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El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, escribió este mes una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, para expresarle su “máxima preocupación” por los rumores sobre una inminente expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Fue la última de una larga serie de gestiones que no lograron evitar la nacionalización de la petrolera, consumada el pasado 16 de abril.
Así lo revela una nota informativa acompañada de un argumentario que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha remitido a sus 118 embajadas, para que los diplomáticos españoles expliquen, en los países en los que están acreditados, la posición de Madrid en su contencioso con Buenos Aires.
El documento asegura que la primera queja por la supuesta falta de inversiones de Repsol-YPF se la transmitió la propia Cristina Fernández al Príncipe de Asturias al 23 de enero; aunque probablemente la fecha es errónea, ya que fue el 11 de diciembre cuando ambos se entrevistaron en Buenos Aires, durante la toma de posesión de la reelegida presidenta argentina. A partir de entonces, según Exteriores, se desencadenó una “brutal campaña de hostigamiento”, una “verdadera campaña de acoso y derribo” contra la firma hispano-argentina, que produjo “una pérdida perfectamente intencionada del 60% del valor de las acciones de Repsol-YPF”, y culminó con una “expropiación ilegal y discriminatoria”.
El documento describe con detalle los momentos de tensión que rodearon la toma de control de la compañía por parte de las autoridades argentinas. “Mientras estaba todavía hablando la presidenta presentando la Ley de Utilidad Pública, el ministro de Economía, Julio de Vido, el viceministro Kicillof y otras personalidades, acompañadas de agentes de seguridad armados, penetraron por la fuerza en la sede bonaerense de YPF y expulsaron, con violencia física y amenazas, a los 15 ejecutivos españoles presentes tras concederles solamente cinco minutos para recoger sus pertenencias personales”.
Antes del asalto, agrega la nota, “las fuerzas de seguridad habían cortado todas las comunicaciones de la sede de YPF por teléfono, móviles o Internet. Posteriormente, algunos de los expulsados fueron buscados por las fuerzas de seguridad y duramente interrogados en el intento de encontrar argumentos contra Repsol. Los españoles y sus familias, visiblemente conmocionados y asustados, se refugiaron en la residencia del director de Repsol para Argentina hasta su repatriación”.
Antes de que se llegara a este punto, los pasados 21 y 22 de febrero el secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Jesús Gracia, viajó a Buenos Aires pero no logró que lo recibiera ningún responsable económico. El canciller, Héctor Timerman, le dijo que no podía abordar ningún tema empresarial, según el Ministerio de Exteriores. El 29 de febrero fue el titular de Energía, José Manuel Soria, quien viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el ministro de Economía argentino. “Ambas partes”, prosigue la nota, “acordaron la creación de un Grupo de Trabajo, bipartito e intergubernamental en asuntos relacionados con YPF”.
Posteriormente, las autoridades argentinas emitieron un comunicado desmintiendo la creación de este grupo de trabajo y declararon que “de ninguna manera los temas relativos a Repsol-YPF forman parte de la agenda bilateral entre España y Argentina”.
El documento califica de “falacia” la supuesta falta de inversiones de Repsol en Argentina, —asegura que estas suman US$20.000 millones desde 2006, con un récord de US$2.990 millones en 2011— y recuerda que el Gobierno argentino ha aprobado todos sus planes de inversión.
“Es probable que el descubrimiento del colosal yacimiento de Vaca Muerta, el 7 de noviembre de 2011, haya sido el detonante del giro de la actitud del Gobierno argentino que estaba, en estos momentos, en una situación muy difícil”, concluye el informe. Y agrega: “Se ha conocido en estos días que las autoridades argentinas se han contactado con importantes petroleras chinas para ofrecerles la explotación de varios yacimientos, en especial el de Vaca Muerta”.