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De cada 100 pesos que el Estado colombiano invierte actualmente, apenas 35 generan retorno productivo. Así lo estima ANIF en un documento publicado este miércoles, en el que el centro de pensamiento económico advierte que el principal problema fiscal del país no es que ingrese poco dinero, sino que se gasta mal y demasiado.
Para corregir ese desequilibrio, ANIF propone al Gobierno De la Espriella un ajuste fiscal mínimo equivalente a 3 puntos del PIB, unos COP 53 billones. La mayor parte, cerca del 77 %, tendría que venir de recortes y mejoras en el gasto público: COP 41 billones en total. El resto, COP 12 billones, provendría de medidas para combatir la evasión y aumentar la fiscalización tributaria.
El centro de pensamiento insiste en que el futuro de las finanzas públicas no debería depender de una nueva reforma tributaria.
Las finanzas que hereda el nuevo Gobierno
El desequilibrio fiscal que enfrenta el país tiene su origen, según ANIF, en el crecimiento acelerado del gasto público durante los últimos años, empujado también por sus altas inflexibilidades: compromisos que el Estado adquiere y que son difíciles de revertir.
El resultado es una brecha que, a juicio del centro de pensamiento, le corresponde principalmente al Gobierno entrante cerrar.
“Pasar la tijera”, pero sin dejar de invertir
ANIF estima que es posible reducir el gasto de funcionamiento en COP 14 billones mediante austeridad administrativa y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, que hoy generan un hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El segundo frente, y el más grande, es la inversión: el centro de pensamiento calcula ahorros por COP 27 billones a través de una racionalización del gasto contractual, priorizando proyectos de mayor impacto y reasignando recursos hacia iniciativas estratégicas.
Sin crecimiento, el ajuste no alcanza
Para ANIF, el plan fiscal solo será sostenible si va acompañada de una economía que crezca entre 3,5 % y 4 % anual, un ritmo que, según el centro de pensamiento, ampliaría la base tributaria y reduciría el peso de la deuda pública sobre el PIB sin necesidad de nuevos tributos. Para lograrlo, propone fortalecer la inversión privada, mejorar el entorno regulatorio, promover la formalización empresarial y reactivar los sectores que hoy presentan un rezago significativo.
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