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La incertidumbre persiste en torno al salario mínimo para 2026. La mesa de concertación, integrada por gremios y centrales obreras, no logró un acuerdo, por lo que la decisión quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien, conforme a la Ley 278 de 1996, tiene plazo hasta el 30 de diciembre para definir el incremento mediante decreto.
En su alocución presidencial de la noche antes a navidad, el mayor mandatario señaló que el incremento que ordenará para el salario mínimo buscará garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores, a la par de mantener su poder adquisitivo, como lo ordena la Constitución.
Petro señaló que por primera vez en Colombia se decretará un salario con base en la canasta mínima vital, en línea con lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concibe como salario mínimo vital y móvil.
Aunque este concepto no es nuevo, sí es uno que ha ganado protagonismo este año en la discusión. Se diferencia del salario mínimo en que este apunta a que los trabajadores tengan un real acceso a la canasta básica familiar.
Según lo explicado por el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón, este año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó a la mesa de concertación un informe sobre el salario mínimo móvil y vital.
Se estableció que, como mínimo un adulto debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de COP 394.819. Para un hogar de cuatro personas, esta cifra llega a los COP 1.288.654.
En costos de vivienda (durabilidad, espacio, instalaciones y accesorios), tener una que se considere digna ronda los COP 143.099 por persona, que serían COP 587.192 para un hogar de cuatro. Si se suma el costo de servicios públicos, de COP 124.588, da un total de COP 711.780.
Finalmente están los rubros de salud, educación y otros gastos esenciales (transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones). Por persona son COP 154.606, mientras que las otras necesidades del hogar son COP 827.549.
En suma, un salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes es de COP 2.982.960. La estimación de la OIT, puntualiza Garzón, es que hay 1,5 asalariados por familia, lo que da un salario neto de mínimo vital de COP 1.988.640 (en 2024, cuando el salario mínimo estaba en COP 1.300.000). El salario vital bruto, que es agregando los aportes a seguridad social, da COP 2.147.731.
Lo que el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras sostienen con estas cifras es que el ingreso más básico que hoy reciben los trabajadores en Colombia está por debajo de lo que organismos como la OIT consideran como realmente lo mínimo. Desde esta perspectiva, tener un incremento de dos dígitos para el año 2026 no suena algo caprichoso, como pudieran sugerir algunos representantes gremiales.
Sobre el alza salarial, el presidente Petro dijo: “ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % - refiriéndose al incremento real que ha tenido el salario en su gobierno -también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %”.
Las dos orillas
Llegar a un acuerdo no fue fácil porque, tradicionalmente, empresarios y trabajadores se paran sobre teorías económicas distantes.
Según lo han expresado en los últimos años los empresarios, subir demasiado el salario mínimo puede ser contraproducente, ya que aumenta los costos de contratación. Esto, a su vez, limita la capacidad de las empresas para vincular más personal o, en algunos casos, las lleva a reducir su planta. Además, advierten que, para compensar ese incremento en los costos, muchas veces se ven obligadas a subir los precios de sus productos y servicios, lo que termina alimentando la inflación.
Las centrales obreras, por su parte, señalan que un buen incremento del salario mínimo se traduce en empleados con un mayor poder adquisitivo, lo cual deriva en un crecimiento en el consumo y, por ende, más ventas e ingresos para las empresas que, para atender la creciente demanda, tendrán que contratar a más trabajadores.
Como lo ha plasmado en sus decretos, la postura del presidente Petro se alinea con la de los sindicatos. Recientemente destacó que, aun con las considerables alzas que ha tenido el mínimo en los últimos años, el desempleo ha retrocedido (en octubre alcanzó la tasa más baja que se ha registrado para ese mes desde el año 2017, al consolidar un 8,2 %).
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, mostró en una de sus más recientes reuniones de la junta una visión que parece conciliar entre ambas posturas. Por un lado reconoce que un incremento desmedido puede traer presiones inflacionarias, ya que la demanda superaría la oferta y, en ese desequilibrio, los precios suben. Por el otro coincide en que un acertado aumento en el poder adquisitivo puede traer ese círculo virtuoso del que hablan los sindicatos.
“El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica unos retos importantes para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan deben compatibilizarse y buscar puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad”, señaló.
En palabras más coloquiales, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El alza del salario mínimo no puede ser una cifra tomada a la ligera, sino más bien el resultado de un cálculo minucioso.
En su momento, Fedesarrollo señaló que un aumento razonable para el salario mínimo sería del 6 % o del 6,5 %. La base técnica para esto es la suma de la inflación estimada para el cierre de este año, que es del 5,2 %, y la productividad que independiente de su medición fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %.
La desindexación
El ministro de Trabajo señaló que parte de la conversación en la mesa tiene que ver con cómo desamarrar más y más cobros del salario mínimo. Puntualmente está la propuesta de que el cálculo de las Viviendas de Interés Social (VIS), y las de Interés Prioritario (VIP) dejen de calcularse en salario mínimos.
Aunque los subsidios de vivienda también se estiman en salarios mínimos, las cuentas del Ministerio de Trabajo apuntan a que esta desindexación favorecería el acceso a vivienda.
Otro cobro que también se desvincularía del salario mínimo son los relacionados a los servicios públicos, especialmente el del agua, que es al que más fuerte le pega el incremento que se le hace todos los años al ajuste salarial.
La propuesta con esto es preservar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores en Colombia.
La mesa tiene plazo hasta el 15 de diciembre para lograr un acuerdo. Si no se concreta, podrían habilitarse algunos días adicionales para que el Ministerio de Trabajo intente acercar las posiciones. Y si aun así no hay consenso, la decisión final quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien fijará el aumento por decreto.
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