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Colombia hoy tiene hogares más pequeños que hace cinco años, y eso está empezando a pasar factura.
Según un análisis del centro de estudios económicos ANIF, entre 2019 y 2024 el tamaño promedio de los hogares cayó de 3,1 a 2,86 personas, una reducción del 7,74 %.
Esta tendencia, asociada a la caída de la natalidad, genera preocupación por sus efectos sobre la economía, en especial en un país con población envejecida y crecientes compromisos fiscales.
“La reducción en el número de personas por hogar evidencia un problema estructural relacionado con la natalidad”, advirtió ANIF en su más reciente comentario económico.
En las ciudades, la caída fue aún mayor: el promedio pasó de 3,08 a 2,82 personas por hogar, es decir, una disminución del 8,44 %. En las zonas rurales, aunque la tendencia también es negativa, fue un poco menos marcada (5,68 %).
La Colombia que envejece
El análisis de ANIF parte de los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del DANE, que evidencian un fenómeno demográfico persistente: el país está envejeciendo. Y lo hace más rápido de lo que se había anticipado. De hecho, entre 2020 y 2024, nacieron 841.000 niños menos de lo proyectado originalmente, una cifra equivalente a toda la población de Cúcuta.
Este desfase entre lo esperado y lo ocurrido tiene implicaciones de fondo. La población colombiana envejece al tiempo que se reduce la entrada de nuevas generaciones al mercado laboral, lo que impacta la productividad y la capacidad de generar ahorro interno.
“Si el ahorro de la población joven no logra compensar el desahorro de las generaciones mayores, la inversión en capital podría reducirse, afectando negativamente el crecimiento económico”, advierte ANIF.
En otras palabras: menos hijos, menos fuerza laboral futura, y menos músculo para sostener a los adultos mayores que, en un futuro, también demandarán salud y pensión.
El desafío de las pensiones
Uno de los puntos más críticos tiene que ver con el sistema pensional.
ANIF parte de que el nuevo sistema pensional, que entrará en vigor este 1 de julio tras la aprobación de la reforma pensional del Gobierno, amplió el régimen de reparto para cobijar a todos los trabajadores que ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Esto, a criterio de ANIF, representa un riesgo para las finanzas públicas si no hay una base laboral sólida que respalde este sistema.
De nuevo, con menos jóvenes ingresando al mercado laboral y más adultos mayores solicitando pensión, el equilibrio financiero del sistema puede verse comprometido.
“La presión sobre las finanzas públicas aumentaría significativamente ante un incremento en la población pensionada que no sea compensado por un aumento proporcional en la población económicamente activa”, alerta el documento.
Y, aunque parezca lejano, los problemas ya se están viendo.
El estudio señala que la combinación de baja natalidad, hogares más pequeños y esperanza de vida en aumento es una fórmula que pone en aprietos al Estado en el mediano y largo plazo.
Según ANIF, si no se toman medidas urgentes (como fomentar la inclusión productiva de los adultos mayores y replantear los parámetros del sistema pensional), el país podría enfrentar serias dificultades para financiar sus compromisos sociales.
Así mismo, el documento postula mejorar los esquemas de ahorro previsional, y adaptar el modelo de salud y pensiones a una realidad poblacional que ya cambió.
Además, se requiere un mayor esfuerzo para comprender cómo la urbanización, la educación y las condiciones económicas han llevado a que cada vez más personas decidan tener menos hijos o, incluso, no tenerlos.
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