del concesionario.
La entidad también advierte que, después de firmado el contrato, aparecieron inconsistencias en la minuta: indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables. Ajustes que, según señala, habrían sido solicitados por el concesionario.
La ANI respondió que “la inconsistencia fue entendida como un error involuntario de transcripción”, sostuvo la entidad. La diferencia detectada por la Contraloría (entre un VPIE de COP 1,30 billones y otro de 1,19 billones) no sería un cambio en las condiciones del negocio, sino un problema de forma.
La corrección llegó en 2025, mediante una modificación contractual que, según la Agencia, pasó por revisión financiera, jurídica, técnica, ambiental y de riesgos. “La finalidad fue alinear el texto del contrato con la oferta efectivamente adjudicada”, explicó.
La ANI insiste en que “no constituyó una alteración del objeto contractual ni una modificación de las condiciones materiales de la adjudicación”. Lo que buscaba era evitar interpretaciones contradictorias en una variable que afecta hitos futuros del proyecto.
Las dos caras de Núñez
De un lado, la Procuraduría ve un posible desbalance que podría favorecer al concesionario. Del otro, la ANI subraya un ajuste necesario para que el contrato refleje lo que ya se había adjudicado.
El aeropuerto Rafael Núñez está en plena transformación. La concesión, liderada por OINAC, contempla inversiones que han oscilado entre los COP 920.000 millones y 1,4 billones según las fases del proyecto, con obras que buscan ampliar la terminal internacional, modernizar la infraestructura existente y aumentar la capacidad operativa.
El plan incluye duplicar áreas, pasar de 25.000 a más de 44.000 metros cuadrados en la terminal internacional, ampliar parqueaderos y elevar la capacidad de operaciones aéreas. Todo pensado para acompañar el crecimiento del turismo en Cartagena, que proyecta más de 11 millones de pasajeros al año hacia 2032.
En los dos primeros meses del año, el aeropuerto movilizó cerca de 1,16 millones de pasajeros, un crecimiento de 12,3 % frente al mismo periodo anterior, es decir, unos 127.400 viajeros más, según la Aerocivil.
“La incorporación de soluciones tecnológicas propicia una operación más eficiente y orientada al confort de los viajeros”, señaló la ANI el año pasado al anunciar sistemas de acceso automatizado que prometen reducir entre 35 % y 40 % los tiempos de ingreso.
El proyecto avanza, pero no en línea recta. Ha tenido retrasos por disputas con comunidades cercanas y ahora suma un frente institucional.
El proyecto avanza, pero no en línea recta. Ha tenido retrasos por disputas con comunidades cercanas y ahora suma un frente de indagación previa por el Ministerio Público.
Por ahora, se buscan responsables. La ANI ya adjuntó documentos y dice estar lista para responder cualquier requerimiento adicional.
“Es respetuosa de las decisiones de los entes de control”, afirmó.
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