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Dos familias de la Unidad Residencial Primero de Febrero, en el centro de Pereira, recibieron en la noche del jueves la orden de desalojar la que había sido su casa por décadas. El terremoto del 10 de agosto dejó en un limbo a estos edificios construidos hacia los años 70: de pie, pero condenados.
Según estos habitantes, las autoridades les confirmaron que hay que demoler seis torres de la primera etapa y ocho de la segunda, mientras el resto sigue en observación. La zona, conocida desde hace más de medio siglo como “Los Bloques”, queda a siete cuadras de la Plaza de Bolívar, uno de los puntos más afectados por el sismo más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo.
¿Qué va a pasar con estas familias? No solo en Pereira, sino también en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío; el occidente del país llora a sus muertos mientras espera anuncios que se traduzcan en hechos.
Cada damnificado representa una necesidad puntual que el Estado tendrá que resolver, caso por caso: la reubicación de quienes ya no pueden volver a su casa, el mejoramiento de una vivienda resquebrajada, la construcción de una nueva para quien no tiene a dónde regresar, y el sostenimiento de miles de personas que se quedaron sin trabajo o sin negocio de un momento a otro y que necesitan seguir adelante con su vida mientras reconstruyen lo demás.
Resolver todo eso no será algo enteramente nuevo para el país. Ya lo ha hecho, con resultados distintos, en calamidades anteriores. Las más cercanas en naturaleza a lo ocurrido este lunes 10 de agosto son los terremotos de Popayán, en 1983, y del Eje Cafetero, en 1999.
Un plan a la altura de la tragedia
El balance entregado el sábado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deja un país que sigue contando sus pérdidas: 294 muertos, 320 desaparecidos y 3.935 heridos. Según la entidad, 54.008 familias (115.461 personas) resultaron afectadas por el sismo.
Un comunicado emitido en la noche del viernes por el Ministerio de Vivienda detalla el impacto en infraestructura: más de 12.000 viviendas destruidas, más de 75.000 averiadas y más de 170 edificios colapsados, además de decenas de colegios y centros de salud con daños. Cifras que la cartera describe como “reportes consolidados parciales”, mientras continúa la evaluación en terreno.
Detrás de esos números hay una tarea que apenas empieza a dimensionarse. La inversión que exigirá reconstruir vivienda urbana y rural, reponer el mobiliario urbano destruido y levantar de nuevo hospitales y colegios, entre otros frentes, es de un tamaño que, coinciden los expertos consultados para esta nota, debería ocupar un capítulo propio dentro del plan de desarrollo que el Gobierno aún no ha presentado.
El Gobierno dio el primer paso al presentar el llamado ‘Plan Milagro de Reconstrucción’, que dirigirá la Presidencia en articulación con la UNGRD, el Ministerio de Vivienda, empresarios y entidades territoriales. Los recursos (públicos, privados y de cooperación)) se coordinarán a través del Fondo Milagro, creado específicamente para centralizar esa dispersión de ayudas que el plan tendrá que ordenar.
Por ejemplo, la ANDI reporta más de COP 50.700 millones recaudados entre empresas y aliados; China ofreció USD 1 millón y 15 millones de yuanes en insumos humanitarios; Estados Unidos comprometió USD 15,5 millones para la respuesta inicial; y Asocajas propuso habilitar hasta COP 90.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social de las cajas de compensación, a la espera del aval del Ministerio de Vivienda.
Lo que se anunció y lo que falta
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó las líneas de acción del ‘Plan Milagro’. El esquema tiene dos fases: una de reacción inmediata (subsidio de arriendo para quienes se quedaron sin techo, apoyo para el pago de servicios públicos y remoción de escombros con maquinaria del sector privado) y otra de reconstrucción propiamente dicha, bajo el concepto ‘Vivienda Milagro’, financiada con la estrategia ‘Todos Ponen’, que contempla recursos del Gobierno, cajas de compensación, entes territoriales y contrapartidas del sector empresarial y financiero.
Para el diagnóstico técnico, el Gobierno conformará el llamado ‘Batallón de Expertos’, profesionales inscritos por convocatoria nacional junto con los gremios, que estará encargado de clasificar cada edificación afectada en tres grupos: cuál se puede reparar, cuál necesita intervención estructural y cuál debe reconstruirse por completo. El comunicado del Ministerio de Vivienda fija además un horizonte de tiempo: las soluciones de vivienda nueva se entregarían entre 2027 y 2028.
Ese ejercicio se va a topar de frente con un problema que el terremoto del 10 de agosto destapó: buena parte del parque habitacional que se ha levantado en las ciudades colombianas es informal, es decir, se construyó sin licencia ni diseño de ingeniería, muchas veces por cuenta propia de las familias y, en muchos casos, sin mayores controles técnicos. Entre 2005 y 2018, según cifras de Camacol basadas en censos del DANE, una de cada tres viviendas construidas en el país (1,6 millones de 4,5 millones) fue de origen informal.
En el campo, el plan buscará alianzas con gremios de presencia territorial , entre ellos la Federación Nacional de Cafeteros, junto a productores de palma, cacao y el Banco Agrario. Aunque, como se verá más adelante, el sector cafetero llega a esta reconstrucción con un peso económico muy distinto al que tenía en 1999.
Entre otras medidas, el Gobierno ya definió alivios tributarios para las zonas afectadas como: un mes adicional para declarar y pagar la renta de personas naturales, alivio en la retención en la fuente de julio y suspensión de términos aduaneros hasta el 10 de septiembre.
Por su parte, la banca (agremiada en Asobancaria) anunció periodos de gracia de hasta 12 meses, protección del historial crediticio y suspensión de cobros jurídicos a los deudores damnificados. Una iniciativa similar anunció el Fondo Nacional del Ahorro.
Faltan, eso sí, medidas relacionadas a cómo se frena la inminente especulación con arriendos y materiales de construcción, y qué se hará para impulsar el tejido empresarial y la productividad con alivios tributarios y de nómina. Ahí es donde entra la experiencia de otras reconstrucciones.
Una mirada al pasado
Néstor Hoyos Figueroa, miembro del Colectivo Andino para el Estudio de Iniciativas para la Promoción de la Propiedad Horizontal, con más de 30 años de experiencia en la administración de conjuntos residenciales y residente de Pereira, insiste en que cualquier plan de reconstrucción debe arrancar por un registro único de damnificados que incluya a todos los afectados, sin importar estratos o nivel de afectación, “para que no se vayan a colar los mismos que siempre se cuelan en una calamidad”.
Hoyos recuerda que, en Popayán, en 1983, “hubo ayudas que se las robaron”, y que buena parte de los recursos terminó apoyando más al norte del Cauca que a la propia Popayán, pese a haber sido la zona más golpeada. De ahí la necesidad de tener una verificación sobre quién administrará los recursos esta vez.
Según cuenta Hoyos, en 1999 se usó la figura de un directorio ejecutivo para dirigir la reconstrucción. Pero advierte que, sea cual sea la figura empleada hoy, la sociedad civil y los propios afectados deben tener asiento en las decisiones (a través de cooperativas u organizaciones populares). Algo que, dice, no puede quedar solo en manos de un funcionario designado desde Bogotá.
De esa participación depende, por ejemplo, qué tipo de vivienda se construye y con qué equipamiento, de manera que la reconstrucción no se limite a reponer ladrillos, sino que ayude también a recomponer el tejido social de las comunidades afectadas.
Por estos días, mientras se piensa en cómo enfrentar esta reconstrucción, se ha mencionado insistentemente al Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), que lideró ese proceso tras el terremoto de 1999 y que hoy vuelve a citarse como referencia de lo que debería hacerse ahora.
En materia de vivienda, por ejemplo, el Forec aprobó 73.542 subsidios de reparación y 11.350 para reconstrucción (cada uno con montos de hasta COP 8 millones de esa época), mientras que otros 11.434 subsidios se destinaron a la reubicación de familias. Todo esto se ejecutó a través de 28 universidades, cooperativas y organizaciones cívicas que operaron como gerencias zonales en el territorio.
La Contraloría, en su momento, concluyó que el fondo “manejó con transparencia” los recursos y no detectó actos de corrupción en su gestión. Pero tras la reconstrucción, el manejo de los recursos no quedó libre de sospecha. Cabe recordar que la Fiscalía terminó encarcelando a tres directivos del Forec, entre ellos uno señalado por invertir COP 2.000 millones provenientes de recursos públicos en la reparación del Parque Nacional del Café, un establecimiento de origen gremial.
Precisamente, el sector cafetero tuvo un papel central en la reconstrucción del 99. En las zonas rurales, el Forec delegó la ejecución a la Federación Nacional de Cafeteros, que puso a disposición la infraestructura y la logística que ya tenía en el territorio, mientras que en las zonas urbanas se usó otro esquema, con universidades, cooperativas y ONG repartidas por municipio.
Ese modelo venía favorecido porque, hace 27 años, el café pesaba en la economía regional lo que hoy ya no pesa. Gonzalo Duque, ingeniero civil de la Universidad Nacional sede Manizales, señala que cuando ocurrió el terremoto del Quindío, la producción cafetera del país rondaba los seis millones de sacos y representaba el 9 % del PIB nacional; hoy, con el doble de producción, el café no llega al 1 %. También hay que tener en cuenta que la devastación del terremoto excede las fronteras del cultivo del café, llegando a Cali, una parte importante del Valle del Cauca y a Chocó, uno de los departamentos más pobres del país.
Controlar la especulación
En calamidades como esta, los precios de los arriendos y los materiales de construcción suelen dispararse por especulación en las zonas afectadas. Emilio Archila, quien fue superintendente de Industria y Comercio durante el terremoto de Armenia en 1999, ya enfrentó ese mismo problema entonces.
Para Archila, todo control de precios en situaciones excepcionales debería empezar por verificar cuánto costaban los arriendos, los materiales de construcción y los bienes esenciales el día antes del terremoto, y congelarlos ahí. Esa referencia evita que el Estado fije un precio arbitrario o intervenga en la libre competencia; solo impide que alguien aproveche la emergencia para cobrar más de lo que ya lo hacía.
Con los materiales de construcción, el control es más rápido porque el cemento y el ladrillo suelen venderse concentrados en pocos puntos de distribución, fáciles de vigilar. Con los arriendos, en cambio, la vigilancia es más difícil porque los contratos se firman uno a uno, entre particulares, de ahí que Archila insista en que la institucionalidad colombiana debe actuar rápido, antes de que los aumentos se produzcan.
Archila propone además que esa vigilancia no se quede en Bogotá: que la Superintendencia delegue facultades en los alcaldes para hacer control de pesas y medidas en terreno, de modo que no haya alteraciones en los medidores ni en las unidades con que se venden los materiales, y que ese trabajo se haga de la mano con la Fiscalía, porque aprovecharse de una emergencia para acaparar bienes puede constituir un delito.
Como referencia de que estas herramientas ya se han usado con éxito, Archila cita programas de vivienda gratuita implementados en el país, que lograron reunir a cementeras, productores de hierro y grandes constructoras bajo sistemas de contratación especiales, pensados justamente para evitar que la emergencia disparara los costos de la reconstrucción.
En materia de alivios a las empresas, Hoyos propone que el Gobierno asuma el 50 % de los aportes a seguridad social y parafiscales de los negocios con hasta 10 trabajadores, y el 25 % en los de mayor tamaño, además de ingresos solidarios para las familias damnificadas de los estratos 1, 2 y 3, destinados a arriendo o necesidades básicas.
El costo de todo esto
Los más de 90 segundos que duró el evento sísmico del 10 de agosto pueden costarle al país entre COP 19 y COP 38 billones, según cálculos preliminares.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, ubica ese rango entre el 1 % y el 2 % del PIB, y estima que cerca del 65 % del costo de la reconstrucción recaería sobre el presupuesto público, un 30 % vendría de cooperación internacional y un 5 % de donaciones privadas.
El problema, advierte Mejía, es que “este choque fiscal encuentra al Gobierno en una situación de gran fragilidad”, con un déficit cercano al 8 % del PIB. Por eso insiste en que la tragedia “refuerza la absoluta necesidad de un ajuste fiscal que permita recuperar unas finanzas públicas con capacidad para responder a choques internos y externos”. Un Estado con márgenes fiscales reducidos, dice Mejía, también tiene menos capacidad de reaccionar cuando el golpe ya ocurrió.
El docente Gonzalo Duque, de la Universidad Nacional Sede Manizales, cree que el costo de la reconstrucción podría equipararse al de una reforma tributaria “profunda”.
La oportunidad en la tragedia
No todo el panorama es sombrío: la reconstrucción, mal que bien, pondría a girar la rueda de la economía colombiana. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo señaló que la reconstrucción podría abarcar casi 400 localidades del país y que, si se financia con orden entre presupuesto público, cooperación internacional y sector privado, la demanda de materiales y de empleo directo e indirecto podría convertirse en un motor de crecimiento económico a partir del segundo semestre de 2026.
En la misma línea, Mejía reconoce que la reconstrucción “debería generar un impulso al PIB, principalmente a través de la construcción”, aunque advierte que, claramente, ese eventual crecimiento “no compensa la pérdida de vidas, bienestar y capital físico ocasionada por la tragedia”.
El viernes 14 de agosto debían empezar las Fiestas de la Cosecha en Pereira, la misma celebración que cada año llena de turistas los pueblos del Eje Cafetero. Este año no habrá fiestas. Hay, en cambio, un silencio que también se ha posado sobre Quibdó, sobre Cali, sobre Manizales; sobre cada municipio del occidente colombiano que todavía cuenta sus muertos. Esa desolación es lo que tendrá que resolver, tarde o temprano, cualquier plan de reconstrucción.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
