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Imaginemos que un Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una lista de propósitos de año nuevo o su versión moderna semejante a un collage que proyecta imágenes de un futuro deseable reemplazando las imágenes de la vida saludable y el gimnasio, por una sociedad con mayores niveles de acceso a salud y educación; la del carro y la casa más grandes, por un PIB creciente, idealmente por encima de las proyecciones; y la de las vacaciones en la playa o las montañas, por unos indicadores menores de contaminación y un mejor uso del suelo.
Aunque ambos ejercicios parecen repetir de manera periódica los mismos propósitos que no se alcanzaron durante el plazo establecido, el primero tiene la capacidad de impactar favorablemente o no una gran cantidad de metas de corto y mediano plazo de millones de familias en el país.
La lista de propósitos del cuatrienio del gobierno actual supone, entre otras cosas, una casa ‘más’ organizada, esta vez alrededor de un uso prioritario del agua y la tierra para la producción de alimentos. Se espera que esto signifique una estabilización de los precios de dichos productos a través de las tasas y sobretasas impositivas por el uso del suelo, lo cual puede generar el efecto contrario. Es decir, probablemente se logre bajar de peso, pero no necesariamente por el aumento de la actividad física, sino por la dieta.
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Esta lista también incluye “ascensos o cambios laborales” en tanto que propone incrementar la productividad del país en un 3 %, en promedio, a través de la industrialización del campo, el fortalecimiento del turismo y la transición de actividades económicas de los sectores mineros, hacia aquellas generadas por ‘energías limpias’ y renovables. Esto implicará crear más de 500 mil nuevos empleos, necesarios para las personas que deberán migrar de un sector a otro, quienes además requerirán acceso a programas de formación para sus nuevos roles productivos. Para lograr este propósito, los colombianos pagaremos más impuestos a las bebidas alcohólicas, azucaradas y al tabaco, entre otros.
Como en esta lista, también se encuentra la existencia de un mínimo vital de agua y de energía para zonas rurales y urbanas vulnerables, los hogares con niveles de ingreso medio-alto y en adelante contribuirán a través de un incremento gradual en las tarifas de servicios públicos para que podamos chulear este propósito al terminar el 2026. En años anteriores, un estudio de Raddar para la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, señaló que esta medida, solo aplicada para el servicio de agua, liberó el gasto de los hogares de ingresos bajos en cerca de un 11 %. El impacto de cumplir este propósito, esta vez a nivel nacional, tendrá por defecto un efecto mayor.
En términos generales, el Plan Nacional de Desarrollo que actualmente se discute en diferentes escenarios políticos es una lista de propósitos ambiciosa para los próximos cuatro años, que implicará implementar acciones que conlleven a mayores niveles de productividad de ciertos sectores (ajustes presupuestales), incrementos graduales de impuestos al uso de la tierra y al consumo de ciertos productos para reorganizar la casa, así como una mayor demanda de servidores públicos, que contribuyan al logro de las metas. Esto es un aumento del gasto de funcionamiento del Estado e incrementos en las tarifas de los servicios públicos para la mayoría de la población. Así que, tendremos una casa ‘más’ grande, organizada, estaremos ‘mejor’ alimentados, pero ¿a qué costo?
*Consultora de Raddar.
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