Afirmar que la pandemia redefinió las prioridades en materia de política pública es, a estas alturas, una obviedad. Sin embargo, una emergencia de la que muchos prometieron “salir mejores” y “reinventarse” parece servir de excusa para perpetuar malas prácticas en materia de transparencia y ejercicio fiscal responsable. El presupuesto general de la nación para 2021 parece ser, lastimosamente, prueba de ello.
El proyecto comenzará en las próximas semanas su trámite en el Congreso. El debate, que debería ser un ejercicio de control del Legislativo al Ejecutivo, a menudo termina siendo un cheque en blanco para el ministro de Hacienda.
Esto es problemático por varias razones. La primera es la falta de detalle sobre cómo se planea gastar la plata de todos los colombianos. El presupuesto asciende a $313,9 millones de millones –los famosos billones–: $239 billones para gasto directo y el resto para pago de deuda. La mitad del gasto se concentrará en cinco ministerios: Educación: $45,6 billones; Salud: $34,4 billones; Trabajo: $23,3 billones; Hacienda: $19 billones, y Defensa: $15,7 billones.
¿En qué se gastará, exactamente? No es posible saberlo. En educación se habla de $42,7 billones para “funcionamiento”. Punto. Lo mismo pasa en salud, con $33,8 billones. ¿Funcionamiento con quiénes? ¿Dónde? El Gobierno prefiere no contárselos a los ciudadanos hasta que el Congreso firme el cheque en blanco.
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Así pasa con los demás sectores. En trabajo, por ejemplo, el presupuesto de funcionamiento es de $22,7 billones. Fin. En inversión se habla de $190.000 millones para “protección social”. Y ya. Será, ojalá, una inversión muy útil, dada la destrucción del empleo durante la pandemia y la falta de acción del Ministerio de Hacienda que, a pesar de tener los cálculos –y el dinero– para proteger los trabajos de millones de colombianos, no lo hizo.
Cabe anotar que de los $4,5 billones de inversión en el sector hacienda, $4 billones se gastarán en “gestión de recursos públicos”.
Los $101 billones restantes del gasto están divididos entre las demás entidades del Estado, con igual nivel de detalle.
El segundo punto es igual de preocupante: el presupuesto general para 2021 tiene un hueco de $38 billones. Para taparlo, el Gobierno plantea dos fuentes –de nuevo– gaseosas en su descripción y, a juzgar por la experiencia reciente, poco confiables en su ejecución.
La primera es la enajenación de activos del Estado; de ahí saldrían $12 billones. Vender empresas estratégicas sería como vender la casa para pagar arriendo, e implica dividendos más pequeños año tras año para la nación. ¿Qué empresas o acciones se planea vender? ¿ISA? ¿Ecopetrol? ¿Cenit? No se habla de ello.
Los otros $26 billones se obtendrían mediante “otros recursos de capital”. ¿Cuáles? El presupuesto no lo dice. Es posible que se esté buscando aprovechar las bajas tasas de interés con que cuenta Colombia actualmente; esto tiene sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que este año se planea aumentar el pago de la deuda en $22,2 billones frente a los pagos hechos el año pasado. Se pasaría de amortizar $52,7 billones de deuda en 2020 a $74,9 en 2021. Sin embargo, aun si se planea refinanciar $22,2 billones, el hueco –que pasaría de $38 a $16 billones– seguiría existiendo.
Ni la venta de activos ni los “otros recursos de capital” se mencionan en el mensaje presidencial que acompaña el proyecto. Aparecen en el anexo –que no tiene fuerza de ley–.
El presupuesto también se raja en transparencia: igual que en años pasados, se publicó en formato PDF –no Excel–. Parecería una trivialidad, pero no lo es. Esto impide el análisis rápido mediante software estadístico y pone trabas a periodistas, políticos, académicos y ciudadanos. No es claro por qué el Ministerio de Hacienda, que tiene los datos, no los publica. Tampoco a qué se debe la demora en publicar un presupuesto ciudadano que transmita claramente la información sobre gasto público. Todas estas conductas van en contra de la Ley 1712 de 2014, que consagra la transparencia y el acceso a la información como principios del ejercicio público.
Infortunadamente, el Gobierno no ha dado tranquilidad sobre el manejo del dinero de todos. Miremos qué ha pasado durante la emergencia: una investigación del Observatorio encontró que, aunque se anunció la inversión de $117 billones, solo se han dispuesto para gasto efectivo $25,5 en el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y no se ha ejecutado siquiera la mitad en el “pico de la pandemia”. Tampoco hay un reporte detallado de esos gastos: para conocerlos hay que armar un rompecabezas en páginas web oficiales.
El Gobierno debe rendir cuentas y presentar planes peso por peso y programa por programa –no billón por billón–.
El inédito escenario configurado por la pandemia no puede ser excusa para faltar a la transparencia en el manejo del dinero de todos.
La visión del Gobierno
Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto para el próximo año, sin deuda, se mantendrá en un nivel similar al de la vigencia fiscal actual, de cerca del 21 % del PIB. “Esto muestra el notable esfuerzo en gasto que hará esta administración para compensar la caída que se prevé que ocurra en el PIB real del presente año, estimada en -5,5 %”, dijo Alberto Carrasquilla, titular de la cartera, durante la presentación del proyecto al Congreso.
Los mayores recursos en el rubro de inversión, que cuenta con $53,1 billones para 2021, superan en unos $10 billones a los previstos para este año, lo que equivale a un aumento del 23,1 %, explicó el ministro Carrasquilla. En ese monto se incluyen $4,3 billones del plan para la reactivación de la economía.