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Nueve trabajadores murieron el 15 de enero de 2018 cuando la Torre B del puente Chirajara colapsó sobre la vía Bogotá-Villavicencio. La reconstrucción tomó seis años y el nuevo viaducto quedó listo en febrero de 2024. Sin embargo, más de dos años después, esta infraestructura sigue sin funcionar porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha reparado el túnel 13 ni el puente Quebrada Seca, obras que un laudo de 2023 puso bajo su responsabilidad.
Este miércoles, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal de COP 824.960 millones a la ANI por no haber adelantado de manera oportuna esas obras, en el marco de una auditoría al contrato de concesión 4G del corredor Chirajara-Fundadores.
“Pese a que el viaducto Chirajara está terminado desde el 4 de febrero de 2024, a la fecha continúa sin recibo formal por parte de la ANI, sin entrar en operación y sin cumplir la finalidad para la cual fue construido haciendo uso de cuantiosos recursos públicos”, indicó la Contraloría en un comunicado.
¿Qué encontró la Contraloría?
La decisión del ente de control se da tras una auditoría al contrato de concesión 4G de la iniciativa privada Chirajara-Fundadores y otros contratos asociados a este corredor vial, durante las vigencias 2022 a 2025.
En el marco de esa revisión, el órgano de control evidenció que, pese a haberse construido el nuevo viaducto y finalizado con entregas de tramos viales entre junio de 2015 y febrero de 2024, hoy todavía existe un tramo de 6,5 km de la vía Bogotá-Villavicencio que no ha entrado en operación, debido a daños sin reparar en el túnel 13 y al colapso del puente 1 del sector 3A en las proximidades del kilómetro 58.
La base del hallazgo es un laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023, que estableció que la ANI asumió el riesgo de inestabilidad de la ladera del kilómetro 58 y le ordenó ejecutar las intervenciones necesarias para reparar el túnel 13 y el puente Quebrada Seca. Ese laudo lleva más de 32 meses en firme. Pese a ello, la Contraloría constató que la entidad no ha ejecutado ninguna intervención física en esas infraestructuras.
En contexto: Chirajara, de camino a la nada: se cayó hace ocho años y aún no se puede usar
El túnel 13, de 700 metros, y el puente Quebrada Seca son los eslabones que conectan a Chirajara con el resto del corredor. Sin ellos, no solo el viaducto permanece inutilizable: también quedan bloqueados cinco túneles y varios viaductos adicionales.
Como lo reportó este diario en enero de 2026, la ANI intentó tumbar el laudo. Presentó un recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado bajo tres cargos: falta de competencia del tribunal arbitral, fallo en conciencia y disposiciones contradictorias. El Consejo de Estado admitió el recurso en marzo de 2024, pero en junio de ese mismo año lo declaró infundado.
A inicios de este año, la entidad le dijo a este diario que la puesta en operación del túnel 13 y el puente Quebrada Seca está “supeditada a la disponibilidad presupuestal y a la definición y viabilización de la alternativa técnica más adecuada”. No hay fecha de inicio de obras.
¿Cuánto costarían las obras?
En cuanto a los costos, Alberto Mariño, presidente de Proindesa, el holding de infraestructura de Corficolombiana, dijo a El Espectador que Coviandes le entregó a la ANI un presupuesto estimado en COP 250.000 millones. La ANI, por su parte, estimó en COP 315.676 millones el costo total de atender las afectaciones del túnel 13, el puente 1 y el tratamiento de la ladera del kilómetro 58.
Fuentes consultadas por este diario estimaron que las obras tardarían cerca de dos años una v
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