¿Qué pasa con la plata que se incauta en Colombia?

¿Qué pasa con la tierra, los carros y el dinero incautados a delincuentes por el Estado?, ¿quién maneja esos recursos?, ¿cuánto valen?, ¿para qué se usan?, ¿en qué se invierten? La Sociedad de Activos Especiales (SAE) respondió y anunció que el avalúo de los bienes afectados con medidas cautelares y los bienes en proceso de extinción de dominio oscilan entre $5 y $6 billones, y que este año se transfirieron más de $57.000 millones a la nación.

Según Mauricio Solórzano, vicepresidente jurídico de la SAE, la mayoría del dinero entregado este año se obtuvo de la comercialización de 96 inmuebles, equivalentes a $21.000 millones, y de la monetización de divisas valoradas en $27.000 millones.

Por su parte, Alberto Lozano, consultor experto en previsión de lavado de activos, afirmó que durante el proceso de extinción de dominio muchos de los bienes incautados pueden volver al propietario o quedarse en manos del tenedor de buena fe.

¿Para dónde va el dinero?

La entidad aseguró que se entregaron $6.000 millones al Ministerio de Hacienda para fortalecer programas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, $11.000 millones al Ministerio de Justicia destinados a apoyar la política antidrogas, $12.900 millones al archipiélago de San Andrés para proyectos de educación superior e iniciativas sociales de la población racial, $15.000 millones al Consejo Nacional de la Judicatura para dotar la nueva sede judicial en la ciudad de Cali, $11.305 millones a la Policía Nacional para fortalecer los controles administrativos de sustancias químicas fiscalizadas, y $1.250 millones al Ministerio de Salud para apoyar programas de convivencia y seguridad en zonas de microtráfico.

Aunque todo parece indicar que el balance de la gestión de este año es positivo, “en comparación con 2015 la entidad registró un aumento histórico de cerca de 50 % en el total del dinero transferido y de 241 % por concepto de ventas”. La SAE espera que los resultados de 2017 sean mucho más contundentes.

Por eso, junto con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, están tramitando una nueva ley de extinción de dominio que busca agilizar los procesos de desalojo y recuperación material de los inmuebles, y así garantizar que el Estado tenga acceso inmediato a los dineros incautados.

Finalmente, durante este año, la SAE implementó una serie de medidas para fortalecer la transparencia institucional y combatir la corrupción. “Desarrollamos un portal digital orientado al seguimiento y control de la gestión de los depositarios, lo que nos ha permitido recuperar información financiera de 341 sociedades”.

¿Qué pasa con la tierra, los carros y el dinero incautados a delincuentes por el Estado?, ¿quién maneja esos recursos?, ¿cuánto valen?, ¿para qué se usan?, ¿en qué se invierten? La Sociedad de Activos Especiales (SAE) respondió y anunció que el avalúo de los bienes afectados con medidas cautelares y los bienes en proceso de extinción de dominio oscilan entre $5 y $6 billones, y que este año se transfirieron más de $57.000 millones a la nación.

Según Mauricio Solórzano, vicepresidente jurídico de la SAE, la mayoría del dinero entregado este año se obtuvo de la comercialización de 96 inmuebles, equivalentes a $21.000 millones, y de la monetización de divisas valoradas en $27.000 millones.

Por su parte, Alberto Lozano, consultor experto en previsión de lavado de activos, afirmó que durante el proceso de extinción de dominio muchos de los bienes incautados pueden volver al propietario o quedarse en manos del tenedor de buena fe.

¿Para dónde va el dinero?

La entidad aseguró que se entregaron $6.000 millones al Ministerio de Hacienda para fortalecer programas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, $11.000 millones al Ministerio de Justicia destinados a apoyar la política antidrogas, $12.900 millones al archipiélago de San Andrés para proyectos de educación superior e iniciativas sociales de la población racial, $15.000 millones al Consejo Nacional de la Judicatura para dotar la nueva sede judicial en la ciudad de Cali, $11.305 millones a la Policía Nacional para fortalecer los controles administrativos de sustancias químicas fiscalizadas, y $1.250 millones al Ministerio de Salud para apoyar programas de convivencia y seguridad en zonas de microtráfico.

Aunque todo parece indicar que el balance de la gestión de este año es positivo, “en comparación con 2015 la entidad registró un aumento histórico de cerca de 50 % en el total del dinero transferido y de 241 % por concepto de ventas”. La SAE espera que los resultados de 2017 sean mucho más contundentes.

Por eso, junto con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, están tramitando una nueva ley de extinción de dominio que busca agilizar los procesos de desalojo y recuperación material de los inmuebles, y así garantizar que el Estado tenga acceso inmediato a los dineros incautados.

Finalmente, durante este año, la SAE implementó una serie de medidas para fortalecer la transparencia institucional y combatir la corrupción. “Desarrollamos un portal digital orientado al seguimiento y control de la gestión de los depositarios, lo que nos ha permitido recuperar información financiera de 341 sociedades”.