¿Qué viene para EPM tras la renuncia de su junta directiva?
El alcalde, Daniel Quintero, designará a los nuevos miembros. Organizaciones como la Cámara de Comercio de Medellín respaldaron a los ocho directivos que dieron un paso al costado por estar en desacuerdo con el “manejo” de temas trascendentales como el litigio por Hidroituango.
La renuncia de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) motivó una serie de reacciones por parte de trabajadores, concejales, congresistas, organizaciones, entre otros, y no era para menos. Se trata de una de las compañías más importantes de Colombia y de la región, quizá la más notable en el sector de los servicios públicos, a cargo del proyecto de ingeniería más grande del país, Hidroituango.
La decisión de los ocho miembros se conoció el martes, luego de que el día anterior el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Álvaro Rendón, anunciaran el inicio de acciones legales por $9,9 billones en contra de diseñadores, constructores, interventores y aseguradoras del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
La junta manifestó que esta decisión, y otras fundamentales, como la intención de ampliar el objeto social de EPM, no fueron discutidas en el órgano directivo. Los ocho miembros manifestaron su “preocupación”, en carta dirigida al alcalde Quintero, por este “manejo” y el futuro del gobierno corporativo en la compañía.
Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, lamentó la renuncia de la junta directiva, sin embargo, manifestó: “entendemos que renuncian porque no tiene las garantías necesarias para orientar y dirigir la empresa más importante de los antioqueños”. Hizo un llamado al alcalde Quintero para que con “sensatez y serenidad retome la institucionalidad de la empresa”.
El Comité Intergremial de Antioquia, constituido por 29 Gremios y las 5 Cámaras de Comercio del departamento, manifestaron también su preocupación por lo ocurrido. ”Consideramos que el desconocimiento de la Estatutaria instancia de su Junta Directiva, en temas de enorme y estratégica trascendencia para la entidad, ignora preocupantemente aspectos básicos y fundamentales como las normas de su propio Gobierno Corporativo y pone en riesgo la estabilidad e intereses de la institución”, dijo el Comité a través de un comunicado.
Añadió que lo ocurrido genera una “pérdida de credibilidad en el manejo de la empresa, afectando gravemente su operación, la relación con la banca y los inversionistas, ocasionando problemas futuros que resultarán en nefastas consecuencias sociales y económicas que afectarán a millones de personas”
Y concluyó: “Anunciamos el compromiso de promover inmediatamente la constitución de un Comité Cívico que actuando como Veeduría cuide celosamente los intereses de EPM que son los de Medellín y de Antioquia para que en su actuar solo prevalezca el criterio técnico y la sensatez y se oponga y denuncie las actuaciones irregulares que se adelanten en esta sagrada entidad patrimonio de todos los antioqueños y como bien público también, de buena parte de los colombianos”.
Por su parte, la organización sindical Sinpro expresó, en horas de la mañana del martes, su apoyo a la junta y dijo que no es cierto, como según ellos pretende mostrar la administración de EPM, que se hubiera llegado a “consensos” en “diferentes temas”, en clara referencia a asuntos como el litigio por Hidroituango y el cambio en el objeto social de la empresa. Agregó que entre los trabajadores hay “malestar general” respecto a la administración del gerente y el alcalde, presidente de la junta directiva.
Luego de conocerse la renuncia, Olga Lucía Arango, presidenta de la junta directiva de Sinpro, emitió una declaración en la que pide al gerente Rendón “dar un paso al costado”, mientras que al alcalde Quintero le solicita escoger una junta de alta “idoneidad”.
Según el gerente Rendón, se estaba trabajando “a gusto” con la junta directiva, por lo que la decisión de la renuncia “duele”, como dijo en micrófonos de W Radio. El alcalde Quintero, por su parte, informó que se comunicó con los ocho miembros de la junta, que les agradeció por sus servicios y aceptó la renuncia. En entrevista con Noticias Caracol, dijo que se escogerá una “buena junta”, “independiente” y que dé “garantías” en el proceso de los $9,9 billones.
A través de un comunicado, EPM explicó que “frente a las medidas que se adoptarán para recomponer los órganos de gobierno existentes, corresponde al señor Alcalde de la ciudad, proceder a designar a los nuevos miembros de Junta que habrán de reemplazar a quienes han presentado su renuncia, pues es él, según la normativa aplicable, y fundamentalmente los estatutos, quien tiene la atribución de su nombramiento”.
En el comunicado, EPM insistió que, en todo caso, la competencia para la reforma de los estatutos (como ampliar el objeto social) no es de la Junta Directiva, sino, del Concejo de Medellín, por iniciativa del señor alcalde, quien efectivamente llevó a la corporación un proyecto de acuerdo para ampliar el objeto social de EPM.
Asimismo, dice el comunicado, en la junta se explicó que “la función de representar judicial y extrajudicialmente a la empresa recae en el gerente general y por tal motivo, la decisión de presentar la solicitud de conciliación extrajudicial, relacionada con la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, no era de la Junta Directiva”. Además, que era importante hacerlo porque estaban “próximos a cumplirse los términos que confiere la normativa procesal para presentar las reclamaciones, so pena de caducidad, circunstancia esta que debía evitarse”.
La compañía explicó que el trámite de conciliación tendrá una duración máxima de tres meses. “Si no fuere posible acuerdo alguno, el agente del Ministerio Público expedirá la correspondiente constancia en la que se manifieste la imposibilidad de acuerdo y será la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien dirimirá la controversia litigiosa entre EPM y los demandados”, concluyó en otro comunicado.
Quintero ha explicado que las acciones legales tienen como objeto que no se pierdan recursos públicos. Añadió que el compromiso de que Hidroituango entre a operar en 2021 se mantiene.
Vale la pena recordar que los miembros de la junta, que renunciaron, son Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas.
Conciliación con Mapfre
A través de un tercer comunicado (diferente al que se refiere a la renuncia de la junta y al litigio por Hidroituango), EPM informó que presentó una solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 32 Judicial II Administrativa De Medellín, en contra de la aseguradora Mapfre.
La solicitud está relacionada con la póliza todo riesgo sobre Hidroituango y con el “siniestro” del pasado 28 de abril de 2018, por el colapso del túnel en el proyecto que desató la contingencia que el país conoció. Los daños a EPM, dice el comunicado, “han sido estimados, a la fecha, en una suma cercana a los diez billones de pesos colombianos” ($10 billones).
“Teniendo en cuenta las coberturas, amparos y límites de la póliza, las pretensiones de la solicitud de conciliación ascienden a la suma de cinco billones trescientos ochenta y tres mil cero ochenta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y seis pesos colombianos” (casi $5,4 billones).
El motivo de este proceso es que Mapfre expidió no una póliza de cumplimiento, sino una todo riesgo de construcción. Se les demanda, además, no en virtud de la responsabilidad de los contratistas y en un proceso aparte porque existe una cláusula compromisoria.
Vale la pena recordar que ya se conocía que Mapfre cubriría los costos por la contingencia en Hidroituango. De hecho, en diciembre del año pasado, EPM comunicó que había recibido US$150 millones como primer pago por los daños materiales.
En horas de la tarde del miércoles, EPM amplió esta información y explicó que: “Dicha solicitud de conciliación se presenta con la finalidad principal de mantener abiertas todas las vías que caben para poder dirimir voluntariamente las diferencias que pudieran llegar a existir dentro del proceso de ajuste del siniestro ocurrido el pasado 28 de abril de 2018 (...)”. Y concluyó: “El proceso de ajuste que comenzó una vez ocurrido el siniestro, se viene adelantado de común acuerdo, en forma técnica y colaborativa conforme con los términos y condiciones de la póliza Todo Riesgo Construcción No. 2901211000362, en el que ya se han producido pagos”.
La renuncia de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) motivó una serie de reacciones por parte de trabajadores, concejales, congresistas, organizaciones, entre otros, y no era para menos. Se trata de una de las compañías más importantes de Colombia y de la región, quizá la más notable en el sector de los servicios públicos, a cargo del proyecto de ingeniería más grande del país, Hidroituango.
La decisión de los ocho miembros se conoció el martes, luego de que el día anterior el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Álvaro Rendón, anunciaran el inicio de acciones legales por $9,9 billones en contra de diseñadores, constructores, interventores y aseguradoras del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
La junta manifestó que esta decisión, y otras fundamentales, como la intención de ampliar el objeto social de EPM, no fueron discutidas en el órgano directivo. Los ocho miembros manifestaron su “preocupación”, en carta dirigida al alcalde Quintero, por este “manejo” y el futuro del gobierno corporativo en la compañía.
Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, lamentó la renuncia de la junta directiva, sin embargo, manifestó: “entendemos que renuncian porque no tiene las garantías necesarias para orientar y dirigir la empresa más importante de los antioqueños”. Hizo un llamado al alcalde Quintero para que con “sensatez y serenidad retome la institucionalidad de la empresa”.
El Comité Intergremial de Antioquia, constituido por 29 Gremios y las 5 Cámaras de Comercio del departamento, manifestaron también su preocupación por lo ocurrido. ”Consideramos que el desconocimiento de la Estatutaria instancia de su Junta Directiva, en temas de enorme y estratégica trascendencia para la entidad, ignora preocupantemente aspectos básicos y fundamentales como las normas de su propio Gobierno Corporativo y pone en riesgo la estabilidad e intereses de la institución”, dijo el Comité a través de un comunicado.
Añadió que lo ocurrido genera una “pérdida de credibilidad en el manejo de la empresa, afectando gravemente su operación, la relación con la banca y los inversionistas, ocasionando problemas futuros que resultarán en nefastas consecuencias sociales y económicas que afectarán a millones de personas”
Y concluyó: “Anunciamos el compromiso de promover inmediatamente la constitución de un Comité Cívico que actuando como Veeduría cuide celosamente los intereses de EPM que son los de Medellín y de Antioquia para que en su actuar solo prevalezca el criterio técnico y la sensatez y se oponga y denuncie las actuaciones irregulares que se adelanten en esta sagrada entidad patrimonio de todos los antioqueños y como bien público también, de buena parte de los colombianos”.
Por su parte, la organización sindical Sinpro expresó, en horas de la mañana del martes, su apoyo a la junta y dijo que no es cierto, como según ellos pretende mostrar la administración de EPM, que se hubiera llegado a “consensos” en “diferentes temas”, en clara referencia a asuntos como el litigio por Hidroituango y el cambio en el objeto social de la empresa. Agregó que entre los trabajadores hay “malestar general” respecto a la administración del gerente y el alcalde, presidente de la junta directiva.
Luego de conocerse la renuncia, Olga Lucía Arango, presidenta de la junta directiva de Sinpro, emitió una declaración en la que pide al gerente Rendón “dar un paso al costado”, mientras que al alcalde Quintero le solicita escoger una junta de alta “idoneidad”.
Según el gerente Rendón, se estaba trabajando “a gusto” con la junta directiva, por lo que la decisión de la renuncia “duele”, como dijo en micrófonos de W Radio. El alcalde Quintero, por su parte, informó que se comunicó con los ocho miembros de la junta, que les agradeció por sus servicios y aceptó la renuncia. En entrevista con Noticias Caracol, dijo que se escogerá una “buena junta”, “independiente” y que dé “garantías” en el proceso de los $9,9 billones.
A través de un comunicado, EPM explicó que “frente a las medidas que se adoptarán para recomponer los órganos de gobierno existentes, corresponde al señor Alcalde de la ciudad, proceder a designar a los nuevos miembros de Junta que habrán de reemplazar a quienes han presentado su renuncia, pues es él, según la normativa aplicable, y fundamentalmente los estatutos, quien tiene la atribución de su nombramiento”.
En el comunicado, EPM insistió que, en todo caso, la competencia para la reforma de los estatutos (como ampliar el objeto social) no es de la Junta Directiva, sino, del Concejo de Medellín, por iniciativa del señor alcalde, quien efectivamente llevó a la corporación un proyecto de acuerdo para ampliar el objeto social de EPM.
Asimismo, dice el comunicado, en la junta se explicó que “la función de representar judicial y extrajudicialmente a la empresa recae en el gerente general y por tal motivo, la decisión de presentar la solicitud de conciliación extrajudicial, relacionada con la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, no era de la Junta Directiva”. Además, que era importante hacerlo porque estaban “próximos a cumplirse los términos que confiere la normativa procesal para presentar las reclamaciones, so pena de caducidad, circunstancia esta que debía evitarse”.
La compañía explicó que el trámite de conciliación tendrá una duración máxima de tres meses. “Si no fuere posible acuerdo alguno, el agente del Ministerio Público expedirá la correspondiente constancia en la que se manifieste la imposibilidad de acuerdo y será la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien dirimirá la controversia litigiosa entre EPM y los demandados”, concluyó en otro comunicado.
Quintero ha explicado que las acciones legales tienen como objeto que no se pierdan recursos públicos. Añadió que el compromiso de que Hidroituango entre a operar en 2021 se mantiene.
Vale la pena recordar que los miembros de la junta, que renunciaron, son Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas.
Conciliación con Mapfre
A través de un tercer comunicado (diferente al que se refiere a la renuncia de la junta y al litigio por Hidroituango), EPM informó que presentó una solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 32 Judicial II Administrativa De Medellín, en contra de la aseguradora Mapfre.
La solicitud está relacionada con la póliza todo riesgo sobre Hidroituango y con el “siniestro” del pasado 28 de abril de 2018, por el colapso del túnel en el proyecto que desató la contingencia que el país conoció. Los daños a EPM, dice el comunicado, “han sido estimados, a la fecha, en una suma cercana a los diez billones de pesos colombianos” ($10 billones).
“Teniendo en cuenta las coberturas, amparos y límites de la póliza, las pretensiones de la solicitud de conciliación ascienden a la suma de cinco billones trescientos ochenta y tres mil cero ochenta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y seis pesos colombianos” (casi $5,4 billones).
El motivo de este proceso es que Mapfre expidió no una póliza de cumplimiento, sino una todo riesgo de construcción. Se les demanda, además, no en virtud de la responsabilidad de los contratistas y en un proceso aparte porque existe una cláusula compromisoria.
Vale la pena recordar que ya se conocía que Mapfre cubriría los costos por la contingencia en Hidroituango. De hecho, en diciembre del año pasado, EPM comunicó que había recibido US$150 millones como primer pago por los daños materiales.
En horas de la tarde del miércoles, EPM amplió esta información y explicó que: “Dicha solicitud de conciliación se presenta con la finalidad principal de mantener abiertas todas las vías que caben para poder dirimir voluntariamente las diferencias que pudieran llegar a existir dentro del proceso de ajuste del siniestro ocurrido el pasado 28 de abril de 2018 (...)”. Y concluyó: “El proceso de ajuste que comenzó una vez ocurrido el siniestro, se viene adelantado de común acuerdo, en forma técnica y colaborativa conforme con los términos y condiciones de la póliza Todo Riesgo Construcción No. 2901211000362, en el que ya se han producido pagos”.