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Un rezago con respecto al resto del sector, insolvencia e inviabilidad financiera estuvieron entre las razones que en 2006 dio el gobierno para liquidar la Administración Postal Nacional (Adpostal). En su reemplazo se creó 4-72, la actual empresa postal del Estado, cuyo nombre hace referencia a la ubicación de Colombia en el mundo.
Desde ese momento, adaptarse a la revolución digital, al auge de los correos electrónicos y, más recientemente, al comercio electrónico y nuevos competidores —tal como les ha tocado al sector transporte, audiovisual o de turismo, por mencionar algunos— ha sido uno de los mayores retos de la compañía.
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En los últimos años 4-72 se ha preciado de modernizar sus procesos, por medio de bandas de clasificación automática y la dotación de tecnologías móviles para su personal, entre otros. Sin embargo, algo parece no haber funcionado bien, a raíz del más reciente traspié que enfrenta la compañía: una carta enviada por el Ministerio de Justicia a Estados Unidos, a través de 4-72, y relacionada con la petición de pruebas en el caso de Jesús Santrich, que nunca llegó.
Hasta el momento, la empresa no ha dado una explicación de lo que sucedió. En un comunicado, la compañía postal expresó que “se encuentra recopilando la información detallada que permita establecer con precisión el estado actual del envío, que va más allá de las fronteras nacionales y así poder suministrar al remitente la trazabilidad del mismo”.
El comunicado es insistente en que la correspondencia es inviolable y privada. “4-72, está obligado a garantizar la confidencialidad de la correspondencia, por lo cual solo podrá remitir la información del servicio prestado al Ministerio de Justicia en calidad de remitente del envío”, añadió. En efecto, ese Ministerio contrató el servicio con 4-72, aunque vale la pena aclarar que las entidades del Estado no están obligadas a llevar sus procesos con el servicio postal estatal.
Como consecuencia del incidente, en redes sociales y a través de los medios de comunicación, muchos ciudadanos expresaron inconformismo con el servicio prestado por la compañía. Pese a que este diario intentó comunicarse con el presidente de la entidad, al momento de esta publicación no había sido posible.
Lo cierto es que, según la última rendición de cuentas, con vigencia 2017, es decir, en el gobierno anterior, 4-72 reporta una tasa de cumplimiento en los tiempos del 95 %. En entrevista con este diario en 2016, la anterior presidenta, Adriana Barragán, explicó que se había logrado aumentar esa cifra desde una cercana al 50 %. En ese entonces la funcionaria afirmó que las utilidades repuntaron, al pasar de una cifra cercana a los $4.000 millones anuales a casi $11.500 millones durante su gestión.
Actualmente, la empresa de correo mueve un promedio de 27 millones de envíos al trimestre, una cifra relativamente estable, en tanto que los operadores de mensajería expresa (servicio que prestan 160 habilitados ante el Mintic, pero que también puede prestar 4-72) movieron 105 millones en el tercer trimestre de 2018 (la última cifra disponible), una caída del 4,6 % en comparación con el mismo trimestre de 2017. En total, según el DANE, las actividades de correo y mensajería cayeron 0,8 % en el tercer trimestre del año pasado.
En cuanto a ingresos, sin embargo, los de la mensajería expresa registraron un aumento del 9,2 % en el mismo lapso, con un total de $612.297 millones; mientras que el operador oficial reportó $55.278 millones, 5,7 % más con respecto al tercer trimestre de 2017, y la mayor parte, cerca del 80 %, proviene del ámbito nacional. Un 15,9 % es por cuenta de los movimientos locales y apenas un 4,4 %, del internacional, un porcentaje similar a los ingresos que provienen del ámbito internacional para la mensajería expresa: 4,5 %. Para ellos, la mayor parte, el 69 %, viene por cuenta de movimientos locales y 26 %, de nacionales.
Es decir, el conjunto de empresas al que pertenecen Servientrega, Coordinadora, Inter Rapidísimo y otros tiene gran presencia local, y el operador oficial por su cuenta pisa fuerte en el ámbito nacional. Para ambos (el servicio oficial de correos y la mensajería expresa), la operación internacional es una mínima parte.
Las cifras son del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al que 4-72 está adscrito. La vigilancia y el control están a cargo de la cartera TIC, que, al momento de esta publicación, no había anunciado acciones respecto al caso de la empresa postal estatal y la carta del Ministerio de Justicia que nunca llegó a su destino.
Por Redacción Economía.
