En el marco de la reforma rural integral del acuerdo de paz

Proyecto de decreto ley pone la tierra en debate

La expropiación, extinción de dominio e incluso la legalización de acumulaciones indebidas de tierra tienen preocupados a diferentes sectores. El Gobierno responde.

Según el Gobierno, el texto se someterá a consulta previa. / Cortesía PNUD

Ante las críticas que desde distintos sectores de la sociedad han surgido con respecto al proyecto de decreto ley de tierras, en el marco de la reforma rural integral acordada con las Farc en La Habana, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hicieron aclaraciones sobre la propuesta de normatividad, que esta semana está en proceso de socialización por parte del Gobierno en varias ciudades del país.

Una de las angustias del sector privado, como quedó plasmado en una comunicación del Consejo Gremial Nacional, es la expropiación y la “discrecionalidad demasiado amplia” de la Agencia Nacional de Tierras para tomar la “decisión de realizar expropiaciones, dejando a la propiedad privada en absoluta inseguridad jurídica”. Al respecto, el Gobierno aclaró que en materia de expropiación las decisiones seguirán en manos de un juez. La extinción de dominio en tierras ociosas, por otro lado, se busca dejar en manos del poder judicial, con previos avisos al propietario para darle la oportunidad de que ponga su terreno a producir y que, así, pueda conservarlo.

Según Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, el proyecto de decreto ley, que se someterá a consulta previa, busca “facilitar el acceso a tierras” de una forma “integral”, es decir, que quepan campesinos, finqueros y agroindustriales, respetando el modelo económico del país y, por ende, la propiedad privada. Miguel Samper, director de la ANT, agregó que en el documento son prioridad los campesinos pobres sin tierra o con tierra insuficiente.

Del lado de algunas organizaciones sociales y campesinas también se han escuchado críticas, por ejemplo, respecto a que en el articulado se retire el concepto de “familia” y se reemplace por “beneficiario”, en detrimento de la protección de la agricultura familiar. También que, según ellos, se permita la acumulación de baldíos. Yamile Salinas, asesora de Indepaz, opinó: “Además de premiar la ilegalidad, se menoscaba el derecho de la sociedad a conocer la ‘verdad de la magnitud del despojo y del abandono de tierras’”.

Al respecto, Samper señaló que ambas posiciones —la de la derecha y la de la izquierda— son radicales. "De un lado nos dicen que vamos a privilegiar acumulación de baldíos en cabeza de los empresarios. Por otro lado, nos dicen que vamos a expropiar empresarios para dar tierra a los campesinos". Explicó que los esquemas de derecho de uso sobre los baldíos de la nación no se aplicarán hasta que no se agote la demanda de tierras por parte de los campesinos que no tienen tierra o no la suficiente.

En definitiva, el funcionario respondió que el objetivo es “organizar la propiedad rural para todos los actores que existen en el campo, ratificando la propiedad privada, priorizando y privilegiando a los campesinos más vulnerables”. El Gobierno insistió en que es un proyecto de decreto con fuerza de ley en construcción, cuya socialización terminará el próximo sábado en Bogotá. Sin embargo, las organizaciones, congresistas y gremios siguen manifestando su consternación por un proyecto que derogaría la Ley 160 de 1994, es decir, el marco normativo de la reforma agraria vigente.

 

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